El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un nuevo proyecto de reforma electoral. No deja de ser una constante de la política argentina: casi todo gobierno que llega al poder intenta modificar las reglas electorales, incluso aquellas que le permitieron ganar la elección anterior.
Antes de analizar el contenido de la propuesta, una reflexión de carácter institucional. Las reglas de competencia democrática no deberían ser modificadas para la elección inmediata siguiente, sino para la subsiguiente. De modo de evitar que quienes ejercen el poder diseñen el sistema bajo el cual competirán en el corto plazo. Es casi inocente pensar en Argentina que el poder de turno no manipule las reglas a su conveniencia, pero también es responsabilidad de los partidos, la academia y los formadores de opinión reafirmar el hecho que cambiar las reglas de juego en cada elección debilita la institucionalidad democrática. Hubo proyectos impulsados por gobiernos anteriores que contaron, al menos, con instancias previas de diálogo y negociación entre las fuerzas con representación parlamentaria. No en este caso.
La iniciativa oficial incluye trece modificaciones. Entre las más relevantes se encuentran la eliminación de las elecciones primarias (PASO), el fin del financiamiento público de las campañas, una mayor flexibilización de los aportes privados, el endurecimiento de los requisitos para constituir y sostener partidos políticos y la eliminación del debate presidencial obligatorio.
La primera paradoja es evidente. Mientras se presenta como una reforma orientada a modernizar el sistema político, varias de sus medidas reducen la capacidad de intervención de los ciudadanos en la selección de candidatos y en la conformación de la oferta electoral. La eliminación de las primarias devuelve poder a las cúpulas partidarias y restringe los mecanismos de participación directa de la ciudadanía.
El contraste resulta particularmente llamativo si se considera que La Libertad Avanza llegó al gobierno precisamente cuestionando a la denominada “casta política”, con una estructura partidaria limitada y una fuerte apelación a los votantes por fuera de los aparatos tradicionales. Sin embargo, la reforma propuesta parece avanzar en sentido contrario: concentra decisiones en las dirigencias partidarias y reduce los espacios de competencia interna.
Además, la eliminación de las PASO desconoce una realidad cada vez más evidente en Argentina y en gran parte del mundo: los partidos ya no compiten de manera aislada, sino a través de coaliciones. Las primarias se han convertido en una herramienta para ordenar esas alianzas y permitir que distintas expresiones políticas compitan dentro de un mismo espacio. Sin ellas, la posibilidad de construir coaliciones amplias se reduce significativamente, ya que ningún partido cuenta con los recursos económicos y logísticos necesarios para organizar procesos competitivos por cuenta propia. Desde 2009 (cuando se aprobaron), y sin contar el 2011 cuando no había conocimiento ni experiencia para utilizarlas, las primarias fueron relevantes en 2 (2015 y 2023) de 3 elecciones nacionales (2023), y se utilizaron en gran cantidad de elecciones subnacionales de importancia -por ejemplo, Jefe de Gobierno de CABA 2023)-.
Otro aspecto preocupante es la eliminación del financiamiento público de las campañas. La tendencia internacional apunta, en general, a combinar aportes públicos y privados para garantizar mayor equidad y transparencia. La propuesta oficial, en cambio, profundiza la dependencia de los recursos privados en un contexto donde el gasto electoral se desplaza cada vez más hacia las plataformas digitales y las redes sociales, ámbitos particularmente difíciles de controlar y fiscalizar.
El argumento más popular para el gobierno resulta el del ahorro fiscal, que es realmente complejo de medir al no existir informes oficiales específicos sobre el costo de las primarias y/o elecciones generales. Pero tomemos, por ejemplo, este artículo del Diario La Voz de Córdoba (https://www.lavoz.com.ar/politica/cuesta-paso-va-mayor-cantidad-plata_0_WmiUjSQfPb.html) que estima que las primarias de 2023 costaron U$S100M (cien millones de dólares). Eso representa el 0,1% del presupuesto nacional para este año. Al realizarse primarias cada 2 años podríamos concluir que el costo anual de una primaria como la del 2023 es de aproximadamente el 0,05% del presupuesto del Estado nacional. Claro que aquella fue una campaña donde aún se imprimían miles de boletas por partidos; con la introducción de la boleta única el costo sería aún menos significante. Esto no implica dejar de reconocer mejoras que el sistema debiera considerar como la incorporación de más tecnología, la unificación de calendarios electorales, la elección posterior del vicepresidente en la fórmula u otras.
Por otro lado, el proyecto no incorpora mecanismos específicos para transparentar la publicidad política realizada a través de terceros en redes sociales, una de las principales fuentes de influencia electoral hoy. El resultado podría ser un sistema con menor capacidad de control y mayor opacidad sobre quién financia realmente las campañas.
En la misma dirección avanzan otras dos modificaciones: el aumento de los requisitos para obtener y conservar la personería de los partidos políticos y la eliminación del debate presidencial obligatorio. Ambas decisiones restringen la participación política y reducen las herramientas disponibles para que los ciudadanos puedan emitir un voto informado.
Toda reforma electoral debería perseguir dos objetivos centrales: ampliar la participación y fortalecer la transparencia. Es decir, otorgar más poder a los ciudadanos y menos influencia a los aparatos estatales, al dinero y a las grandes corporaciones tecnológicas que hoy intervienen de manera decisiva en la circulación de la información política. La incorporación de la boleta única en las últimas elecciones legislativas parecía avanzar en esa dirección. Sin embargo, la propuesta actualmente en discusión representa un grave retroceso.
Si aceptamos que una mayor competencia mejora la representación política, entonces las reformas que reducen la participación y limitan la oferta electoral difícilmente contribuyan a fortalecer la democracia. Por el contrario, pueden profundizar el descontento ciudadano que ya se expresa en niveles crecientes de ausentismo electoral, debilitando tanto la legitimidad de los gobiernos como la confianza en las instituciones democráticas.
Mientras la participación en elecciones presidenciales osciló durante 2 décadas en torno al 80%, en 2023 cayó al 74%, el registro más bajo desde la recuperación democrática. Las legislativas de 2025 profundizaron esa tendencia. Es en este contexto que sostenemos que cualquier reforma debería preguntarse cómo acercar más ciudadanos a las urnas y no cómo reducir las instancias de participación.
La democracia necesita más ciudadanos participando y más transparencia, nunca menos. En definitiva, más poder para la gente.
