El Departamento de Estados de Estados Unidos advirtió sobre la creciente influencia de los sistemas de propaganda de Rusia y China en el aparato mediático de Nicaragua, controlado por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo por medio de sus negocios privados y la censura total sobre el resto de medios de comunicación que operan dentro del país.
El informe resalta que el aparato de propaganda y desinformación de la dictadura sandinista es controlado por Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijo de los codictadores, como la muestra más visible del control de la familia en el poder de los medios de comunicación en Nicaragua.
“El partido gobernante (Frente Sandinista) fusionó todos los medios oficiales y privados bajo su propiedad directa bajo un Consejo de Comunicación y Ciudadanía encabezado por el hijo del presidente y vicepresidente. El consejo sirvió para coordinar los mensajes dirigidos por el partido gobernante y para obtener capacitación para el personal de estos medios en China y la Federación Rusa o por sus ‘expertos’ en el país. Los socios comerciales del presidente o miembros de su familia controlaron en gran medida o poseían y administraban directamente los canales de televisión nacionales”, señala el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.
En Nicaragua, la última línea de defensa en contra del clima de desinformación, noticias falsas y propaganda del aparato mediático del régimen sandinista, son los medios de comunicación independientes que operan en el exilio para poder seguir ejerciendo el periodismo con rigor y veracidad.
Es por eso que el régimen sandinista orientó a sus propagandistas arremeter contra medios y periodistas independientes en las últimas semanas, mientras eventualmente buscan como silenciar sus espacios, como la reciente disposición de eliminar los dominios web. En el caso de DIVERGENTES, se pudo sortear el golpe del régimen debido a las previsiones que se decidieron para no ser afectados por este tipo de represiones de la dictadura.
“Un decreto que obligaba a todas las cadenas privadas de cable a transmitir mensajes oficiales de televisión y radio sobre emergencias e intereses especiales estaba en vigor y se utilizaba con regularidad, incluso para situaciones no urgentes. El Gobierno obligó a la prensa independiente a utilizar los medios oficiales para cubrir las actividades presidenciales y utilizó granjas de trolls —grupos de comentaristas en internet pagados para manipular opiniones políticas—, tanto dentro como fuera del país, para amplificar sus propios mensajes o atacar sitios web de medios independientes”, resalta el informe del Departamento de Estado.
Las amenazas en Costa Rica
Otro componente que el informe advierte el creciente aumento del peligro para opositores exiliados o refugiados en Costa Rica, debido a la uso de la dictadura sandinista de la denominada represión transfronteriza.
“Exiliados en Costa Rica y otros lugares denunciaron acoso y opresión política por parte de parapolicías y simpatizantes del FSLN que cruzaron la frontera para atacarlos, así como por funcionarios de inteligencia de la embajada de Nicaragua en Costa Rica. Algunas organizaciones creadas por exiliados en Costa Rica denunciaron haber sido vigiladas fuera de sus oficinas, con desconocidos tomando fotografías de las personas que entraban y salían de ellas. Además, miembros del personal de estas organizaciones denunciaron haber recibido mensajes de texto amenazantes que les recordaban agresiones pasadas contra nicaragüenses en Costa Rica”, señala el informe.
La represión transfronteriza en Costa Rica alcanzó un nuevo nivel luego del asesinato de mayor en retiro Roberto Samcam, perpetrado por un sicario que logró ingresar a su residencia. Organizaciones civiles y el el equipo de defensa legal del reconocido opositor y crítico del régimen, acusan directamente al Ejército de Nicaragua, el principal brazo represor de la dictadura sandinista, de estar detrás del atentado. El Gobierno costarricense sigue sin pronunciarse sobre el incidente, mientras continúan las investigaciones.
“Familiares de opositores en el exilio fueron vigilados, acosados, detenidos y condenados injustamente como parte de los intentos del Gobierno de obligar a los opositores exiliados a regresar al país y ser arrestados. El Gobierno negó sistemáticamente a estos familiares el acceso a documentos públicos, como certificados de nacimiento de niños bajo tutela conjunta o pasaportes. En varios casos, las autoridades exigieron la presencia de uno de los padres, previamente exiliado por el gobierno, para solicitar los documentos públicos de los niños”, añade el informe.
La extorsión migratoria del régimen
El Departamento de Estado también destaca el control y vigilancia de parte de las entidades de la dictadura de las salidas y llegadas de nicaragüenses, lo que ha dado dado pie a la instauración de un mecanismo de extorsión controlado desde el Ministerio del Interior del régimen.
“Hubo informes fidedignos de que las autoridades intentaron controlar la movilidad para ejercer represalias contra ciudadanos en el extranjero, negándoles servicios consulares. Las autoridades migratorias del país y las oficinas consulares en el extranjero negaron el acceso a los pasaportes a presuntos opositores políticos y a sus familiares, impidiéndoles viajar a un tercer país. Las autoridades migratorias analizaron los manifiestos de vuelos de llegada y las listas de ocupantes de líneas de autobuses internacionales para impedir el regreso de los ciudadanos al país, exigiendo a las aerolíneas y líneas de autobuses que notificaran a los ciudadanos que las autoridades no les permitirían regresar”, señala.
Reportes especiales de DIVERGENTES revelaron como el régimen sandinista realiza un exhaustivo proceso de revisión de salidas y llegadas de nicaragüenses para permitir o rechazar su entrada a su país, violando uno de los derechos humanos más elementales, como es el de origen y su derecho a tener una patria.
Publicado en Divergentes el 20 de agosto de 2025.
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