El Gobierno nacional modificó por decreto la Ley N.º 26.075 de Financiamiento Educativo para introducir cambios que permitirán redefinir el uso de fondos asignados a las provincias en el marco del sistema educativo nacional, en una medida que podría incidir en las relaciones fiscales con las jurisdicciones.
Según lo dispuesto en el Decreto 341/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se introducen modificaciones al artículo 9 de la normativa vigente, habilitando a la Secretaría de Educación de la Nación a establecer un mecanismo de “reasignación” de fondos en caso de que alguna provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cumplan con los requisitos necesarios para su utilización.
La norma establece que, cuando las jurisdicciones destinatarias no presenten los proyectos educativos requeridos o incumplan los criterios establecidos para el uso de los recursos, los mismos podrán ser redistribuidos por la autoridad nacional a otras provincias que sí cumplan con esos lineamientos.
La medida también refuerza el rol de control del Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, y busca — según el texto oficial— “mejorar la eficiencia y equidad en el uso de los recursos públicos destinados a la educación”.
La Ley 26.075, sancionada en 2005, establece metas de inversión progresiva en educación por parte del Estado nacional y las provincias, y fija un piso del 6% del PBI destinado al sector.
La modificación ocurre en un contexto de fuertes tensiones entre el Gobierno central y los gobernadores por los recursos coparticipables, y en medio de un ajuste del gasto público promovido por la administración de Javier Milei.
Modifican por decreto la Ley de Financiamiento Educativo
