Por qué las consecuencias del Brexit ya no se pueden evitar.
Traducción Alejandro Garvie.
Cuando el primer ministro británico Keir Starmer llevó al Partido Laborista a una victoria aplastante en julio de 2024, celebró el resultado como el fin de 14 años de mala gestión por parte del Partido Conservador y el comienzo de un largo período de gobierno tecnocrático y estable. Starmer, el cauto exdirector de la fiscalía, marcó un claro contraste con las fiestas ilegales del primer ministro conservador Boris Johnson durante el confinamiento por la COVID-19 y el colapso financiero provocado por su sucesora, Liz Truss, prometiendo un retorno a la seriedad. Su ministra de Hacienda, Rachel Reeves, se comprometió a combinar la responsabilidad fiscal con un Estado más activo. El electorado, exhausto, otorgó al Partido Laborista un modesto 33,7% de los votos, lo que se tradujo en 411 de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes debido a la forma en que se distribuyeron los votos. No fue un respaldo entusiasta —inmediatamente calificado como una “victoria aplastante y sin amor”—, pero fue más que suficiente para que Starmer recibiera el beneficio de la duda.
Casi dos años después, la duda de los votantes se ha convertido en algo más cercano al desprecio. El Partido Laborista ha estado por detrás del partido emergente Reform UK de Nigel Farage en la mayoría de las encuestas nacionales por casi diez puntos, un marcado contraste con las elecciones de 2024, cuando el porcentaje de votos de Reform fue casi 20 puntos inferior al del Partido Laborista. El 22 de junio, con su posición ya insostenible, Starmer se rindió ante lo inevitable y anunció que dimitirá tan pronto como el Partido Laborista elija a su sucesor. Su sucesor, prácticamente inevitable, es Andy Burnham, el popular exalcalde del Gran Manchester, que entró en el Parlamento tras ganar una elección parcial en Makerfield el 18 de junio con casi el 55 por ciento de los votos.
La mayoría de las explicaciones de los problemas del Partido Laborista se centran en errores tácticos: los fallos de comunicación de Starmer, las normas fiscales excesivamente estrictas de Reeves, el recorte en 2024 de las ayudas para la calefacción de los pensionistas durante el invierno y el impuesto a las explotaciones agrícolas familiares aplicado en 2025. Todos estos problemas son reales, pero son síntomas, no causas. La historia de fondo es que el Brexit, el acontecimiento político que define la historia británica moderna, finalmente está pasando factura, y el Partido Laborista se encuentra en el poder justo cuando llega. Durante una década, el Reino Unido logró aplazar el ajuste de cuentas con su voto a favor de abandonar la Unión Europea en junio de 2016. La estrategia de Starmer dependía de neutralizar el Brexit como tema político candente, desactivándolo para que no pudiera movilizar a sus oponentes ni dividir a su propia coalición. Esto significó descartar una unión aduanera o la pertenencia al mercado único y presentar una modesta cooperación regulatoria con la UE como el límite de sus ambiciones.
En términos electorales, esa estrategia funcionó. No tuvo costo a corto plazo y, en las condiciones relativamente favorables de 2024, la economía británica podía tener un rendimiento inferior a la de sus pares, pero evitar una crisis aguda. Ese entorno ya no existe. El regreso del presidente estadounidense Donald Trump a la Casa Blanca, su instrumentalización de los aranceles y el colapso del orden comercial basado en normas han dejado al descubierto una economía británica sin mecanismos de amortiguación. La UE, a pesar de sus disfunciones, cuenta con un enorme mercado interno y la capacidad de negociar con las grandes potencias como algo más que un simple suplicante. El Reino Unido no.
La mejor manera para que el Reino Unido supere la crisis global —y la mejor manera para que el Partido Laborista evite el desmoronamiento de su coalición— es estrechar lazos con la UE. Hay motivos para creer que es posible un gran acuerdo. La economía británica necesita acceso a los mercados europeos, y Europa necesita el poderío militar del Reino Unido. Lo que se necesita es un último ingrediente, difícil de conseguir: voluntad política.
LO QUE SE HA IDO
Para comprender por qué el Reino Unido está sufriendo más que sus vecinos continentales las recientes crisis económicas, conviene recordar lo que le aportó la pertenencia a la UE. El mercado único otorgó a las empresas británicas acceso sin barreras a 450 millones de consumidores y convirtió al Reino Unido en un imán para la inversión extranjera que buscaba establecerse en Europa. La unión aduanera evitó a las exportaciones británicas los controles de origen, las inspecciones sanitarias y el papeleo que ahora suponen una carga para los envíos a través del Canal de la Mancha. Las normas que permitían a las empresas de la UE operar en cualquier lugar del bloque —un privilegio conocido como pasaporte europeo— convirtieron a la City de Londres en el centro financiero de facto del continente, y la regulación coordinada le dio al Reino Unido voz y voto en la elaboración de las normas europeas. Nada de esto exigió que el Reino Unido renunciara a su moneda, banco central, política fiscal o ejército. Las cláusulas de exclusión que el primer ministro británico John Major negoció en Maastricht a principios de la década de 1990 le proporcionaron al país la mayor parte de las ventajas de la integración con escasas restricciones supranacionales. Este fue un acuerdo que el resto de Europa toleró porque el Reino Unido aportaba peso militar, experiencia financiera y un contrapeso al dominio franco-alemán.
La decisión de abandonar ese acuerdo fue, como Mark Blyth y yo argumentamos en Foreign Affairs hace dos años, un error económico garrafal. La introducción de barreras no arancelarias elevó el costo del comercio con Europa en una cantidad que la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, financiada por el gobierno británico, estima ahora en aproximadamente el cuatro por ciento del PIB a largo plazo. Esto significa una reducción permanente de la renta nacional del orden de 132 mil millones de dólares al año, poco menos de 4650 dólares para el hogar promedio. Las exportaciones británicas de servicios a la UE, sobre todo los servicios financieros, no han recuperado su trayectoria anterior al referéndum, y la inversión extranjera se ha desplazado hacia Ámsterdam, Dublín, Fráncfort y París. Como señaló el físico británico Richard Jones, a finales de 2023, el PIB real per cápita británico se situaba aproximadamente un 28 por ciento por debajo de lo que predecían las tendencias de crecimiento entre 1955 y 2008. El Brexit no es la única causa: la productividad crónicamente débil, años de subinversión y la larga sombra de la crisis financiera de 2008, seguida de años de austeridad, son factores que ya existían antes del referéndum. Sin embargo, el Brexit agravó las tendencias existentes y bloqueó las vías más fáciles para recuperar el crecimiento. Durante la mayor parte del período posterior al referéndum, estos costos fueron difusos y fáciles de desestimar como argumentos oportunistas de economistas que se habían opuesto al Brexit desde el principio. El sólido empleo británico (en gran parte, el sector servicios, mal remunerado y de baja productividad) permitió afirmar que los agoreros se habían equivocado. No se habían equivocado. Simplemente se habían adelantado.
La señal más clara se encuentra en el mercado de bonos británico. El rendimiento de un bono gubernamental es el tipo de interés que un país paga por endeudarse. Un rendimiento creciente indica que los prestamistas perciben un riesgo cada vez mayor al prestar dinero a ese país. Esto encarece el servicio de la deuda pública, dejando menos fondos disponibles para otros fines. El rendimiento de la deuda pública británica a diez años ha aumentado de forma constante hasta 2025 y 2026. Esto no se debe principalmente a las decisiones fiscales del Partido Laborista. Reeves ha sido más disciplinada que sus predecesores conservadores, y las normas fiscales que adoptó para guiar su política económica son más estrictas que las establecidas por el anterior ministro de Hacienda, Jeremy Hunt. Sin embargo, los rendimientos de los bonos siguen subiendo. Parte de la explicación es global: la Reserva Federal de Estados Unidos ha tardado en recortar los tipos de interés, lo que mantiene elevados los costes de endeudamiento a nivel mundial y eleva los rendimientos de la deuda de otros gobiernos, incluido el del Reino Unido. Mientras tanto, las primas por plazo —la compensación adicional que exigen los inversores por mantener deuda a largo plazo— también han aumentado en todas partes.
Pero el Reino Unido ha tenido un desempeño consistentemente inferior al de sus pares. Sus rendimientos a diez años cotizan ahora con una prima de aproximadamente 115 puntos básicos sobre los bonos franceses comparables y de 185 sobre los alemanes, lo que significa que el Reino Unido debe pagar notablemente más que sus vecinos para endeudarse durante el mismo período. Este diferencial no refleja el estado de las finanzas públicas de Londres, que son similares a las de París y Berlín, sino las perspectivas de crecimiento relativas y una menor capacidad para absorber crisis. Los inversores no ven cómo el Reino Unido puede salir de la trampa del crecimiento débil y el endeudamiento costoso sin un cambio fundamental en su relación con la UE o una austeridad sostenida que pondría a prueba los límites de la tolerancia política.
SEGUNDAS PERSPECTIVAS
El acontecimiento más llamativo del último año ha sido el cambio silencioso pero innegable en la opinión pública sobre el Brexit. Las encuestas de YouGov desde 2022 muestran que la mayoría del electorado considera el Brexit un error. De hecho, este mes, el 56% de los británicos afirmó que la salida fue un error. Entre los votantes laboristas, el cambio es más marcado: aproximadamente cuatro de cada cinco apoyan la apertura de negociaciones para una unión aduanera. No existe consenso sobre la reincorporación a la UE, pero el debate ya no gira en torno a si el Brexit cumplió sus promesas, sino a la medida en que el Reino Unido debería retomar sus vínculos con Europa. Que tantos de estos votantes se sientan atraídos por Farage —quien hizo campaña a favor del Brexit y ahora argumenta no que fue un error, sino que la clase política no lo llevó a cabo— revela menos sobre el entusiasmo por el Brexit que sobre una completa desilusión con los partidos tradicionales. El auge de la reforma se debe al enfado por la inmigración, el estancamiento del nivel de vida y el fracaso de los servicios públicos, y un gran número de quienes la apoyan afirman, al mismo tiempo, en las encuestas que abandonar la UE fue un error.
Sin embargo, este cambio de opinión aún no se ha traducido en políticas concretas. El equipo de Starmer quedó marcado por las elecciones de 2019, en las que el apoyo del Partido Laborista a un segundo referéndum sobre la salida de la UE le costó numerosos escaños en el norte de Inglaterra, que hasta entonces habían sido de los más seguros para el partido (su llamado «Muro Rojo»). En consecuencia, Starmer estaba decidido a evitar cualquier acción que pudiera interpretarse como una traición al Brexit. El programa electoral laborista de 2024 descartó la reincorporación al mercado único y a la unión aduanera, y prometió únicamente un vago “reinicio” con Bruselas. En el poder, el partido ha impulsado una alianza de seguridad, un modesto acuerdo sobre saneamiento en el comercio de productos agrícolas, la reanudación de la participación del Reino Unido en el programa Erasmus para estudiantes y cierta cooperación técnica en materia de energía. Esto resulta insuficiente para satisfacer a los votantes, a quienes les preocupan menos los intercambios estudiantiles o los trámites veterinarios que el alto coste de la vida, los salarios estancados y los servicios públicos al límite.
El desafío que Starmer recibe de sus compañeros laboristas debe interpretarse en este contexto. El exsecretario de Salud, Wes Streeting —quien había considerado postularse para el liderazgo del partido antes de decidir apoyar a Burnham— ha ido más allá, pidiendo en mayo que el Reino Unido se reincorpore a la Unión Europea. Burnham no puede ser tan abiertamente proeuropeo. Makerfield votó a favor de abandonar la UE en 2016 y, en consecuencia, evitó que se incluyera el debate sobre Europa en las elecciones parciales. Esta disciplina dio sus frutos, pero las inclinaciones de su nueva circunscripción seguirán siendo una fuente de tensión para Burnham. A nivel nacional, la mayoría podría desear vínculos más estrechos con Bruselas, pero la amenaza inmediata para el escaño de Burnham proviene del partido euroescéptico Reform.
TRIPLE PROBLEMA
Burnham, quien ahora tiene la gran probabilidad de ser coronado sucesor de Starmer a mediados de julio, se enfrenta a lo que mejor se describe como un trilema. El nuevo primer ministro puede tener dos de tres objetivos: mantener la legitimidad del acuerdo del Brexit, recuperar la credibilidad ante los mercados de bonos mediante una estrategia de crecimiento plausible, o la unidad de la coalición electoral laborista que devolvió al partido al poder en 2024. Pero no puede tener los tres. Si respeta el referéndum y mantiene unida la coalición, los mercados de bonos impondrán su disciplina a medida que el crecimiento decepcione y el margen fiscal se reduzca. Esta ha sido, en esencia, la estrategia de Starmer-Reeves, y su fracaso es cada vez más evidente. Si busca una unión aduanera o una realineación del mercado único con la UE para reactivar el crecimiento, Reform lanzará una campaña de “traición al Brexit” que podría fracturar la mayoría laborista. Si se intenta suavizar la situación —una mayor integración en algunos sectores, una defensa retórica del Brexit en otros—, podría darse lo peor de ambos mundos: demasiado poco para satisfacer a los mercados y demasiada indecisión para apaciguar a los partidarios del Brexit.
La situación actual se asemeja mucho a la de 1976, cuando el gobierno laborista del primer ministro James Callaghan acudió en busca de ayuda al Fondo Monetario Internacional en medio de una crisis monetaria. Aquel episodio se recuerda como una humillación —y lo fue—. Pero también fue el momento en que la disciplina externa obligó al Partido Laborista a abandonar la estrategia keynesiana de posguerra de mantener el pleno empleo mediante una gestión activa de la demanda. Esta transición no fue una elección del gobierno, sino que le fue impuesta por los mercados, la inflación y, en última instancia, el FMI. El liderazgo actual se enfrenta a una situación similar. Los amortiguadores que permitieron al Reino Unido tener un desempeño inferior al esperado sin caer en una crisis económica —los bajos tipos de interés globales, el orden comercial basado en reglas y la propia pertenencia a la UE— han desaparecido. Lo que queda es una economía que debe crecer más rápido que nunca, que necesita financiación a tipos superiores a los que puede permitirse y que se enfrenta al entorno global más hostil de las últimas décadas. Pronto, algo tendrá que ceder.
Si existe una salida al trilema, reside en un gran acuerdo por el cual el Reino Unido ofrece a la UE acceso a sus considerables capacidades militares y de inteligencia a cambio de un acceso duradero al mercado único. Tal acuerdo permitiría una integración suficiente para satisfacer a los mercados de bonos británicos sin el repudio al Brexit que destrozaría la coalición laborista. Los argumentos a favor de esta medida se han agudizado desde que Blyth y yo la propusimos en Foreign Affairs en 2024. La preocupación entonces era que Europa era demasiado pasiva y dependiente de Washington como para lograr un acuerdo que resultara beneficioso para Gran Bretaña. Esa Europa ya no existe. Conmocionado por las acciones de Trump —su abandono de Ucrania, sus amenazas a Groenlandia y su vacilación respecto a la OTAN—, el continente ha comenzado, con titubeos, a tomarse en serio su propia defensa. A principios de este año, la UE comenzó a desembolsar un programa de rearme de 175.000 millones de dólares, endeudándose colectivamente por primera vez en su historia para financiar proyectos de defensa conjuntos y reconstruir una base industrial debilitada.
El núcleo de la cooperación futura se está construyendo, sin embargo, no por las instituciones de Bruselas, sino por “coaliciones de países dispuestos”, la más importante de las cuales está liderada por Francia y el Reino Unido. París y Londres respaldaron la defensa de Ucrania después de que la ayuda estadounidense se desplomara de más de 19.000 millones de dólares en 2024 a unos simbólicos 400 millones en 2026, y en abril convocaron a 51 países para planificar una misión independiente para reabrir el estrecho de Ormuz. El Reino Unido ya proporciona el dinero y el personal que Europa necesita para defender a Ucrania y disuadir a Rusia. Pero, al no pertenecer al mercado único, no recibe ningún dividendo económico por ser un actor europeo relevante. Un gran acuerdo solucionaría esto. Los europeos podrían mostrarse reacios a recompensar a un país que optó por abandonar la UE, pero el statu quo ya no beneficia a la Unión Europea. Las contribuciones británicas actuales son voluntarias y reversibles, supeditadas a quien gobierne en Londres. Un tratado vinculante comprometería a las fuerzas, el dinero y la inteligencia británicas a la defensa de Europa a largo plazo. Y el Reino Unido está en condiciones de cobrar por esas contribuciones precisamente porque el continente ya no puede contar con Estados Unidos.
La versión más audaz, y la correcta, no utilizaría la seguridad como incentivo para un acuerdo comercial. En cambio, Londres y Bruselas deberían firmar un acuerdo de mercado único y aduanero, así como una asociación de seguridad vinculante. El acuerdo económico restablecería la mayor parte de lo que el Brexit destruyó, incluyendo el libre comercio de bienes y productos agrícolas y el acceso selectivo a los servicios, pero permitiría excepciones para que fuera aceptable para la opinión pública británica: sin obligación de adoptar el euro y sin libre circulación de personas. Bruselas no cedería fácilmente en este último punto, pero dado que necesita urgentemente las capacidades de defensa británicas, podría estar dispuesta a aceptar programas de movilidad laboral recíproca y controlada para jóvenes o trabajadores cualificados en lugar de la libre circulación incondicional. El acuerdo de seguridad, por su parte, vincularía a las fuerzas armadas, la industria de defensa y los servicios de inteligencia británicos a la defensa colectiva europea —mediante adquisiciones conjuntas, planificación y mando integrados y contribuciones garantizadas a las misiones europeas— mediante un tratado, asegurando así que la asociación perdure a pesar de los altibajos políticos en Londres.
Nada de esto será fácil. Pero la mano del Partido Laborista es más fuerte de lo que sugiere la timidez de sus líneas rojas. El Reino Unido debería presentarse no como un suplicante, sino como un contribuyente indispensable a un proyecto de seguridad europeo que por fin se está tomando en serio, y exigir una remuneración acorde. La alternativa de un declive continuo, el aumento de los rendimientos, la contracción fiscal y el lento suicidio electoral del partido es un camino sin salida.
EL FINAL DEL CAMINO
En un ensayo publicado en Foreign Affairs a principios de 2017, sostuve que el Brexit perjudicaría más al Reino Unido que a la Unión Europea, que los costes se acumularían inexorablemente y que, a la larga, el cambio obligaría a rendir cuentas. Esta predicción se ha cumplido. La UE no se ha derrumbado. Por el contrario, se ha fortalecido a través de una serie de crisis —la pandemia, la guerra en Ucrania, el regreso de Trump— y el Brexit se entiende ahora en todo el continente como una lección que no se debe pasar por alto, más que como un camino a seguir. El Reino Unido ha aprendido por las malas que la pequeñez en un mundo integrado no equivale a soberanía. (Resaltado del traductor)
La contundente victoria de Burnham en Makerfield le permite afirmar, con cierta justificación, que es la única figura laborista capaz de frenar al Partido Reformista. Si, como parece probable, resulta elegido sucesor de Starmer, tendrá que afrontar de frente el dilema: un Partido Reformista que ahora es una fuerza electoral importante y un electorado exhausto, enfadado y convencido de que la clase política no ha sido honesta sobre las consecuencias que se avecinan.
El Brexit fue, en esencia, una revuelta contra un acuerdo económico que había fallado a gran parte de la población británica. La tragedia reside en que produjo un acuerdo aún peor. Siempre fue una ilusión que el Reino Unido pudiera abandonar la UE sin sufrir consecuencias económicas, pero ahora esa idea ha quedado desmentida de forma concluyente. Queda por ver si el Partido Laborista dirá la verdad sobre el coste de permanecer fuera de la UE y si el sistema político y económico del país podrá asimilar esa verdad sin una crisis de legitimidad aún mayor. En la década de 1970, el gobierno de Callaghan acabó aceptando la disciplina que imponen los mercados, y el Partido Laborista pagó las consecuencias pasando 18 años fuera del gobierno. Pero esta generación de políticos laboristas aún no ha aceptado su propia situación y sigue intentando conciliar una postura que la realidad económica y geopolítica ya no permite.
El partido que llegó al poder con la promesa de una gestión competente quizás aún tenga el valor de reconocer el daño causado por sus predecesores y comenzar, aunque con cautela, a repararlo. La factura del Brexit ha llegado y alguien tendrá que pagarla. La única incógnita es si el Partido Laborista lo hará en condiciones que le permitan gobernar o en condiciones que le impidan hacerlo.
Link https://www.foreignaffairs.com/united-kingdom/new-prime-minister-same-problem
