Tal vez no haya sido una casualidad que el presidente de los EE.UU. Donald Trump haya elegido al The New York Times, para declarar que su poder como comandante en jefe solo está limitado por su “propia moralidad”, dejando de lado el derecho internacional y cualquier otro control supranacional sobre su capacidad para utilizar el poder militar para atacar, invadir o coaccionar a naciones de cualquier parte del mundo.
En reportaje publicado el pasado 9 de enero, cuando se le preguntó si había algún límite a sus poderes globales, Trump respondió: “Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme”. “No necesito el derecho internacional”, añadió. Por su parte, su vicejefe de Gabinete, Stephen Miller lo explicó así en esos días, a la CNN: “Vivimos en un mundo en el que puedes hablar todo lo que quieras sobre cortesías internacionales y todo lo demás. Pero vivimos en el mundo real… que se rige por la fortaleza, que se rige por la fuerza, que se rige por el poder”.
Sobre moralidad, normas jurídicas y uso de la fuerza en la política internacional, escribió Michael Walzer un texto importante publicado hace treinta años. El filósofo liberal argumenta allí en favor de la intervención humanitaria en casos de violaciones masivas de derechos humanos. La comunidad internacional, sostiene Walzer, tiene un deber de proteger a poblaciones vulnerables, aun reconociendo la complejidad de determinar el momento, el modo y el agente legítimo de esa intervención.
El concepto – “Responsabilidad de Proteger”- fue adoptado por las Naciones Unidas en 2005, estableciendo que si una nación no logra proteger a sus ciudadanos de un daño grave, la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir, lo que puede incluir, en última instancia, la acción militar, pero sólo si se cuenta con la autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU.
Walzer sostiene que en la política internacional existen obligaciones morales que trascienden las fronteras estatales. Defiende un marco ético para la intervención externa, centrado en la protección de los derechos humanos fundamentales, reconociendo que actuar contra la soberanía de los estados es una medida extrema pero a veces necesaria, especialmente cuando se trata de detener masacres y proteger la vida, incluso si eso requiere una presencia prolongada para una reconstrucción social efectiva.
Los ejemplos de su utilización -por acción u omisión- no siempre han sido efectivos ni satisfactorios. Pero su falta de cumplimiento no homologa la derogación fáctica de su vigencia, ni autoriza su aplicación unilateral y antojadiza. Una cosa es aceptar como premisa que en las relaciones internacionales impera la anarquía. Otra diferente es consagrar dicha premisa como principio normativo.
En un mundo sin reglas, donde impera la anarquía, el trasfondo del actual comportamiento de líderes como Putin y Trump nos remite a Las guerras del Peloponeso de Tucídides, el historiador de la Antigua Grecia. Vale la pena recordarlo. Durante la guerra contra Esparta, Atenas exigió a Melos que se rindiera y pagara tributo. Los melios apelaron a la justicia, la moral y la neutralidad.
Los atenienses respondieron con crudo pragmatismo: “Puesto que sabéis tanto como nosotros que, en las cuestiones humanas, las razones de derecho solo cuentan si existe una igualdad de fuerzas, mientras que los fuertes hacen lo que su poder les permite y los débiles sufren lo que deben”. La frase se presta a distintas lecturas y ayuda a hacernos las preguntas correctas. Pero las respuestas no son unívocas.
