Hace algunos días el gobierno del Reino Unido publicó su decisión de prohibir las redes sociales para menores de 16 años y, más allá de las posibles dificultades en la implementación, es interesante analizar cómo fue el proceso de toma de decisión.
Primero lanzaron una consulta nacional que fue respondida por más de 116.000 personas: 54.000 padres, 14.000 chicos, organizaciones sociales, asociaciones docentes, profesionales de la salud, fuerzas de seguridad, representantes de la industria, académicos y miembros del Parlamento. El resultado fue contundente: la mayoría, incluidos 9 de cada 10 padres, está a favor de prohibir el uso de redes sociales para menores de 16 años.
Primera novedad desde la perspectiva de la joven democracia argentina: la decisión pública fue precedida por una consulta nacional con los propios destinatarios de la medida. No sé si tenemos algún precedente parecido. Lo más cercano quizás sea la consulta popular sobre el Acuerdo del Beagle en 1984, cuando Raúl Alfonsín sometió a votación un acuerdo de paz con Chile. El sí obtuvo más del 81% de los votos. La participación, aunque fue voluntaria, superó el 70%. Cuarenta años después, el ejercicio democrático de preguntar antes de decidir sigue siendo una excepción.
Pero volviendo a la decisión del Reino Unido, Liz Kendall, Secretaria de Estado de Ciencia, Innovación y Tecnología, escribió: “Las redes sociales dañan la salud mental de los chicos, su descanso, su capacidad de concentración y su autoestima. En los casos más graves, los exponen a autolesiones, captación con fines abusivos y abuso sexual infantil. Las empresas tecnológicas tuvieron oportunidades de corregirlo. No actuaron. El Estado decidió intervenir”.
Acá viene lo segundo que me pareció interesante y es el cambio en el enfoque del problema:
Durante suficiente tiempo el debate sobre adolescentes y pantallas estuvo dominado por el miedo a los efectos: violencia, aislamiento, salud mental deteriorada. Después del éxito de la serie Adolescencia ese clima se volvió todavía más intenso y acá me publicaron unas ideas sobre esto.
Con ideas como la de Reino Unido, y antes Australia, el foco principal pasa del comportamiento de los adolescentes y sus familias al diseño de los entornos digitales.
No se pregunta qué hacen los chicos con las plataformas. Pregunta qué hacen las plataformas con los chicos. Y responde: las redes sociales son sistemas construidos para maximizar la permanencia, la interacción y el retorno constante. Un ejemplo de estos días que miramos en familia los partidos del Mundial: los chicos no pueden apostar, sin embargo, basta mirar cualquier publicidad para entender que está diseñada para atraer en especial la atención de los espectadores más jóvenes: influencers, estética de videojuego, estímulo permanente.
Es decir: no alcanza con declarar una edad mínima si toda la arquitectura del producto está orientada a atraer a quienes todavía no tienen capacidades desarrolladas para resistir esos estímulos.
La norma lo que hace es prohibir a las plataformas ofrecer sus servicios a menores de 16, bloquear las transmisiones en vivo entre desconocidos y menores, entre otras medidas. El modelo que citan es el de Australia, que ya dio ese paso, y el mecanismo de verificación de edad quedará en manos del regulador Ofcom.
Con respecto a la experiencia de Australia, ya se publicaron novedades no tan auspiciosas. En un artículo de la periodista Victoria Kim (en The New York Times) dice: “Tras seis meses, muchos adolescentes ya han vuelto a las plataformas a las que se les había prohibido el acceso”.
Siete de cada diez padres cuyos hijos ya tenían cuentas en redes sociales reconocen que los adolescentes las siguen usando. Los chicos encontraron la vuelta rápido: fecha de nacimiento falsa, cuenta del hermano mayor, bigote dibujado para engañar al reconocimiento facial. Pero aún así hay algo que sí parece estar cambiando: los padres con hijos más chicos, los que todavía no habían entrado a las redes, empezaron a tomar decisiones colectivas. Ya no son la familia rara que dice que no. La ley les dio buenos argumentos y habilitó una conversación que se sigue construyendo entre las familias, en los chats. Eso también es un efecto de estas decisiones políticas.
En Argentina, mientras tanto, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal. Esta ley, sancionada en 2021, obliga a identificar con octógonos negros los productos con exceso de sodio, grasas, azúcar y calorías. No es una restricción: es información. Y aun así, hay un gobierno que prefiere quitarla. En el mismo período, se flexibilizó la venta de cigarrillos electrónicos y otros productos de tabaco.
El patrón es coherente. Hay una forma de entender el rol del Estado que confía en el mercado para ordenar las decisiones individuales y ve en cada regulación un exceso. Con esa lógica, el Estado no debería decirle a una empresa qué puede ofrecer ni a un adulto qué puede comprar. La libertad como valor central termina siendo, en la práctica, libertad de las empresas para operar sin restricciones.
No hay garantía de que la prohibición que acaba de anunciar el Reino Unido funcione. La evidencia sobre el impacto de las redes en los adolescentes es mucho más matizada de lo que el debate público suele reflejar. Pero la pregunta política que me parece más significativa no es si regular o no, es tener en claro a quién elegimos proteger primero y a quiénes estamos dejando sin ninguna protección.
