Las instituciones y reglas que enmarcan la relación de trabajo están urgidas de reformas que las pongan en sintonía con las transformaciones que se producen (día a día) en el mundo de la producción y del comercio, de la mano de las nuevas tecnologías y de la configuración de los intercambios internacionales.
Otro tanto sucede con las relaciones sindicales; vale decir, aquellas que encauzan la organización de los trabajadores y las acciones que ellos despliegan en defensa de su dignidad y a través de las cuales procuran el mejoramiento de las condiciones de trabajo.
Este panorama se complementa, en primer lugar, con la crítica situación por la que atraviesan las obras sociales sindicales o, lo que es lo mismo, los servicios de salud a los que tienen acceso los trabajadores. Y, por último, con la consolación de un enorme segmento en el que se desenvuelven los trabajadores no registrados.
¿Cuál es la respuesta de los principales actores sociales frente a esta crítica situación?
El gobierno Milei
Si miramos por el lado del Gobierno Nacional veremos que hay una ofensiva -guiada por las grandes y medianas empresas- para rebajar derechos en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo.
Forma parte de esta ofensiva un conjunto de medidas orientadas a reforzar el poder de dirección de las empresas y, en paralelo, reducir drásticamente los contrapoderes1 que la Constitución (reformada en 1957 y 1994), los Tratados Internacionales y una larga tradición de conflictos y pactos de estirpe socialdemócrata o corporativa, garantizan a los trabajadores y a sus organizaciones.
La ofensiva estatal del primer año del mandato Milei tiene una particularidad, inédita en los 40 años de democracia: concita el apoyo de vastos sectores de la prensa y de la opinión pública cansada de huelgas y conflictos de larga duración y que se llevan adelante sin preavisos y sin respetar los servicios mínimos. Adviértase que este malestar cívico cunde pese a que la inmensa mayoría de los sindicatos agrupados en la CGT han mostrado comportamientos moderados, sobre todo cuando gobernaron Néstor, Cristina (Kirchner) y Alberto Fernández.
Mientras algunas ideas de Milei y sus socios en la coalición que gobierna han alcanzado rango legal, otras no logran emerger a raíz de la resistencia de los sindicatos oficiales2 y de la subterránea fortaleza del pacto no escrito que vincula a estas organizaciones con la gran patronal mercado internista.
Los sindicatos “oficiales”
La respuesta de la mayoría de los sindicatos adheridos a la Confederación General del Trabajo a la crisis económica del último kirchnerismo y a la ofensiva Milei osciló entre la tolerancia, la perplejidad, y los intentos dialoguistas y otras acciones defensivas de baja intensidad. Todas estas actitudes tuvieron un denominador común: su ineficacia para resolver los problemas de los trabajadores (pérdida del poder adquisitivo, desocupación, trabajo no registrados, degradación de las prestaciones de salud, congelamiento de condiciones laborales pactadas en 1975).
Es oportuno señalar que esta ineficacia fue más intensa en el norte del país -donde es habitual el ninguneo que practican los gobernadores provinciales- y menor en sectores muy especiales (transporte, bancos, agroalimentos exportables, encargados de edificios, hidrocarburos, entre otros).
Es posible afirmar, a estas alturas, que los sindicatos tradicionales perdieron la batalla contra la inflación, contra el trabajo no registrados y en favor del desarrollo territorial y la inclusión social. La misma derrota sufrieron las obras sociales sindicales y sus prestaciones solidarias de salud, turismo y ocio.
Como es notorio, en la CGT (transitoriamente unificada) coexisten trayectorias participacionistas (que anteponen el pacto a la resistencia anticapitalista), vandoristas (presionan para pactar), verticalistas (que frenan los reclamos cuando gobiernan el peronismo o sus sucedáneos) y radicales (que extreman la conflictividad sin mirar los daños que causan a usuarios y consumidores).
La acumulación de tantas “malas noticias” que perjudican a los trabajadores y a los cimientos del sistema de relaciones laborales y de seguridad sociales enunciado en la Constitución y en el Tratados Internacionales debería mover a la fuerzas sindicales a la reflexión, incluso a la autocrítica.
¿Qué puede suceder en el futuro inmediato?
A estas alturas las alternativas son diferentes a las conocidas en nuestro pasado (70 años de supervivencia -en muchos casos, exitosa- del modelo sindical y laboral peronista). Veamos algunas de ellas:
a) “Revolución”: triunfo del anarcocapitalismo (que, en su versión local es antiobrero y antisindical).
A mi modo de ver, el exterminio de los sindicatos autónomos y reivindicativos es una empresa anticonstitucional y peligrosa en tanto los sindicatos (del modelo OIT) son agentes de la paz social, a los que recurren las empresas y los gobiernos cuando las papas queman. Pero es además un empeño difícil que, en todo caso, requiere éxitos generalizados en materia de poder adquisitivo, empleo, negociación colectiva, salud, educación. Si los brotes verdes que están apareciendo en el atribulado panorama argentino no se consolidan, retornara el descontento y muchos volverán a golpear las puertas de los sindicatos.
b) “Reconstrucción” del modelo sindical y laboral ortodoxamente peronista.
Se trata de una opción que cabe descartar dada la magnitud de la crisis sindical, laboral y de las prestaciones de seguridad social y la notoria aversión de trabajadores y productores a un modelo reiterativo, opaco, insuficientemente democrático.
c) “Reforma”: que respete el marco constitucional y los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Aunque este camino pueda percibirse -hoy por hoy y a tenor del mapa político-cultural que Milei construye- como impracticable, pienso que hay espacios para un urgente debate teórico que explore los lineamientos y las bases de una reforma de esta índole.
Se trata, en mi particular opinión, de extender -a todos los ámbitos de la producción- la Libertad Sindical; de federalizar la organización de los trabajadores; de articular la negociación colectiva para recoger las particularidades regionales y las diferencias que son propias de la distinta magnitud de las empresas y otras unidades de producción, de encuadrar el derecho de huelga en la doctrina del Comité de Libertad de la OIT.
La construcción de este nuevo modelo argentino de relaciones laborales y sindicales y de seguridad social contará, muy probablemente, con la participación de expertos, intelectuales y académicos. Pero será, antes que nada, obra del accionar autónomo, democrático y federal de los trabajadores de la Argentina.
Publicado en Punto Uno el 25 de noviembre de 2024.
