En Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo ha liberado a 8 mil 400 reos comunes en 2025, incluidos condenados por delitos graves. Las excarcelaciones, presentadas como “gestos de paz y unidad familiar”, funcionan como actos de propaganda sandinista. Según la Fundación sin Límites, más de 53,000 presos han sido beneficiados en una década y al menos un 7.18% reincidió.
Por Wilfredo Miranda.
En la víspera del Día de Todos los Santos —conocido en Nicaragua como el Día de los Difuntos—, el pasado primero de noviembre, la ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, presidió un acto sandinista frente a un millar de presos comunes. En nombre de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, la funcionaria afirmó que, en “otro gesto de paz y bien, pensado en la unidad familiar”, se les otorgaba a todos los reclusos el “régimen de convivencia familiar en sus hogares”. En otras palabras: fueron liberados.
Los mil reos comunes alzaron sus actas de liberación con júbilo. Se tomaron fotos y agradecieron a la pareja dictatorial. Este grupo no ha sido ni el único ni el primero. En la recta final de 2025, 8 mil 400 reos comunes han sido beneficiados con este régimen de convivencia familiar. Entre ellos figuran criminales de toda índole, desde ladrones a femicidas que no cumplieron sus condenas.
La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, bajo el argumento de que luego de esos beneficios se han incrementado los feminicidios. La Fundación sin Límites, un tanque de pensamiento nicaragüense en el exilio, lleva años observando esta política gubernamental de liberar reos comunes, en específico el impacto que esto tiene en la seguridad ciudadana y el esquema político del régimen sandinista.
“En los últimos diez años, las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53,164 reos comunes”, engloba un análisis de la Fundación sin Límites. “No obstante, los registros indican que un 7.18 por ciento de estas personas reincidió en la comisión de delitos, lo que evidencia que una proporción significativa de los liberados no logra reintegrarse plenamente a la sociedad ni abandonar conductas delictivas”.
Más allá del argumento de “unidad familiar” y que las personas “tienen derecho a oportunidades”, la Fundación sin Límites afirma que estas liberaciones son utilizadas como una estrategia política con objetivos específicos: “por un lado generar simpatía hacia el gobierno; y, por otro, provocar un aumento en la percepción de inseguridad, desplazando la atención social hacia los problemas de orden público”.
Un reciente sondeo de opinión de Hagamos Democracia reveló que 97% de los nicaragüenses percibe un aumento de la criminalidad de Nicaragua. Los consultados ligan esa sensación a las liberaciones de reos comunes quienes, en cierto modo, gozan de venia política al declararse simpatizantes sandinistas.
“En primer lugar, los actos de liberación de reos en Nicaragua están fuertemente cargados de símbolos vinculados al sandinismo, donde es recurrente observar muestras de agradecimiento público hacia la pareja presidencial y al gobierno en general”, amplía la Fundación sin Límites. “Estos eventos no solo cumplen una función administrativa, sino que se transforman en escenarios de proselitismo político en los que se refuerza la imagen del oficialismo como garante de oportunidades. De esta manera, las liberaciones adquieren un carácter propagandístico que busca generar simpatía entre los beneficiados directos y sus familias, reforzando la percepción de un liderazgo benevolente y solidario con los sectores más marginados de la sociedad”.
Otro factor que destaca la organización es que, ante el temor a ser víctimas de robos, asaltos u otros delitos, la atención pública se desplaza hacia los problemas de seguridad cotidiana, relegando a un segundo plano temas de gran relevancia política, “como la situación de los presos de conciencia o la crítica al sistema autoritario”.
En ese sentido, estas medidas no solo tienen un impacto en la dinámica de la seguridad ciudadana, sino que también contribuyen a moldear la narrativa común, colocando las preocupaciones sociales inmediatas por encima de la discusión política estructural. Lo anterior se observa en diversos estudios: a inicios de 2025, reportamos un incremento de 3.2 puntos porcentuales en la proporción de personas que consideran la inseguridad ciudadana como uno de los principales problemas del país, pasando del 7.3 por ciento en octubre de 2024 a 10.5 por ciento en enero 2025”, plantea el análisis de Fundación sin Límites.
Según las autoridades del Sistema Penitenciario, la reinserción social de los reclusos se promueve a través de programas educativos, que abarcan desde alfabetización básica hasta estudios universitarios en coordinación con diversas universidades del país. Asimismo, destacan actividades productivas desarrolladas en los centros penitenciarios, incluyendo carpintería, soldadura, panadería y elaboración de placas para vehículos.
“Sin embargo, la mencionada tasa de reincidencia pone de relieve limitaciones importantes del sistema: los cursos y herramientas ofrecidos podrían ser de baja calidad, y es posible que no se consideren adecuadamente necesidades individuales o tratamientos esenciales relacionados con salud mental y adicciones”, cuestiona Fundación sin Límites.
“En conjunto, estas carencias aumentan la probabilidad de que los exreclusos vuelvan a situaciones de vulnerabilidad y reincidan en comportamientos delictivos. Además, según información proporcionada por detenidos políticos, las estrategias aplicadas en el sistema penitenciario parecen estar más orientadas al control que a la transformación personal, lo que limita su efectividad en términos de rehabilitación”, agrega el análisis de la organización.
En contraste, los Ortega-Murillo han consolidado el sistema judicial como un instrumento político que limita derechos fundamentales y reprime la oposición política. “Las detenciones arbitrarias, la criminalización de personas consideradas de oposición y las violaciones a la integridad de las personas privadas de libertad reflejan la ausencia de independencia judicial y de mecanismos efectivos de protección ciudadana”, remata el tanque de pensamiento.
