A Carmen Teresa Navas no se le detuvo el corazón por causas naturales; a Carmen Teresa se lo apagaron. Su muerte, ocurrida tras confirmarse el fallecimiento de su hijo bajo el control del Estado, es el desenlace de un homicidio en cámara lenta ejecutado por la dictadura venezolana. Esta madre pasó meses arrastrando los pies por pasillos ministeriales, morgues y tribunales, exigiendo una respuesta sobre el paradero de su hijo, el preso político Víctor Hugo Quero. El primer deber de cualquier sociedad es preservar la dignidad de la persona, pero en la Venezuela de hoy esa dignidad es negada sistemáticamente: un hijo desaparecido, una madre ignorada, y un Estado que oculta información para reconocer la muerte solo cuando ya no puede esconder el cadáver.
La paradoja jurídica es brutal. El mismo Estado que se proclama investigador de los hechos es el perpetrador. Hablar de “investigación oficial” en este contexto es un insulto a la razón del derecho: quien debería ser juez es verdugo, y quien debería ser garante es criminal. No estamos ante excesos policiales o delincuentes comunes; hablamos de una estructura que delinque con premeditación, saña y alevosía desde las más altas esferas del poder.
Las sociedades corren el riesgo de acostumbrarse al dolor. En Venezuela, la desaparición de prisioneros, la muerte en las celdas y el silencio institucional se han intentado normalizar como parte del paisaje cotidiano. Por eso, la tragedia de Carmen Navas no es un hecho aislado, sino la representación de cientos de familias que hoy mismo recorren cárceles y morgues buscando a sus seres queridos. La madre que muere de tristeza es el símbolo de un país que se desangra lentamente mientras la rutina del horror pretende convertirse en costumbre. La crueldad estatal ha dejado de ser un acto fortuito para transformarse en una arquitectura institucional que corroe el tejido social, donde la política se ha resignificado como el arte macabro de administrar el sufrimiento y la muerte.
Esta maquinaria represiva, documentada de forma exhaustiva por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, se despliega de manera milimétrica en cuatro ejes precisos: la desaparición forzada, la tortura física, la violencia sexual y los juicios amañados. Cada uno de ellos opera como un engranaje de terror diseñado no solo para destruir al individuo disidente, sino para sembrar el miedo y la parálisis en el resto de la ciudadanía.
Es en los sótanos clandestinos de los servicios de inteligencia donde esta estructura utiliza el cuerpo humano como territorio de humillación y control absoluto. Allí estuvo Yanín Pernía, cuya denuncia estremece la conciencia internacional al exponer cómo fue sometida a descargas eléctricas, asfixias y a la barbarie de una agresión sexual generalizada por parte de decenas de custodios militares antes de ser condenada sin pruebas a 30 años de prisión. Es el mismo calvario de Emirlendris Benítez, golpeada en el vientre por sus captores hasta provocarle la pérdida de su embarazo, confinada hoy a una silla de ruedas. La violencia sexual en las prisiones venezolanas es la prueba de que el régimen no solo busca neutralizar cuerpos, sino destruir almas, operando con la impunidad de quien se sabe observado pero intocable.
Estas atrocidades no ocurren en un vacío; ocurren a la vista de un mundo donde las potencias globales recalculan sus posiciones, negocian petróleo, gas y alianzas estratégicas mientras atenúan su presión sobre el Palacio de Miraflores. La ONU expresa consternación en informes diplomáticos que suelen diluirse en la burocracia, y los gobiernos de la región elevan protestas en los micrófonos mientras en las sombras reactivan el intercambio comercial. La geopolítica de la conveniencia revela así la hipocresía de un sistema internacional que condena en los discursos lo que tolera en los hechos por mero interés material.
La muerte de Carmen Navas es también el intento del régimen por asesinar la esperanza de que exista una comunidad internacional capaz de actuar con coherencia ética. Sin embargo, el testimonio de las víctimas nos prohíbe la rendición o la indiferencia. Cada madre que cae buscando a su hijo, cada mujer violentada en una celda y cada preso olvidado en el olvido de un calabozo es un espejo incómodo que le recuerda al mundo libre que la dignidad humana no puede ser objeto de negociación económica. Sus historias son gritos que atraviesan fronteras y disciplinas. Son la memoria viva que nos obliga a mantener la mirada fija en las víctimas, porque en este punto de la historia, callar o mirar hacia otro lado no es neutralidad: es la última y más imperdonable de las traiciones.
José León Toro Mejías, – Profesor, escritor. Autor de La Migración en América: retos, oportunidades y testimonios, fundador de la Organización de Apoyo al Migrante Arepa Viva y referente en la lucha por la dignidad de migrantes y refugiados.
