Traducción Alejandro Garvie
A finales del siglo XIX en Estados Unidos, era evidente para todos los observadores interesados que el poder de mercado no se traducía automáticamente, ni siquiera fácilmente, en capital político ni en autoridad cultural. Por eso, a diferencia de los oligarcas de nuestra época, ciertos capitalistas de la Edad Dorada aprendieron a convertirse en una clase dominante.
“Oligarquía” es ya un nombre familiar para los multimillonarios que reconocen abiertamente la diferencia, incluso el conflicto, entre sus intereses y el bienestar general, al menos en la medida en que se supone que este último deriva de la igualdad política, considerada un dividendo de la democracia. Ellos y sus cómplices abandonan cualquier pretensión de liderazgo en la sociedad o la cultura, a pesar de comprar votos, vestidos, galas y medios de comunicación. Dentro de un siglo, la mayoría los recordará como sociópatas cuyas pretensiones sobre el futuro eran ridículas y efímeras —infantiles, en resumen— porque ansiaban el poder, pero no la responsabilidad.
Nuestros aspirantes a gobernantes son bastante francos al explicar cómo y por qué su gran riqueza les otorga una posición superior y una mayor influencia política que a los ciudadanos con menor poder adquisitivo. Tras haber decidido que la igualdad política amenaza su libertad, afirman sin rodeos que el consentimiento de los gobernados —el principio de obligación política propio de las formas modernas de gobierno— constituye un impedimento para el progreso tal como ellos lo entienden. Y si les creemos, para ellos el progreso significa el desarrollo socioeconómico y tecnológico permitido y exigido por los “mercados libres”.
Estos oligarcas suelen compararse con los magnates estadounidenses de la Edad Dorada de finales del siglo XIX, quienes supuestamente amasaron enormes fortunas sobornando a funcionarios públicos y explotando a trabajadores, viudas y huérfanos. Al crear grandes corporaciones, estos magnates sustituyeron la sana competencia entre empresas por monopolios que buscaban obtener rentas —los “trusts”, en la jerga actual— como Standard Oil, American Telephone and Telegraph, General Electric o US Steel.
Pero la comparación con la Edad Dorada es desafortunada, incluso engañosa, porque finales del siglo XIX no fue, de hecho, un momento de creciente desigualdad. Tampoco fue un momento de triunfo para las grandes empresas, o, para decirlo en términos más amplios, como lo expresó el difunto historiador Howard Zinn, un momento de la inevitable derrota del pueblo a manos de los poderosos. Ciertamente, la Edad Dorada fue un período de épico conflicto de clases que a veces degeneró en una violenta lucha armada entre el capital y el trabajo; pero, en la mayoría de los casos, desde 1880 hasta 1900, cuando solo el 10 % de la fuerza laboral estaba representada por sindicatos, los trabajadores salieron victoriosos en estos enfrentamientos. De hecho, según todos los indicadores relevantes, los trabajadores estaban ganando la lucha de clases de este momento formativo, al menos hasta finales de la década de 1890.
Según los informes oficiales del Comisionado de Trabajo de Estados Unidos, por ejemplo, los trabajadores se impusieron en la mayoría de las huelgas y cierres patronales entre 1881 y 1905. Mientras tanto, los trabajadores industriales cualificados mantuvieron el control de la producción mecanizada a pesar de los esfuerzos de la dirección por sustituirlos. Como resultado, se produjo un notable cambio en la distribución de la renta, del capital al trabajo: los salarios reales no agrícolas aumentaron a medida que disminuían los beneficios, a pesar de las enérgicas protestas de la dirección. Este cambio en la distribución de la renta es precisamente lo contrario de lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en otros países durante la era del neoliberalismo (1973-presente).
Todos para uno
Pero quizás la diferencia más importante entre aquella época y la nuestra reside en la perspectiva, la visión del mundo emergente, de los capitalistas de la Edad Dorada. A diferencia de los magnates tecnológicos de hoy, reconocían que sus ganancias no se justificaban por sí solas como producto del trabajo duro, el cálculo astuto, la asunción de riesgos o una inteligencia superior. Entendían, por consiguiente, que la cuestión no era si reconstruir el mercado, sino cómo hacerlo, lo que significaba, según creían, cómo regular los mercados para que sirvieran al bienestar general. Habían dejado de asumir que su libertad se reducía al derecho natural de propiedad; como resultado, la manipulación de las fuerzas del mercado —ya fuera por regulación estatal o por organizaciones obreras— ya no les parecía una infracción de la libertad contractual, y, por lo tanto, una amenaza mortal para la libertad en sí misma.
Esta visión del mundo emergente no se tradujo en un nuevo altruismo ilustrado ni en un “conservadurismo compasivo”. A mediados de la década de 1890, cuando los agricultores y los trabajadores parecían haber coincidido en que los capitalistas al frente de los monopolios eran parásitos que se aprovechaban del sistema político, no pudieron llegar a otra conclusión. Muchos capitalistas comprendieron que, a menos que aceptaran y pusieran en práctica la idea que impulsaba la revuelta de las masas —que los excedentes generados por la industria moderna debían ser compartidos por todos los estratos sociales—, perderían toda legitimidad y, por ende, todo derecho de liderazgo en materia económica, social o política.
Una vez más, el nuevo orden no se basaba en el altruismo impulsado por epifanías morales o nuevos impulsos filantrópicos: era una evaluación realista de lo que propiciaba la movilidad social y, por ende, la estabilidad social, el consenso político y la previsibilidad económica, componentes cruciales del comportamiento racional del mercado a largo plazo. También era una evaluación realista de quién ganaría la lucha de clases a corto plazo. A finales del siglo XIX, era evidente para todos los observadores interesados que el poder de mercado no se traducía automáticamente, ni siquiera fácilmente, en capital político y autoridad cultural.
A diferencia de los oligarcas de nuestra época, ciertos capitalistas de la Edad Dorada aprendieron a convertirse en una clase dominante. Parafraseando a E. Digby Baltzell, aprendieron a extraer de las filas de las grandes y pequeñas empresas una élite confiable e integradora de objetivos que, a su vez, reclutó a intelectuales, periodistas, académicos, agricultores y sindicalistas para su causa, logrando así mediar entre las clases sociales.
Su causa era la “reforma” en el sentido más amplio, pues comenzaba, pero no podía terminar, con la reconstrucción de los mercados y la reorganización del proceso laboral, ambas posibles gracias a la invención de nuevas formas jurídicas corporativas. La causa de la reforma, en este sentido, era social, ideológica, política e incluso cultural, no meramente económica, y así la entendían todos los miembros de la coalición interclasista responsable de los logros de la Era Progresista durante las dos primeras décadas del siglo XX. Implicaba una renegociación de las relaciones de clase, una redefinición del trabajo, una reorientación del liberalismo, una realineación de los partidos y una revisión de los roles de género (para empezar, un cambio del movimiento feminista al feminismo como denominación de los cambios observables o deseables en los roles y la posición social de las mujeres).
El Estado administrativo, legado de esta época (ahora condenado a muerte tanto por los detractores de la experticia como por los defensores del “libre mercado”), se basaba en la premisa compartida de que los mercados no se autorregulaban y que, si no se intervenían, las fuerzas del mercado destruirían una sociedad cohesionada por la producción y el intercambio de mercancías. Por consiguiente, estas fuerzas incontrolables serían reguladas o gestionadas en aras del bienestar general.
Las nuevas instituciones que cumplían este propósito incluían el Sistema de la Reserva Federal, la Comisión Federal de Comercio y la Administración de Alimentos y Medicamentos. No fueron objeto de la “captura de la élite” porque, en parte, fueron obra de una nueva élite orientada a la integración de objetivos que tenía un interés personal en el bienestar general.
Riquezas democráticas
La clase dominante que alcanzó su madurez en la Era Progresista se enfrentó a los magnates de la Edad Dorada. Al igual que los oligarcas de nuestra época, estos magnates concebían la sociedad de mercado como un escenario de saqueo. Creían que el aumento de sus fortunas —y con ellas, su libertad— requeriría la extracción de riqueza de la mayoría, tanto a nivel global como local, y casi con toda seguridad significaría la desaparición de la democracia como servidora del bienestar general. Su reencarnación aparece en la figura de oráculos de Silicon Valley, como Marc Andreessen, el multimillonario inversor de capital riesgo que plagia manifiestos fascistas de principios del siglo XX porque, como él mismo explica con gusto, prefiere no examinar el contenido de su propia mente.
Los capitalistas que comprendieron que la promesa de la vida estadounidense no se basaba en las ganancias sabían a qué se enfrentaban durante la Edad Dorada. Henry Lee Higginson, veterano de la Guerra Civil, banquero de inversiones y filántropo incansable, resumió ese conocimiento en 1915: “Desde 1868 hasta 1898, existieron constantes temores e incertidumbres que brindaban a los jugadores una gran oportunidad si acertaban, y que mantenían a los hombres honrados en la duda y, a menudo, en la angustia. No podían hacer negocios de forma adecuada, y recuerdo todos esos años con horror”.
La verdad evidente, aunque no reconocida, que subyace a la idea de que vivimos en una nueva Edad Dorada, no es que los capitalistas hayan vuelto a convocar una oligarquía todopoderosa empeñada en el saqueo, ni que nosotros, el pueblo, estemos condenados a perder ante esta camarilla malévola, de acuerdo con la férrea lógica histórica defendida por figuras de la izquierda como Zinn y el economista Thomas Piketty. Es que los magnates de nuestro tiempo —“broligarcas” como Peter Thiel, magnates de los medios como David Ellison, títeres como Curtis Yarvin o bufones omnicompetentes como Elon Musk— se enfrentan ahora al tipo de ira, burla y desprecio que desacreditó a los oligarcas de la Edad Dorada y permitió los logros de la Era Progresista.
Las encuestas sobre la IA son solo la última muestra del rechazo actual hacia lo que los magnates de hoy dicen querer: más dinero, más poder, más respeto y, en última instancia, recursos suficientes para separarse del planeta Tierra. De hecho, todas las encuestas realizadas desde 2016, cuando el senador estadounidense Bernie Sanders se presentó a las primarias presidenciales, indican que una mayoría multirracial y de diversas clases sociales de los estadounidenses apoya lo que el propio Sanders denomina socialismo democrático. Esta mayoría aún es demasiado centrifugadora para reconocerse como la conformación de una nueva coalición progresista, pero es la innegable realidad de nuestro tiempo.
Este estado de la opinión pública y de las posibilidades electorales sugiere la necesidad de una nueva élite integradora que represente a esta mayoría heterogénea. Esta élite partiría de premisas similares a las que fundamentaron a su predecesora de la Era Progresista: que el bienestar general se sirve mejor mediante una democracia más generosa; que el conflicto entre los intereses de los oligarcas y las exigencias del bienestar general es, por lo tanto, irreprimible; que los mercados no son externalidades económicas a las que debamos adaptar nuestras vidas, sino construcciones culturales sujetas a nuestros objetivos sociales; que la cuestión que se nos plantea no es si reconstruir los mercados, sino cómo hacerlo para que asignen los bienes de manera eficiente y equitativa; y que los excedentes generados por dichos mercados deben ser compartidos por todos los estratos sociales.
En una época de concentración de riqueza sin precedentes —donde el patrimonio de una sola persona equivale al 1% del PIB mundial—, garantizar el bienestar general se vuelve imposible. Sin embargo, la creciente relevancia electoral de la “accesibilidad económica” refleja una preocupación generalizada que no puede abordarse sin ampliar el alcance de la democracia. Para que esto suceda, los nuevos oligarcas tendrán que seguir el camino de los magnates sin escrúpulos, ya sea de forma discreta o no.
