Por Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat
Una de las singularidades de la política italiana en materia electoral es el contraste entre el sustancial inmovilismo respecto a la primera República (el régimen democristiano, 1948-1994) y las frecuentes reformas posteriores (la jerga periodística ha bautizado las distintas leyes con expresiones pseudolatinas en función de sus promotores o de otras circunstancias: Mattarellum 1994-2005, Porcellum 2005-2015, Italicum 2015-2017 y Rosatellum, vigente desde 2018) hasta la propuesta del Gobierno de Giorgia Meloni del 26 de febrero de 2026, ya denominada como Stabilicum por su pretensión de asegurar la estabilidad. La actual ley electoral (la impulsada por Ettore Rosato) es mixta: el 37% de los escaños (147 de la cámara baja y 74 del Senado) se eligen en circunscripciones uninominales y el 63% restante (245 diputados con reparto nacional y 122 senadores con reparto regional) mediante representación proporcional con listas cerradas y bloqueadas y diversas cláusulas de exclusión. Aunque en las encuestas las derechas mantienen la mayoría, con la ley actual la coalición de Gobierno podría verla peligrar, al menos en el Senado.
En 2022, la actual oposición se presentó dividida: el Partito Democratico (PD) y aliados; Movimento 5 Stelle (M5S), y los centristas de Matteo Renzi y Carlo Calenda, mientras que las derechas se unieron: Fratelli d’Italia (FdI), Lega, Forza Italia y Noi Moderati. De un lado, la Lega ha sufrido una escisión por su derecha (Roberto Vannacci, de simpatías fascistas y putinistas, ha creado su propio partido, Futuro Nazionale), y del otro, el PD, el M5S, Alleanza Verdi Sinistra (AVS) y una parte de los centristas están negociando una coalición. Esto podría dar paso a un escenario de práctico empate técnico, de ahí que Meloni haya optado por proponer ahora su reforma electoral para cohesionar y reforzar su mayoría y perjudicar a la oposición a fin de asegurar con las mínimas garantías un segundo mandato que evite riesgos. Todo ello en una situación de dificultades, ya que no ha cumplido gran parte de sus promesas electorales sobre impuestos, sanidad, pensiones, ayuda a las familias y externalizaciones masivas de inmigrantes irregulares.
Además de estos factores, hay otra razón política que explica las prisas de Meloni: el temor a perder el referéndum sobre la reforma de la justicia previsto para el 22 y 23 de marzo. No es lo mismo presentar ahora el proyecto de reforma electoral, antes del referéndum, que después: si lo ganara, no habría el menor problema, pero en caso de derrota (hay que recordar que esta es su primera gran reforma política), quedaría debilitada para presentar después el proyecto de cambio electoral. Por lo demás, el procedimiento requiere tiempo y, aunque el Gobierno quisiera que la Cámara de los Diputados aprobara el proyecto en julio y el Senado en octubre, el presidente de la República, Sergio Mattarella, ha recomendado no precipitarse en un asunto tan crucial.
Aunque el Gobierno Meloni pierda el referéndum, es muy poco probable que intente entonces ir a elecciones anticipadas —que, por cierto, es un asunto de competencia de Mattarella y no sería descartable que él optara por un Gobierno técnico— y en estos momentos la situación en los sondeos es de baja participación (42%) y de una eventual victoria del sí muy ajustada (51,2%) y con tendencia a retroceder. Hay más razones para casi descartar las elecciones anticipadas: agotar la legislatura de cinco años le daría mucho prestigio a Meloni porque es algo más bien infrecuente en la política italiana y, además, aunque sea muy prosaico a la vez que real, muchos parlamentarios querrán cumplir el mandato de los cinco años para asegurar sus ingresos complementarios hasta el fin de la legislatura (el requisito para las compensaciones íntegras al respecto es que haya durado al menos cuatro años y medio). La única ventaja para Meloni en un eventual adelanto electoral sería la de coger a contrapié al PD y al M5S, que están negociando con bastantes dificultades una coalición, y también la de perjudicar las expectativas de Vannacci (está sobre el 3%).
Qué gana Meloni y qué teme la oposición con el nuevo sistema
Por tanto, Fratelli d’Italia necesita reforzar aún más su posición y mantener la alianza con la Lega y FI, que temen verse perjudicados, si bien todos ellos mantienen hoy tesis distintas de las que defendieron en el pasado; por ejemplo, habían sido contrarios a las listas cerradas y bloqueadas. A la vez, PD y M5S se oponen a la reforma electoral de Meloni (la califican de legge truffa) por devaluar la representación y otorgar un desorbitado premio a la mayoría, por no dejar de mencionar que la rivalidad entre Elly Schlein y Giuseppe Conte por el liderazgo es alta.
Los argumentos de Meloni para justificar su proyecto son los de reflejar con la máxima claridad las mayorías parlamentarias, reforzar la gobernabilidad y asegurar la estabilidad, típicos pretextos para dejar las manos libres al Ejecutivo. La operación electoral de Meloni está vinculada a su gran proyecto, que es el de dar paso al Premierato, de tipo semiparlamentario, pero se trata de dos asuntos distintos, aunque entrelazados. De un lado, el precedente israelí fue desastroso —y rápidamente abandonado—, y de otro, en Italia requiere reforma constitucional y casi seguro referéndum. Es decir, se trata de un proyecto mucho más complejo que el de la reforma electoral, que no requiere de referéndum de validación, aunque en su caso podría ser sometido a uno de tipo abrogativo una vez en vigor. De hecho, el Premierato está congelado y, por cierto, no es muy compatible con la fórmula electoral de Meloni de listas cerradas y bloqueadas dado el carácter personal de la elección popular directa del presidente del Consiglio dei Ministri.
Cómo sería el ‘Stabilicum’: adiós a los uninominales y más control de las listas
La propuesta de Meloni parece un Porcellum (la porcata que reconoció el propio ministro liguista Roberto Calderoli) algo más presentable y recuerda bastante la de Renzi (el Italicum) aprobada en 2015, en vigor en 2016, pero inaplicada al ser reputada inconstitucional y ser sustituida por el Rosatellum en 2017. La fórmula Meloni elimina la cuota uninominal para optar íntegramente por la representación proporcional (con recuento nacional para los diputados y regional para los senadores), con premio de mayoría, listas cerradas y bloqueadas y cláusulas de exclusión del 3%. Al abolir las circunscripciones uninominales, se evitan complicadas negociaciones entre aliados para pactar las desistencias, a la vez que se evita el riesgo de que una posible unión de todas las oposiciones pudiera poner en peligro la mayoría de las derechas.
Esto es así porque en las circunscripciones uninominales el factor personal y territorial puede contar tanto como el nacional y está claro que la opción de Meloni es la de homogeneizar las candidaturas coaligadas en todo el país. Para facilitar el acuerdo de todas las derechas, Meloni ha excluido asimismo la reintroducción del voto preferencial en cada lista y ha renunciado a que el nombre del candidato a presidir el Gobierno figure en todas las papeletas, pues eran asuntos internamente divisivos. Al eliminarse la cuota mayoritaria del Rosatellum y al no incluirse la posibilidad del voto preferencial, se da paso a un parlamento de candidatos estrictamente designados por los partidos en listas cerradas y bloqueadas, algo que en Italia —pese a algún precedente (el Porcellum, precisamente)— no es bien acogido en general por la opinión pública. No obstante, en su momento la Corte Costituzionale señaló que este tipo de listas, que jurídicamente son admisibles, no deben ser muy largas para que el elector pueda al menos tener una idea de quiénes son los candidatos de circunscripción, y esto opera como principio limitador de la propuesta de Meloni.
Las coaliciones, al registrarse, deberán indicar quién es su candidato a presidir el gobierno y esto suscitará, en principio, la necesidad de primarias para su designación, lo que puede ser un factor de tensión, no tanto entre las derechas, puesto que Meloni es del todo indiscutible, cuanto entre los progresistas por la pugna entre Schlein y Conte. La cuestión de la cláusula de exclusión suscitó asimismo ciertas tensiones, ya que el proyecto inicial la fijaba en el 4%, pero la presión de los partitini ha conseguido rebajarla al 3%. De ahí que algunos puedan entonces concurrir por libre y después venderse al mejor postor (es el caso de Vannacci o Calenda, por ejemplo). No obstante, la cuestión más polémica de la propuesta de Meloni es la del premio de mayoría pues, con su actual redacción, producirá una fuerte distorsión de la representatividad que sacrifica en nombre de la gobernabilidad: se atribuyen 70 diputados y 35 senadores de más a la coalición que alcance el 40%, que entonces dispondrá del 55% de escaños.
Técnicamente, ese añadido daría un 57,5% (lo que tendría serias implicaciones para la elección del presidente de la República y de otros cargos que requieren mayorías cualificadas, por ejemplo), de ahí que se haya recortado ligeramente para dejarlo en el 55%. Está por ver que pueda mantenerse porque la Corte Costituzionale, a propósito del Italicum, señaló que el premio de mayoría no podía ser muy consistente para no alterar el principio representativo y, más concretamente, estimó que con un 40% de votos obtener el 55% de los escaños era excesivo; o sea que la copia que Meloni ha hecho de la propuesta de Renzi no parece que pueda mantenerse. En este sentido, la primera ministra se ha mostrado abierta a reajustar los porcentajes: con el 40% de los votos, el 52% de los escaños y solo con el 45% se podría tener el 55%, pero es dudoso que esto pase el filtro de la constitucionalidad.
Si ninguna coalición alcanza el 40% podría haber una segunda vuelta si las dos primeras recogen al menos el 35% de los votos. Se han hecho simulaciones —a tenor de los sondeos— para comparar los efectos del Rosatellum y del Stabilicum: en el primer caso, las derechas obtendrían 186 diputados sobre 400 frente a 192 de la oposición, aunque 96 senadores frente a 95 de estas. Sin embargo, con la reforma Meloni, las derechas obtendrían 228 diputados y 113 senadores y la oposición 147 y 76 respectivamente, sin incluir a opciones que no han anunciado claramente con qué coalición se alinearían y lo cierto es que ambos bloques están casi empatados: las derechas (sin Vannacci) 46,1% y los progresistas (sin Calenda) 44,4%.
En conclusión, no parece una buena idea cambiar el sistema electoral poco antes de que deban celebrarse unas nuevas elecciones y aún menos que no se negocie en serio con la oposición. En realidad, esta iniciativa es la enésima maniobra de Meloni para asegurar su indiscutible liderazgo político y la ha adoptado porque, pese a gozar de una cómoda mayoría, hay fisuras en su coalición e insatisfacción entre algunos votantes por incumplimientos programáticos anunciados.
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