El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso un proyecto de ley de ampliación presupuestaria del presupuesto 2019 bajo la condición de un rápido tratamiento. Todavía no envió el presupuesto de este año, y mandó una ampliación del presupuesto diseñado en 2018. Otro innecesario hecho anormal a un marco ya atravesado por el signo de la excepción y la incertidumbre.
Mientras en el mundo y en distintos países se realizan esfuerzos significativos para clarificar y prever escenarios futuros, para diseñar una hoja de ruta lo más precisa posible con el objetivo de dejar atrás cuanto antes la crisis, el gobierno argentino confeccionó un proyecto sin plan. Contrario a lo que indican las buenas prácticas presupuestarias, los supuestos no están explícitos, se tienen que deducir.
La confección del proyecto esconde definiciones y desnuda improvisación y una lógica de parches a partir de un diseño de gestión que concibe al Estado como una serie de compartimentos estancos, y para ellos proyecta necesidades presupuestarias. Esto se hace explícito en cuanto el proyecto carece de precisiones mínimas para establecer pautas y prioridades en cuanto a recursos y gastos. No contiene definiciones de política económica ni de escenarios fiscales. No explicita ni objetivos, ni metas, ni planes. Por ejemplo: no tiene estimaciones de escenarios inflacionarios, ni de nivel de actividad, ni de movimientos en materia cambiaria. De ese modo, es imposible evaluar si tal o cual partida presupuestaria resulta razonable.
Tampoco es explícita y clara la política tarifaria y de subsidios relacionados con la energía para los próximo meses, lo que resulta preocupante en un rumbo que parece de improvisación y que de continuar acentuará la injusticia relativa que perjudica a los que menos tienen, ya que a la larga otorga subsidios sin discriminar niveles de ingresos. Dicho en criollo: las familias que tienen pileta climatizada en un barrio privado también van a recibir subsidio.
Otro signo característico de la presentación presupuestaria es el de la discrecionalidad. Queda evidenciado en dos rubros: provincias y universidades. Las provincias están viviendo una situación fiscal crítica, con una fuerte disminución de la recaudación propia y de lo que le corresponde por impuestos nacionales coparticipables. Hoy son mucho más dependientes del estado nacional. En lugar de establecer pautas claras y criterios equitativos para asignación de recursos a las provincias, el gobierno se reserva la discrecionalidad de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del uso del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (queda explícito que el 60% de los fondos van a ser discrecionales). No hay definiciones sobre la coparticipación de impuestos.
En lo relativo a las universidades, por ejemplo, se reconoce un virtual ajuste y se manifiesta una arbitrariedad. El ajuste viene dado por el monto global que se prevé. Parte de una base presupuestaria de inicios del 2019 que no incluye los movimientos paritarios pasados ni el crédito presupuestario necesario para las paritarias que se acuerden durante el transcurso de este año. Es decir: el presupuesto no cubre la paritaria. La arbitrariedad viene dada porque se eleva un monto global y no se realiza una aclaración de lo que se asigna a cada universidad, lo que implica que, por primera vez, el Congreso delegaría en el ejecutivo la facultad de distribuir el presupuesto universitario con criterios acordados. Esto lesiona la autonomía universitaria, y sienta un precedente innecesario y preocupante.
