El 20 de septiembre de 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), presidida por Ernesto Sabato, entregó el informe “Nunca Más” al presidente Raúl Alfonsín. El documento, donde se registraron 8960 casos de personas desaparecidas durante la última dictadura, fue un elemento de prueba determinante en el Juicio a las Juntas, realizado en 1985.
El aniversario permite reconocer a quienes hicieron posible aquel relevamiento esclarecedor. Al mismo tiempo, genera un marco valorativo que ilumina algunos hechos del presente. Estos, al igual que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período 1976-1983, impactan de lleno en la sociedad y no pueden pasar desapercibidos.
Las denunciadas actitudes violentas del expresidente Alberto Fernández en perjuicio de su pareja, y como tal de quien fue primera dama de la Nación, se enlazan con presuntos comportamientos indecorosos cometidos por la máxima autoridad política del país en dependencias públicas. En caso de quedar probados los delitos imputados al exmandatario, se verificará una concepción ominosa del poder; una conducta donde la convicción de impunidad hace juego con la utilización obscena de la estructura institucional.
En paralelo, confundiendo el carácter representativo de su condición con la esfera privada, un grupo de diputados visitó en la cárcel de Ezeiza a represores condenados por delitos de lesa humanidad. Lo ocurrido semanas atrás constituye un peligroso precedente para la cultura cívica argentina, poniendo en duda la honorabilidad de quienes, exhibiendo un penoso desconocimiento del pasado, o justificando solapadamente las atrocidades cometidas por un gobierno de facto, ocupan una banca en el Congreso Nacional. Las reacciones que suscitó el hecho -que incluso llevó a replanteos públicos o la necesidad de aclaración de alguno de ellos- muestran precisamente que hay un camino recorrido que no admite retrocesos.
El oficialismo, mientras tanto, postula al juez Ariel Lijo para cubrir la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia. La nominación del magistrado, denunciado penalmente en 2018 por asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho y lavado de dinero, suma rechazos de entidades profesionales y espacios políticos. Algunos remarcan la magra formación académica del candidato. Otros destacan su pericia para activar o silenciar causas sensibles en función de intereses particulares.
En este contexto, la historia es un espejo. Hace 40 años, por iniciativa del gobierno que en 1983 reimplantó el imperio de la ley y la Constitución Nacional, un grupo de hombres y mujeres de diversos ámbitos se comprometieron con la verdad. Su encomiable labor permitió que la sociedad conociera masivamente y dimensionara las aberraciones cometidas durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
Hoy, el legado moral de la CONADEP debe trascender el campo de los derechos humanos. Por el bien de la democracia, hay que expandir aquella sentencia ética. El mensaje debe ser claro: a la inmoralidad pública y privada de los gobernantes, a las acciones colectivas o individuales que socavan la esencia y el valor político del Poder Legislativo, y a la aparente intención de un gobierno por contar con jueces a la medida de sus necesidades o ambiciones, a todo eso, nunca más.
Publicado en Clarín el 17 de septiembre de 2024.
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