La ONG Integridad Republicana, presidida por Carlos Negri e integrada, entre otros por Horacio Moavro, Osvaldo Perez Sanmartino, Marta Oyhanarte, Gracias Fernández Meijide, José Octavio Bordón, Alejandro Drucaroff, Alberto Garay, Fabio Quetglas y Luis Katz, expresí su “profunda preocupación por el retiro por parte del Poder Ejecutivo del pliego de la doctora María Verónica Michelli como postulante a jueza federal que se halla a consideración del Senado para su acuerdo” y afirmaron que actitudes somo esta por parte del gobierno no favorecen, entre otras cosas, las inversiones, dado que “no existe seguridad jurídica para garantizar los derechos de los ciudadanos”.
El comunicado completo señala:
“Integridad Republicana expresa su profunda preocupación por el retiro por parte del Poder Ejecutivo del pliego de la doctora María Verónica Michelli como postulante a jueza federal que se halla a consideración del Senado para su acuerdo.
Conforme a muy serias sospechas de las que dan cuenta las informaciones periodísticas, el motivo de ese inusual proceder sería el parentesco que une a la doctora Michelli con Hugo Alconada Mom, periodista del diario La Nación de larga trayectoria y reconocido prestigio por sus investigaciones independientes respecto de todos los gobiernos.
Si bien el retiro de pliegos ya enviados al Senado tiene antecedentes en casos de cambios de gobierno, en esta oportunidad la falta de fundamentación de esa decisión del presidente torna verosímil el motivo de una actitud persecutoria.
Si así fuera, se trataría de un hecho sumamente grave porque indicaría que el gobierno no prioriza en la selección de magistrados la probidad, el conocimiento, la imparcialidad y la independencia, sino otras condiciones poco compatibles con la defensa del sistema republicano. Sería, asimismo, un nuevo ataque al periodismo, mediante una acción más directa que la cotidiana distribución de insultos y agravios.
Actitudes de esta naturaleza no hacen más que profundizar el deterioro institucional de nuestro país. La República se asienta en último término en una justicia confiable y transparente, sin la cual no existe seguridad jurídica para garantizar los derechos de los ciudadanos y, entre otras cosas, favorecer las inversiones”.
