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Opinión 23 01 2023

Por qué recibir a Maduro es el peor homenaje a 40 años de democracia en la Argentina


Autor: Luis Pico









Cuesta imaginar una imagen más triste, en la víspera de los 40 años de democracia, que la que representa abrirle las puertas de la Argentina al dictador Nicolás Maduro, para recibirlo con todos los honores, darle tribuna, un espacio en la foto como si se tratara de un presidente más, que viene a participar de una cumbre internacional en representación de un país normal.

El chavismo, ese movimiento que encabeza Maduro, encarcela, persigue, tortura y mata. Tiene cientos de presos políticos y miles de personas comunes con causas penales abiertas, sometidas a la permanente incertidumbre de no saber si mañana volverán a ser detenidos y llevados de vuelta a prisión por crímenes que muy probablemente no cometieron. A la mayoría se los acusa por delitos como terrorismo, instigación pública, asociación para delinquir o traición a la patria. Tuvieron mejor suerte que los que perdieron sus vidas, en medio de la represión, a plena luz del día. Fue lo que obtuvieron por denunciar una crisis que sometió a millones de personas al hambre, la pobreza, la muerte en hospitales públicos sin insumos, la falta de agua o luz en ciudades enteras durante días. Desde el poder no hubo otra respuesta para los que participaron de marchas, de asambleas en plazas o universidades, o escribieron en los diarios, hablaron desde una radio o simplemente publicaron un tuit.

Por hacer esas cosas que en democracia se dan por sentadas, a ellos y a sus familias las hicieron sufrir al límite máximo del horror. No estimo necesario detenerme en describir el calvario, baste con recordar, como dijo en su alegato el fiscal Julio César Strassera —hoy tan de moda— que “el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral”. Todo, además, de manera sistemática, para nada accidental. Que para eso están los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia, la policía y los militares y los paramilitares, los tribunales civiles y militares, los organismos encargados de legalizar la censura e imponer un relato oficial basado en un discurso de odio, de lucha de clases, de aplastar y levantar las armas si es necesario contra el que piense diferente. De ahí que Maduro y su cúpula sean investigados por la Corte Penal Internacional, que busca probar crímenes de lesa humanidad. Y de ahí, también, que exista el Informe Bachelet, y las sanciones económicas, y que alrededor de siete millones de personas (170.000 viven ahora en la Argentina) huyeran en masa. 

Maduro intenta en estos últimos meses dejar atrás su etapa de paria internacional, que conllevó a que no se lo invite a eventos ni cumbres como la que acogerá Buenos Aires de la Celac esta semana. Él mismo evita salir de Venezuela. Salvo países como Rusia, Irán, Qatar, Turquía o Cuba, los funcionarios chavistas se mantienen “presos” en sus propias fronteras. Y si salen de ellas procuran tener medido hasta el más ínfimo detalle. Por eso, hasta último momento, no sabremos si efectivamente vendrá.

De cualquier manera, aun si Maduro dejara plantados a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, su nombre ya sirvió para que los partidos políticos, la sociedad argentina democrática y la diáspora venezolana mostraran, sin titubeos, un repudio unísono no solo a Maduro, sino al modelo totalitario que en este país nadie compra. Y si decide venir no podrá caminar tranquilo ni pasearse sin que alguien probablemente lo insulte.

Tampoco es un detalle menor que una fotografía con Maduro es lo más parecido a un harakiri que puede hacerse el peronismo/kirchnerismo en este inicio del año electoral. Un autogol que será celebrado por el resto de las fuerzas políticas, tanto las democráticas como las antisistema, porque así de corrosivos son el chavismo y las dictaduras. No puede ser de otra manera, es el costo de celebrar a quienes encarnan todo por lo que acá se dijo Nunca Más.

Una exrepública

Maduro gobierna Venezuela desde 2013. Su antecesor, Hugo Chávez, reformó la Constitución y modificó el número de integrantes de la Corte Suprema, que pasó con el tiempo a estar compuesta únicamente por magistrados chavistas.

Esa misma Corte anuló las competencias del Congreso (Asamblea Nacional) en 2015, cuando la oposición pasó a controlarlo tras ganar las últimas elecciones reconocidas como limpias dentro y fuera del país.

En 2018 Maduro buscó su reelección sin que pudieran presentarse candidatos opositores, cuyos partidos políticos fueron en su mayoría intervenidos o ilegalizados por la Corte Suprema. Así, el resultado no fue reconocido por parte de la sociedad ni la comunidad internacional, que si bien no dudan que el poder es ejercido por la dictadura forzosamente, tampoco ignoran la ilegitimidad de quienes gobiernan.

El Congreso, renovado por el chavismo en 2020 en otras elecciones cuestionadas, no tiene apenas representación distinta a la del chavismo, por lo que prácticamente todas las instituciones permanecen cooptadas por un grupo vinculado, además, a crímenes de corrupción, narcotráfico y extracción ilegal de recursos como petróleo y oro.