Salus populi máxima lex esto es un concepto fundante del derecho romano. Se interpreta como la obligación de hacer primar el interés general en toda decisión de gobierno; pero también de manera más literal, como que la salud es el bien público por excelencia.
La frase toma toda su plenitud para la novel resolución impulsada por el MINISTERIO DE DESREGULACIÓN DE LA NACIÓN, que modifica la registración de patentes farmacéuticas, encarando uno de los problemas del país históricamente más graves, atravesado por intereses espurios contrarios a la salud pública, en todo su sentido.
El primero en enfrentarlo fue ARTURO ILLIA, que promovió la ley OÑATIVIA (así llamada por su ministro de salud). La norma reguló la actividad de los laboratorios farmacéuticos, que imponía sobrecostos escandalosos, al amparo de un mercado de salud librado a su suerte. La reacción del lobby fue tan virulenta, que según muchos devino en uno de los principales impulsores del infausto golpe de 1966. Bueno recordarlo, y no olvidar: luego de la violación institucional, el intento de ILLIA volvió a fojas cero, constatando la causalidad cobardemente negada por muchos.
Saltamos en el tiempo y vamos a la presidencia de MAURICIO MACRI. Mismo problema; esta vez la víctima era el PAMI, ni más ni menos que los jubilados. Mismo enriquecimiento injustificable, orquestado a través de un sistema de intermediación absurda, que aseguraba poca transparencia y ninguna licitación. Se encaró con una solución de mercado: licitaciones e intervención de la autoridad de defensa de la competencia; terminó con una baja sustancial de los precios, uno de los mayores logros en el campo de salud de aquel gobierno.
Dicen que la historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa. En este caso siguió siendo una tragedia para ARGENTINA: los dos intentos significaron un paso para adelante, pero dos hacia atrás ante el cambio de gobierno (uno inconstitucional, valga insistir con la aclaración). Para que quede claro, suficiente con repasar los apoyos y aportes de campaña, al menos en el último caso, para caer en la cuenta de las causalidades ya aludidas.
Llegamos a la reciente resolución. Promueve normativamente algo simple pero potente para dejar al desnudo el privilegio: se facilita la inscripción de patentes farmacéuticas en el país, liberándola del laberinto burocrático que estos últimos años aseguró la supervivencia de un oligopolio tan penoso como impresentable. Una casta, con todas las letras.
Por supuesto que es solo el comienzo y queda esperar su implementación, que asegure su eficacia. También que no siente las bases para crear un nuevo oligopolio a favor de otros pícaros arribistas; que realmente se cree un mercado en el que compitan los que sean capaces de crear y comerciar los mejores medicamentos de todo el mundo para los argentinos.
La resistencia existe y las mañas no desaparecen. Bad habits die hard… Por lo pronto, toca celebrar un acto de decisión y valentía, que una vez más enfrenta uno de los oligopolios que más daño ha hecho en la historia argentina contemporánea, sin exagerar ni un poco. Salus populi máxima lex est. La salud del pueblo argentino debe ser la ley máxima (y no la de unos pocos vivos, los de siempre).
