El domingo 1 de junio más de 100 millones de mexicanos estaban convocados a las urnas para participar en las primeras elecciones realizadas para elegir 2.681 jueces y magistrados de todo el territorio nacional. Más allá de la complejidad del proceso, de los mecanismos arbitrados para la votación, de lo anómalo que supuso que el recuento de votos no se realizara en las casillas (mesas electorales) donde se sufragó ni se conocieran los resultados de inmediato, lo cierto es que este particular ejercicio le ha permitido a Morena concentrar en sus manos los tres poderes del Estado (el Ejecutivo, el Legislativo y ahora el Judicial). A esto habría que sumar otros enclaves estratégicos de la Administración, como el Instituto Nacional Electoral (INE), que han perdido la independencia que solían tener.
Pese a los oropeles con que gusta adornarse el gobierno de Claudia Sheinbaum, y del amplio apoyo popular del que goza, la participación en estas históricas elecciones judiciales fue del 13% (las encuestas pronosticaban un 20%). Ante las críticas recibidas la presidenta salió en defensa del resultado: “Ellos dicen que participó muy poca gente, pero resulta que los que participaron son más de lo que les dieron su voto hace un año: 13 millones de personas. Inédito. Impresionante. Maravilloso. Democrático”.
Pese a todos los argumentos esgrimidos, se trata de una cifra mínima para legitimar unos resultados que, por su propia naturaleza, conocer la identidad de los encargados de administrar justicia, deberían estar a salvo de cualquier sospecha. No ha sido así. Incluso son muchas las preguntas de cómo ha incidido el narcotráfico y el crimen organizado, especialmente en aquellas zonas donde su control es mayor, sobre el desenlace del proceso electoral.
El oficialismo exhibió un optimismo desbordante y calificó la elección de exitosa, ejemplar, incluso innovadora. La presidenta dijo que “cada voto cuenta igual”, que esa es la esencia de “la verdadera democracia” y si “antes decidían unos cuantos, hoy decide el pueblo ejerciendo uno de sus derechos constitucionales fundamentales, el de participar en su destino”. Está claro que cada voto cuenta igual, pero en un contexto de tan baja participación habría que saber cuánto cuenta el no voto.
Por su parte, López Obrador, gran responsable de esta reforma, manifestó desde Chiapas, donde votó: “Nunca, en la historia de nuestro país, el pueblo, de manera directa, había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Es la primera vez en la historia, por eso quise participar en esta histórica elección”. A nadie se le escapa que la justicia mexicana necesitaba una reforma en profundidad que eliminara la ineficiencia, la lentitud y la parcialidad, pero no ésta, no la de un solo hombre sin ningún consenso político.
Dado lo enrevesado del proceso, aún no se conocen los resultados completos, que terminarán de difundirse el 10 de junio. Sin embargo, ya se sabe que la Suprema Corte de Justicia estará totalmente en manos de magistrados afines a Morena. Las cinco mujeres y cuatro hombres elegidos eran los que figuraban en los “acordeones”, propuestas de nombres elaboradas por el partido oficialista pese a su ilegalidad, y serán quienes integren la máxima instancia judicial del país y el mayor trofeo electoral de la jornada dominical.
Según Héctor Aguilar Camín, en la estela de lo que en su día dijo Vargas Llosa, México es hoy una dictadura constitucional. Lo que está claro es que la hegemonía de Morena es muy superior a la que ejercía el PRI y que los espacios para el disenso que otrora se habían abierto se fueron cerrando uno tras otro. La captura partidaria de las instancias encargadas de gestionar unas elecciones libres, transparentes y equilibradas es una clara muestra de ello. Más allá de los adjetivos que se adopten, lo ocurrido con el Poder Judicial supone un retroceso para la democracia y la justicia mexicanas.
Publicado en El Periódico de España el 6 de junio de 2025.
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