El gobierno nacional dio a conocer los resultados preliminares de las pruebas Aprender 2024. Esta evaluación, realizada sobre una muestra de unos 90 mil estudiantes de 3 grado todo el país, mide las habilidades lectoras de los alumnos de ese primer ciclo. Los resultados nos muestran un panorama decepcionante, que no por conocido es menos preocupante.
Dos datos se destacan. El más impactante es que más de la mitad (55%) de los estudiantes no alcanza el nivel de comprensión lectora esperado para su edad.
Este fracaso se acompaña de una diferencia muy significativa en las habilidades de lectura entre niños matriculados en la escuela pública y en la privada. Dado que el principal determinante de la elección de una u otro tipo de escuela es el ingreso familiar, otra manera de decir lo mismo es que el rendimiento de los alumnos de hogares acomodados es significativamente más alto que el de los hogares pobres. La brecha social, en vez de atenuarse, se acrecienta.
Dentro de un panorama que no invita al optimismo, aparece una sorpresa. Formosa está a la vanguardia de la educación argentina. El 63,6% de sus alumnos obtuvo una calificación buena o muy buena en comprensión lectora. Formosa supera a Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en evaluaciones anteriores ocupaban los primeros puestos. En cuarto lugar se ubica Santiago del Estero.
A primera vista, los resultados de Formosa y, en menor medida, de Santiago del Estero obligan a hacerse preguntas. Estos distritos no se habían destacado en ediciones anteriores de la prueba Aprender, en los que ocupaban la parte inferior y el medio de la tabla, respectivamente.
Sobre todo, no anticipaban la revolución educativa formoseña de 2024. Hay, sí, un antecedente llamativo: en la evaluación de matemáticas de Aprender 2023, Formosa reportó más alumnos “avanzados” entre los hogares pobres (22,6%) que entre los de altos ingresos (16,2%). En Formosa, parece, la pobreza, más que un impedimento, es una ventaja para el progreso educativo. El mundo al revés.
Es difícil explicar estos resultados. Para enfocar la discusión conviene recordar que, de acuerdo al Indice de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD, en 2022 Formosa es, después de Chaco, la provincia más pobre de nuestro país. Este índice es relevante porque toma en cuenta, además de ingresos, otros indicadores referidos a las competencias y recursos culturales de los hogares, muy importantes para predecir el rendimiento escolar. Salvo en Formosa.
Agreguemos que los docentes formoseños perciben salarios que se hallan entre los más bajos del país. Y que, gobernada por una misma fuerza política desde hace más de tres décadas, su sistema educativo no ha experimentado transformaciones de importancia que ayuden a explicar sus logros educativos recientes.
Todos estos elementos, sumados, invitan a la sospecha. Una sospecha que se despliega contra el telón de fondo de un país en el que la clase dirigente carece de un sólido consenso en torno a la necesidad de colocar la recolección y tratamiento de la información estadística por encima de las disputas políticas.
En las últimas dos décadas se han producido varios casos graves de manipulación de la información pública. El más conocido es el que tuvo por principal protagonista a Guillermo Moreno, responsable de la falsificación de los datos de inflación del INDEC durante los años 2007-15. La adulteración sistemática de la información producida por el INDEC produjo daños inmensos.
También se registraron anomalías en el Censo Nacional 2010, particularmente llamativas en el municipio de La Matanza. La alteración de los datos de población le permitió al distrito entonces gobernado por Fernando Espinoza reclamar un incremento de los recursos coparticipables, en perjuicio de los demás municipios bonaerenses. Además, trabajar con datos falseados introdujo un factor de perturbación en varios campos de la política pública, que también redundaron en ineficiencias y perjuicios.
La adulteración de información, además de un delito, constituye una señal de indiferencia hacia el uso cuidadoso de los recursos públicos. Revela, también, una arraigada desconfianza en las capacidades de la política pública para mejorar la calidad de vida de la población.
En definitiva, saca a la luz una verdad muy profunda sobre el significado del poder y los objetivos de la elite gobernante: “me importa más que los votantes crean que la inflación está controlada o que sus hijos reciben una educación de calidad que trabajar para resolver los problemas de la ciudadanía”.
¿Hay que sumar a las pruebas Aprender de Formosa 2024 a la lista de pequeñas o grandes infamias de nuestra estadística pública? Es demasiado temprano para afirmarlo, porque sólo contamos con información que revela un panorama inquietante pero todavía preliminar. Por lo pronto, es lamentable que estemos ante otro caso en el que aquellos sectores de la dirigencia política que se llenan la boca hablando del “Estado presente” nuevamente aparezcan sospechados de manipular resultados y, por tanto, terminen socavando aquella noble causa que dicen abrazar.
Las pruebas Aprender proveen información valiosa para detectar problemas y volver más eficaz la política educativa. No hay mejora posible sin evaluación. Es por ello que, si queremos una política pública más ambiciosa y, más en general, un Estado con mayores capacidades a la vez que más legítimo, estas anomalías deben ser explicadas. El clima político, tan hostil para la defensa del Estado como agente promotor de bienestar, impone tomarse esta tarea con seriedad.
Ojalá suceda pronto, y ojalá toda la clase dirigente entienda que se trata de una cuestión que debe ser colocada por encima de las divisiones propias de la lucha partidaria y acompañe este reclamo.
Publicado en Clarín el 12 de mayo de 2025.
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