A diez años de la muerte del fiscal Alberto Nisman la Justicia ratifica que se trató de un asesinato vinculado a su denuncia contra la ex presidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, y avanza en el análisis del rol de servicios de inteligencia en los días previos y posteriores a la noche del 18 de enero de 2015, cuando se encontró al funcionario judicial con un balazo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero.
En la investigación a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, se concluye que Nisman fue víctima de un homicidio y su muerte “estuvo motivada en su labor en la UFI-AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán” y se avanza en pruebas que buscan determinar “la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron”, según un informe difundido ante el décimo aniversario del hecho.
Ese 18 de enero de 2015, a las 22.32 y luego de que un cerrajero abriera una de las puertas del departamento de las torres Le Parc, Nisman fue encontrado muerto en el baño de su dormitorio, con un disparo en la cabeza y el arma usada en el lugar.
Cuatro días antes, el 14 de enero de 2015, había vuelto de un viaje especialmente para presentar en plena feria judicial una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, funcionarios de su gobierno y otros implicados por encubrimiento agravado del atentado a la AMIA a raíz de la firma del Memorandum con Irán en 2013, declarado luego inconstitucional por la Justicia.
La investigación delegada en la fiscalía federal a cargo de Eduardo Taiano está orientada a esclarecer un homicidio, luego de descartarse la hipótesis del suicidio cuando el caso estuvo bajo la jurisdicción del fuero criminal ordinario, hasta que la Corte Suprema ratificó la competencia del fuero de excepción en septiembre de 2016, al remarcar la función que cumplía el fiscal y la posible vinculación de esta con su muerte.
Desde entonces se avanza en denunciar las irregularidades en la escena del hecho esa noche y la madrugada del lunes 19 de enero de 2015, la desidia de los cuatro custodios asignados a Nisman ese fin de semana y se investiga la actividad de inteligencia por parte de ex agentes de la AFI y ahora, también, del Ejército.
Hasta el momento el único imputado en relación al hecho procesado como partícipe, pero en libertad, es el técnico informático Diego Lagomarsino: trabajaba para Nisman recomendado por un agente de inteligencia y la tarde del sábado 17 de enero de 2015 le acercó el arma que luego se usaría para el crimen, según la fiscalía.
De acuerdo al relato del acusado, el fiscal se la pidió porque temía por su seguridad.
Lagomarsino refirió haber recibido un llamado de Nisman solicitándole que se dirigiera a su casa, momento en el cual, según relató, le habría pedido un arma.
“Sin embargo, a raíz de medidas probatorias realizadas en el marco de la investigación esa versión de los hechos fue desvirtuada, ya que las comunicaciones fueron iniciadas por el propio Lagomarsino, resultando este accionar parte del plan para la simulación del suicidio”, advierte la fiscalía en un informe difundido el 8 de enero último.
La investigación avanza en desentrañar el vínculo entre agentes “inorgánicos” de inteligencia que vendían información y lo ocurrido, y para ello la fiscalía pidió y obtuvo esta semana una ampliación de la desclasificación de archivos y acceso a “toda la documentación, archivos y/o información que posea o registre cualquier dependencia que forme parte del Poder Ejecutivo Nacional respecto de Nisman y su labor como fiscal de la UFI-AMIA”.
“La solicitud de información aludida resultó abarcativa tanto de la Secretaría de Inteligencia como de las áreas especializadas del Ejército Argentino, dada su pertenencia al ya mencionado Sistema de Inteligencia Nacional”, explicó la fiscalía.
En la actualidad, la causa principal por la muerte de Nisman cuenta con 126 cuerpos en un total de más de 20.000 fojas y se abrieron ocho causas conexas vinculadas a la falta de protocolos en la escena del hecho, incumplimiento de sus deberes por parte de la custodia y otras irregularidades.
Desde que el caso pasó a Comodoro Py se tomaron más de 900 declaraciones a testigos, se analizaron al menos 180 computadoras, se entrecruzaron 500 números telefónicos y ahora están en marcha otra pericia de este tipo con un centenar de nuevos abonados, y se analizaron más de 200 mil comunicaciones.
En cuanto a las irregularidades de la investigación durante 2024 se avanzó en la imputación a ex funcionarios, entre ellos Sergio Berni, por entonces secretario de Seguridad del kirchnerismo.
Durante la primera hora y media desde que se encontró el cuerpo del fiscal, el departamento estuvo repleto de “entradas y salidas de distintos funcionarios de la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal Argentina” y “hasta el momento no se ha brindado ningún tipo de justificación o asignación a tarea específica que sustente este accionar, que atentó directamente contra la preservación de la escena”, explicaron los investigadores.
El juzgado de turno del fuero Criminal -llamado por las autoridades que no acudieron al fuero federal- intervino recién a las 23.55, una hora y media después del hallazgo sin vida del fiscal, otra demora “que hasta el día de hoy no tiene explicación”.
Esa madrugada, la escena del crimen se limitó al baño donde se halló al fiscal y no se analizaron las áreas externas del departamento, los sectores comunes y el complejo en su conjunto.
En efecto, recién horas después se advirtió que en la cocina había un tercer acceso, una puerta de metal que daba acceso a un espacio enrejado donde estaban los aires acondicionados y comunicaba con el departamento vecino.
Allí se encontró una huella que no logró identificarse pero sí se determinó que en ese departamento lindero residía un extranjero que trabajaba para una empresa dedicada a servicios de control de acceso, y “con vínculos con el entonces secretario general de Presidencia, Aníbal Fernández”, remarca el informe fiscal.
En ese documento también se recuerda un incendio ese fin de semana en la Casa Rosada que destruyó los registros de entradas y salidas, una de las pruebas que pedía Nisman en su denuncia por la firma del Memorándum.
Pero dentro del departamento que alquilaba el fiscal, una gran cantidad de personas circularon injustificadamente por el dormitorio, algunos incluso se sentaron en la cama y sin ningún tipo de protección se llevó adelante el reconocimiento de elementos probatorios, arriesgando así la alteración de las huellas allí obrantes. En el departamento de Nisman circularon esa noche más de 80 personas.
El 14 de enero de 2015, Nisman formuló una denuncia penal contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, parte de su gabinete y figuras cercanas, por el presunto encubrimiento de los autores que perpetraron el ataque terrorista contra la sede de la AMIA.
Concretamente, denunció la existencia de un acuerdo llevado adelante,” a través tanto de canales oficiales y paralelos, por las máximas autoridades de este país y el régimen iraní, con el objetivo de garantizar la impunidad de quienes eran -y continúan siendo- los acusados de haber cometido e ideado el máximo atentado terrorista ocurrido en nuestro territorio, logrando su desvinculación del proceso llevado adelante como consecuencia de ello”.
En este sentido, Nisman indicó que, si bien la maniobra comenzó su gestación en el período comprendido entre los últimos meses del año 2010 y principios de 2011, se materializó el día 27 de enero de 2013 con la celebración del Memorándum.
Así, el fiscal denunció que el mecanismo escogido creaba una “Comisión de la Verdad” que permitía en última instancia garantizar la impunidad de los acusados al deslegitimizar la investigación sobre el atentado terrorista y las autoridades que intervinieron en ella, desvirtuando la prueba producida y habilitando la posibilidad de un redireccionamiento hacia nuevos culpables.
Además, Nisman sostenía que la celebración de un acuerdo de estas características derivaría en una afectación a las circulares rojas que pesaban sobre funcionarios iraníes acusados del atentado.
La fiscalía sostiene que “al día de hoy, resulta evidente el vínculo existente entre la labor llevada adelante por Nisman en la investigación del atentado a la sede de la AMIA, plasmada en sus dictámenes, y su fallecimiento: una sentencia de muerte pesaba sobre su cabeza como consecuencia de la aceptación por parte de Interpol del libramiento de las circulares rojas de los acusados iraníes”,.
“En esta línea, pocos días más tarde de denunciar públicamente un plan tendiente a evitar el cumplimiento de estas mismas circulares y lograr la impunidad de los acusados, fue asesinado en su domicilio”, concluyen los investigadores.
La denuncia por la firma del Memorandum llegará finalmente a juicio oral luego de que en diciembre último la Corte Suprema de Justicia rechazara recursos de los acusados, entre ellos la ex presidenta, y despejó el camino para el avance hacia el debate que se preparará durante 2025 para luego fijar fecha de inicio.
Nisman: La justicia apunta a sectores de inteligencia
