Por Pedro Soriano Mendiara.
Una de las diferencias más relevantes entre el primer y el segundo mandato de Donald Trump es que el grado de oposición interna al presidente dentro de su propio Partido Republicano es mucho menor ahora de lo que lo fue entre 2016 y 2020. Esto es fruto de una combinación de retiradas mitad voluntarias, mitad forzosas, unidas al uso agresivo, por parte de Trump y sus partidarios, de las primarias como instrumento para librarse de sus oponentes.
En este artículo examinaremos los cuatro potenciales focos de oposición “interna” republicana, en el bien entendido de que, con la excepción del último de ellos, la resistencia está siendo muy puntual y, en el mejor de los casos, discreta.
En el Ejecutivo federal, Trump se ha asegurado de llenar la Administración de personas que le deban su puesto exclusivamente a él y respecto de las que pueda contar con su lealtad personal, sin ataduras con el establishment republicano, como el secretario de Defensa, Hegseth, el de Sanidad, Robert Kennedy Jr., o el director y el subdirector del FBI, Patel y Bongino.
Trump mantiene la convicción de que su primer mandato fracasó en buena medida porque fue saboteado por los políticos tradicionales republicanos que llenaron su gabinete y está decidido a no cometer el mismo error en esta ocasión. Con pocas excepciones, como Marco Rubio —que por lo demás ha demostrado ser un hombre obediente—, las filas del Ejecutivo se han nombrado de lacayos presidenciales. Poca o ninguna oposición vamos a encontrar allí.
En el legislativo federal, como anticipábamos, Trump se ha esforzado —ya lo hizo durante su primera legislatura— por eliminar a cualquier congresista o senador que haya intentado mantener una línea de independencia respecto del presidente. La muerte de John McCain en 2018 y la retirada —antes de tener que sufrir una derrota ignominiosa en una primaria— de Mitt Romney en 2024 eliminaron los dos focos de oposición principales a Trump en el Senado (sus dos predecesores como candidatos presidenciales, por cierto), mientras que Trump ha conseguido, con un porcentaje de éxito muy elevado, eliminar del Congreso a los pocos republicanos que votaron a favor de su destitución en 2021.
Tensiones por la inmigración, Rusia y la economía
El resultado de todo ese proceso es un Congreso muy poco dispuesto a enfrentarse abiertamente con el presidente, lo cual no quiere decir que le obedezca. Pero la falta de una capacidad sostenida de atención por parte de Trump hace que los congresistas puedan “colarle” en las negociaciones del presupuesto federal —que se están produciendo en estos momentos— partidas que el presidente ha manifestado que no querría ver en su “big, beautiful bill“.
Hay tres terrenos en los que el legislativo puede acabar enfrentado a Trump, pero ello dependerá de que sus números de aprobación se deterioren bastante más de lo que lo están en estos momentos: por una parte, la agresiva política antiinmigrantes de Trump está generando quejas entre los congresistas hispanos republicanos, aunque todavía no hasta el punto de votar en contra de sus políticas.
En segundo lugar, el evidente posicionamiento prorruso del presidente en el conflicto con Ucrania le está generando ciertas tensiones con los elementos más tradicionalmente contrarios a Moscú dentro del Partido Republicano (que también coinciden con los republicanos menos trumpistas). Pero, una vez más, ningún político republicano está dispuesto a jugarse su carrera por Ucrania.
El tercer terreno que puede generar fisuras en la coalición republicana es la economía: el Banco Mundial ya ha indicado que las políticas arancelarias de Trump van a reducir a la mitad el crecimiento económico previsto para 2025, y no hay cosa que, de forma habitual, provoque que los congresistas y senadores más amenazados en las próximas elecciones busquen formas de separarse del presidente que una recesión.
La amenaza de perder unas primarias, insisto, es un temor superior en la inmensa mayoría de los políticos republicanos al temor de perder unas generales, por lo que las posibilidades de una ruptura con el presidente —que a día de hoy sigue teniendo el apoyo del 90% de los votantes republicanos— son muy escasas.
Todas estas consideraciones son igualmente aplicables al tercer potencial foco de oposición interna a Trump: los ejecutivos y legislativos estatales. El tratamiento aplicado por Trump al gobernador de Florida Ron DeSantis en 2024 cuando este tuvo la osadía de desafiarle en su campaña a la reelección demostró hasta qué punto el presidente, con su control de las bases republicanas, está en condiciones de poner en peligro la carrera política de cualquier político que se le opusiese (y es un hombre que no olvida un agravio: el Partido Republicano de Georgia está, en la actualidad, intentando conseguir, a instancias del presidente, que Brad Raffensperger, el secretario de Estado que se negó a apoyar su intento de fraude electoral en 2021, no pueda concurrir como republicano a futuras elecciones).
De un partido elitista e internacionalista a uno populista y personalista
El principal problema con el que se encuentra un político republicano, sea a nivel federal o estatal, es el hecho de que el partido con el que se criaron (elitista e internacionalista) ha sido sustituido por una organización populista, aislacionista y, sobre todo, muy personalista, en la que, por usar la famosa expresión popularizada por Alfonso Guerra, “el que se mueve no sale en la foto”. Cualquier dirigente republicano posterior a 2016 sabe que enfrentarse con el presidente supone un riesgo muy elevado de ver finalizada su carrera política. Y debido a la naturaleza de Trump, que exige un vasallaje constante, es muy difícil mantenerse “bajo el radar”, sin expresar apoyo por él.
Y llegamos al último grupo de oposición interna: la judicatura federal y, más concretamente, los jueces federales nombrados por Trump durante su primer mandato o por presidentes republicanos anteriores. Debido a los esfuerzos de la Sociedad Federalista desde los años 80, la gran mayoría de los magistrados nombrados por presidentes republicanos son conservadores (y, por ende, republicanos). Ahora bien, destituir a un juez federal es mucho más difícil para el presidente que liquidar vía primarias a un congresista o a un senador: exige dos tercios de los votos en el Senado, una mayoría de las que los republicanos ni disponen ni dispondrán, y ningún demócrata va a votar por ello.
Los jueces republicanos, por lo tanto, tienen, por así decirlo, una seguridad laboral de la que carecen los políticos republicanos. Cuestión distinta son las amenazas personales de los seguidores de Trump o el hecho, peligroso, de que la seguridad de los jueces depende del Ejecutivo, pero todavía no hemos llegado hasta ese punto, y confiemos en que los jueces no tengan que asumir el control de su propia seguridad, algo que ya se ha empezado a discutir.
Esa seguridad, en cualquier caso, les está permitiendo oponerse a varias de las medidas más extremas de la actual Administración: el ejemplo más llamativo, por supuesto, es la reciente decisión de esta de devolver de El Salvador a Kilmar Abrego García, al que se había deportado ilegalmente allí, aceptando el veredicto judicial al respecto (dictado por un juez federal cuya carrera empezó con un nombramiento de George W. Bush), pero los ejemplos de jueces federales nombrados por presidentes republicanos (incluido el propio Trump) que están bloqueando o retrasando los intentos de la Administración de subvertir la ley y la Constitución son abundantes (incluyendo jueces muy conservadores).
Y no solo eso, pues los jueces federales están haciendo algo muy inusual: no se están retirando. Tradicionalmente, cuando se produce un cambio en la Casa Blanca, muchos jueces aprovechan la ocasión para retirarse durante los primeros meses del nuevo mandatario, para darle a este amplio tiempo para poder elegir a su sucesor. Este gráfico con las vacantes judiciales federales entre el 1 de enero y el 1 de junio del primer año de un nuevo mandato presidencial, elaborado por Derek T. Muller, profesor en la Universidad de Notre Dame, resulta verdaderamente llamativo por dos motivos: por la estampida de jueces que se produjo tras el intento de golpe de estado de Trump en 2021 y la toma de posesión de Biden y, por el contrario, por el escasísimo número de jueces que se está retirando ahora.
Es evidente que los jueces federales republicanos, incluidos muchos que podrían retirarse estatutariamente con toda su pensión pero prefieren no hacerlo, tienen poco apetito por ser sustituidos por un presidente con tan poco apego por el Estado de derecho (y que está proponiendo a sus propios abogados como jueces federales). Y es allí, como digo, donde se concentra la resistencia republicana: en los jueces conservadores que, pese a serlo, ponen a la Constitución por encima de la lealtad al presidente.
Publicado en Agenda Pública el 24 de julio de 2025.
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