Por Wilfredo Miranda Aburto
Cinco días después de que el presidente Gustavo Petro reveló que solicitó al régimen copresidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo la extradición de Carlos González Merchán —requerido por la justicia de Colombia por un caso de corrupción—, la cancillería sandinista emitió un comunicado en el que informó que le otorgó asilo político al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del país sudamericano.
Managua respondió con una nota diplomática a Bogotá con el argumento de que “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los Convenios Internacionales”.
“En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”, agrega la Resolución Ministerial No. 001-2025 de la cancillería sandinista.
Sin embargo, González Merchán no sólo es requerido por la justicia de Colombia, sino que sobre él pesa una alerta roja de Interpol para su captura. El exfuncionario fue imputado por la Fiscalía colombiana por haber ordenado pagos ilícitos a congresistas para garantizar apoyo legislativo al Gobierno de Petro.
Según el ente acusador, se le imputaron los delitos “de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos”. De acuerdo con la investigación, González Merchán habría instruido directamente al entonces director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Olmedo López, para inflar un contrato que inicialmente costaba 46.800 millones de pesos (más de 11 millones de dólares) y así pagar sobornos para los dos expresidentes del Congreso: Iván Name, del Senado, y Andrés Calle, de la Cámara de Representantes. El primero ha sido opositor al Gobierno de Petro, mientras que el segundo ha sido aliado del ocupante de la Casa de Nariño.
La Fiscalía sostiene que parte del dinero desviado provenía de un contrato para la compra de 40 camiones cisterna, destinados a abastecer de agua a comunidades de La Guajira, uno de los departamentos más afectados por la sequía en Colombia.
Antes del asilo, ya tenía residencia nica
González Merchán apareció en Nicaragua a finales de 2024, después de conocerse las primeras indagaciones de la justicia en su contra. El exfuncionario prófugo obtuvo una residencia en Nicaragua, revelaron medios de comunicación colombianos.
El reconocido periodista, Daniel Coronell, denunció que González Merchán vivió entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 en la casa de la Embajada de Colombia en Managua, ubicada en el barrio Las Colinas. Eso incrementó los cuestionamientos sobre un posible respaldo oficial a su estadía; algo que no sonaba descabellado si se toma en cuenta que González Merchán era un político con una larga trayectoria política ligada a Petro, ya que compartió militancia con el actual mandatario con el grupo guerrillero M-19.
Las versiones sobre la estancia de González Merchán en la residencia de la Embajada de Colombia en Managua, así como los señalamientos de que habría recibido apoyo presidencial para obtener residencia en Nicaragua, obligaron a Gustavo Petro a desmentir públicamente la información difundida por la prensa.
En paralelo, el exembajador de Colombia en Managua, León Fredy Muñoz, admitió haber “facilitado gestiones en su momento”, aunque subrayó que lo hizo cuando el exfuncionario aún no había sido imputado ni existía una orden de captura en su contra.
Otro prófugo corrupto más albergado
González Merchán tiene vigente una orden de captura de Interpol, pero con el asilo otorgado por el régimen Ortega-Murillo queda a salvo de cualquier extradición. En Nicaragua, país que desde hace años funciona como guarida de prófugos y políticos corruptos, el exfuncionario colombiano encuentra un blindaje frente a la justicia.
El intento frustrado del expresidente panameño Ricardo Martinelli de obtener protección en Managua ya había reavivado las alarmas sobre un patrón sistemático: el uso del territorio nicaragüense como refugio de corruptos y criminales que huyen de procesos judiciales en sus países por parte de los copresidentes.
La lista de beneficiados es amplia. Entre los casos más notorios están los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos acusados de desvío de fondos públicos. Asilados junto a sus familias, recibieron posteriormente la nacionalidad nicaragüense de manos de Ortega y Murillo, lo que los blindó contra la extradición. Funes terminó sus días en Managua, sin haber enfrentado a la justicia.
En 2008, el régimen también dio cobijo a Doris Torres, Martha Pérez y Lucía Morett, guerrilleras de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Otro huésped es Mario Eduardo Firmenich, exlíder de la organización argentina Montoneros, indultado en 1990 por Carlos Menem.
La práctica de ofrecer refugio a prófugos no es nueva. Tres décadas atrás, el italiano Alessio Casimirri —condenado por el secuestro y asesinato del primer ministro Aldo Moro en 1978— se instaló en Managua. Hoy maneja sin contratiempos un exclusivo restaurante de mariscos, La Cueva del Buzo, en Carretera Sur.
En los años ochenta, cuando el primer gobierno sandinista coincidió con el auge del Cartel de Medellín, Nicaragua también sirvió de escondite para Pablo Escobar y Carlos Lehder. Este último relató en sus memorias que le asignaron una casa de protocolo como residencia, donde se instaló con su fusil G3, un morral lleno de dólares y equipos de comunicación para escuchar emisoras internacionales.
La entrega de nacionalidades ha sido otra de las herramientas para blindar a aliados y fugitivos. Según reveló Confidencial en 2023, Ortega y Murillo “han regalado 130 nacionalidades a políticos cercanos y prófugos de la justicia en los últimos años”. Muchos de esos procesos violaron las propias normas migratorias nicaragüenses, del mismo modo en que se atropelló la ley al desnacionalizar a más de 350 opositores y dejarlos en condición de apátridas.
