La política peruana ha perfeccionado un mecanismo perverso: la demolición sistemática de la figura presidencial. La reciente destitución de José Jerí por parte del Congreso no es un hecho aislado, sino un nuevo capítulo en una saga de inestabilidad que parece no tener fin. En Lima, el presidente ya no ejerce el poder. Sobrevive y, generalmente, por poco tiempo.
Con la salida de Jerí, Perú enfrenta a una estadística estremecedora: ocho presidentes en menos de una década. Aquello que debería ser una excepción constitucional, la vacancia, se ha convertido en la herramienta predilecta de legisladores que actúan como un tribunal inquisidor, más preocupados por las cuotas de poder inmediato que por la viabilidad de una nación que observa, entre la apatía y la furia, cómo sus gobernantes desfilan por la puerta trasera del Palacio de Pizarro.
Perú ha pasado de ser un milagro económico a un cenáculo de fragilidad democrática. El Congreso ha tomado el control del destino del país sin un plan de vuelo. El despido de Jerí responde a esa dinámica de canibalismo político en la cual las alianzas se sellan con arena. El sistema de partidos en Perú ha implosionado, dejando en su lugar facciones que ven en la presidencia un botín temporal o un obstáculo por remover.
Mientras en los pasillos del Congreso se debaten mociones y votos de censura, la gestión pública está paralizada. La inseguridad, la falta de inversión y la erosión institucional son el costo real de esta rotación incesante.
La caída de Jerí, sucesor de Dina Bolurarte, también derrocada, confirma que, en Perú, la banda presidencial pesa menos que una hoja en el viento. Se trata del síntoma más agudo de una enfermedad que campea en América Latina: la erosión de la gobernabilidad. Perú cambia el rostro del poder, pero mantiene intacta la estructura que genera el conflicto.
A diferencia de los juicios políticos de Collor de Mello y Dilma Rousseff en Brasil, que fueron procesos traumáticos, pero espaciados por décadas, en Perú la incapacidad moral se ha convertido en un trámite administrativo. Cara y ceca con el parlamentarismo de facto de ese país, México y El Salvador avanzan hacia hiperpresidencialismos con gobernantes que dominan los otros poderes.
En la región también campea la judicialización de la política, como ocurrió con el caso Lava Jato en Brasil, pero solo en Perú este proceso ha decapitado a casi toda una generación de exmandatarios (Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo). Esta suerte de limpieza no ha traído una política más ética, sino un vacío de liderazgo que el Congreso llena con figuras interinas de escaso peso propio, como el ahora depuesto Jerí. Una forma de sustituir la alternancia democrática por la eliminación política.
