Por Divergentes.
El secretismo sobre la salud de Daniel Ortega contrasta con la transparencia que practican democracias estables al informar la situación médica sobre sus mandatarios. Te explicamos por qué conocer el estado físico y mental de un gobernante es clave para la estabilidad institucional, la confianza ciudadana y la seguridad jurídica del país.
Daniel Ortega no es la primera vez que desaparece del radar público. El copresidente de Nicaragua ya no asiste a actos oficiales con regularidad y, cuando lo hace, genera más preocupación que confianza. El pasado 19 de julio, durante el 46 aniversario del triunfo sandinista— se le vio pálido, más delgado, con la mirada perdida y dificultades para hablar. Su discurso fue más incoherente de lo habitual, y muchos lo atribuyen a una supuesta condición de salud: lupus. Días después, apareció en el acto central en conmemoración del 71° aniversario del natalicio de Hugo Chávez, al que calificó de “santo” al ya fallecido expresidente de Venezuela, y en el acto de conmemoración de la fundación de la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea del Ejército, donde mostró un semblante similar.
A sus 80 años, Ortega parece estar despidiéndose con frases como “todos somos Daniel”, mientras el régimen sigue manejando su estado de salud con total hermetismo. Aunque Nicaragua no cuenta con una ley que obligue a informar si el presidente está enfermo o incapacitado, te explicamos ¿por qué su salud no es solo un asunto privado, sino un tema de interés público y de estabilidad institucional? y ¿qué hacen otras democracias cuando su jefe de Estado atraviesa una crisis médica?
En Nicaragua no existe ninguna ley que obligue al Gobierno a informar sobre el estado de salud del presidente de la República. La Constitución Política, recién reformada, guarda silencio al respecto, y la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley N° 621) no contempla disposiciones sobre asuntos personales de altos funcionarios, como su condición médica.
Las obligaciones legales se limitan a la gestión institucional, no a la salud de Ortega. Esta falta de regulación adquiere especial relevancia en un sistema como el nicaragüense, donde el presidente concentra funciones clave: es jefe de Estado, Gobierno, del Ejército y de la Policía, y tiene la potestad de firmar leyes, decretos y tomar decisiones fundamentales.
El presidente concentra funciones esenciales del Estado
Al desaparecer Ortega de los actos oficiales, la cultura de secretismo ya conocida del régimen ha generado aún más incertidumbre y especulaciones que debilitan la poca confianza institucional en el país. Esto implica que si la salud del copresidente se viera comprometida, podría poner en riesgo la continuidad y estabilidad de las funciones del Estado. Aunque con la nueva reforma constitucional se otorgaron ciertas asignaciones a la figura de la copresidenta, Rosario Murillo, estas no abarcan todas las atribuciones del cargo, y es sabido que no goza de respaldo en las bases del sandinismo.
Yader Morazán, abogado penalista y crítico del régimen de Ortega y Murillo, enfatiza que a raíz de la reforma a la Constitución Política a inicio de este año, existe una centralización absoluta del poder de la Presidencia.
Esto significa que “subordinaron los antiguos Poderes del Estado a órganos alineados al Ejecutivo, eliminando contrapesos institucionales y mecanismo legítimos de sucesión”. Pero, según el opositor, estas reformas fueron diseñadas aparentemente para adecuar el marco legal a las condiciones de edad y salud de Ortega.
Alega que el Gobierno de Ortega eliminó las disposiciones de la Constitución de 1987 (reformada en 2014), que en su artículo 149, donde se regulaba la “ausencia definitiva” del presidente por muerte, renuncia o incapacidad permanente, asignando al vicepresidente la sucesión hasta el fin del período y, en su ausencia, al presidente de la Asamblea Nacional.
“La Constitución de 2025 reemplaza este término por ‘falta definitiva’ (artículo 124), asignando funciones interinas al presidente de la Asamblea Nacional y reduciendo el plazo electoral a 60 días, pero suprime procedimientos claros para determinar la incapacidad y elimina las responsabilidades y compromisos por ausencias temporales o permisos del presidente”, menciona Morazán.
La salud de un jefe de Estado es un asunto público, no privado
Cuando Ortega fue electo presidente, su salud podría considerarse un dato personal. Sin embargo, tratándose de quien concentra únicamente el poder del Estado, su condición física o mental deja de ser un asunto estrictamente privado. Esto implica, que existe un interés colectivo legítimo — a nivel nacional e internacional— en saber si está en condiciones de ejercer el cargo, una preocupación que también alcanza a sus simpatizantes y a las propias bases del sandinismo, en la que ya se han generado tensiones por la sucesión del mandatario.
A juicio del opositor y abogado, Eliseo Núñez, el “régimen Ortega-Murillo ha entrado en una fase de sucesión dinástica que ya no se disimula. La pareja presidencial prepara a sus hijos para asumir el poder, mientras Rosario Murillo se consolida como la gran arquitecta del sistema”, tratando de evitar el ejemplo de Venezuela con el fallecido Hugo Chávez, cuyo prolongado silencio sobre su estado de salud desató un caos institucional.
“La falta de popularidad de la copresidenta Rosario Murillo, autodesignada en el cargo y sin el liderazgo histórico de Ortega, combinada con la eliminación de cuadros intermedios con carisma dentro del oficialismo y de figuras presidenciales de la oposición, agrava el riesgo de un caos institucional”, dice Morazán, quien pone de ejemplo el caso de Cuba con Fidel Castro.
El abogado desnacionalizado por el régimen expresa que: “A diferencia de Fidel Castro, quien a los 81 años transfirió el poder a su hermano Raúl en 2008, Ortega no cuenta con una figura comparable para una transición, y la ausencia de liderazgos alternativos, tanto dentro como fuera del régimen, deja al país sin opciones viables para una sucesión ordenada, legítima y medianamente aceptable para sus propia base”.
Menos rumores, más confianza: la importancia de rendir cuentas sobre la salud del presidente
Otro factor de interés al conocer la salud del presidente —en este caso, del dictador Daniel Ortega— es que el vacío de información oficial alimenta teorías conspirativas, especulación en redes sociales y desconfianza ciudadana. Por eso, informar de forma clara y oportuna reduce el riesgo de manipulación y el miedo infundado entre los nacionales y la comunidad internacional, quienes ya han pedido transparencia a Ortega.
“Institucionalmente, esta centralización, la falta de mecanismos claros para gestionar la incapacidad presidencial y la supresión de figuras políticas relevantes podrían precipitar una crisis de gobernabilidad, ya que la soberanía del pueblo se ejerce exclusivamente a través de la Presidencia (artículo 2), y la ausencia de contrapesos (artículo. 118)”, afirma Morazán, situación que hace al sistema vulnerable ante cualquier interrupción en el liderazgo de Ortega, aumentando la probabilidad de inestabilidad política y social.
A pesar de este escenario, la dictadura de Ortega y Murillo ha optado por el secretismo, demostrando un nulo compromiso con la ciudadanía y con los principios democráticos de transparencia. La rendición de cuentas, recuerda Morazán.
Esta falta de transparencia no solo deteriora la confianza interna, sino que también afecta negativamente a los mercados financieros, las relaciones diplomáticas y la inversión extranjera. Sectores que, ante la incertidumbre sobre la salud de Ortega, podrían alejarse aún más. Esta opacidad debilita la imagen del país y la estabilidad que el Gobierno intenta proyectar, señala Manuel, un empresario del sector textil consultado por DIVERGENTES, quien solicitó el anonimato.
¿Qué presidentes rinden cuentas sobre su salud?
En países como Estados Unidos, aunque no existe una ley que obligue a divulgar la condición de salud del presidente, se ha establecido una práctica institucional de hacerlo público, reforzada por la presión de los medios de comunicación y la relevancia política de la figura presidencial. Por ejemplo, en 2021, el presidente Joe Biden se sometió a un chequeo médico rutinario, durante el cual transfirió temporalmente el poder a la vicepresidenta Kamala Harris conforme a la 25ª Enmienda.
Más recientemente, tras especulaciones sobre el estado de salud del actual presidente Donald Trump, la Casa Blanca informó que padece una enfermedad venosa crónica. Según la vocera Karoline Leavitt, se le practicó un “examen integral” y explicó que la marca en su mano —captada por medios de comunicación— se debía a un “daño en los tejidos causado por frecuentes apretones de manos” mientras tomaba aspirina, como parte de un tratamiento preventivo cardiovascular.
En América Latina también existen antecedentes de divulgación médica oficial en torno a los presidentes. En Colombia, tras rumores sobre la salud mental del presidente Gustavo Petro y su supuesto uso de medicamentos, la Presidencia publicó en 2023 un informe médico. En febrero de 2024, emitió un comunicado desmintiendo nuevas especulaciones: “El presidente Gustavo Petro Urrego se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones y cumpliendo con su agenda institucional desde la Casa de Nariño”, aclaró el escrito, calificando los rumores como “versiones infundadas que circulan en algunos espacios”.
Situación similar ocurre en Chile, donde, aunque tampoco existe una ley que obligue a informar sobre la salud del presidente, se ha informado sobre procedimientos médicos y ausencias. En 2022, siendo aún candidato, Gabriel Boric comunicó a través de su cuenta de X que había dado positivo a una prueba de COVID-19. En noviembre de 2023, ya como presidente, también hizo público que recibe terapia psicológica: “Disculpen el retraso, me vine corriendo. Me recomiendan siempre que no diga esto, pero creo que hay que decirlo: estaba en terapia. Creo que hay que cuidar la salud mental, es importante decirlo”, dijo durante un evento.
A diferencia de estos países, en contextos autoritarios como Venezuela o Cuba la divulgación sobre la salud de sus mandatarios ha sido prácticamente inexistente. En el caso del expresidente Hugo Chávez, su enfermedad se mantuvo en secreto durante meses antes de su fallecimiento en Cuba. Lo mismo ocurrió con Fidel Castro, cuyos problemas de salud fueron ocultados durante años. Morazán recuerda que la transferencia de poder a Raúl Castro se realizó sin información oficial clara sobre la gravedad del estado de salud del líder. Dinámicas similares se observan en países como China o Rusia.
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