El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a manos de los cárteles de la droga, otro magnicidio que conmueve al país y desafía el poder del Estado.
Para el mexicano la muerte es un tema serio. Es una compleja mezcla de la vida, la celebración y el recuerdo, no una ausencia final. Se le ve como una etapa más de la existencia y un momento para honrar y celebrar a los seres queridos fallecidos quienes, se cree, que regresan anualmente para convivir con la familia. El Día de Muertos, es la celebración más representativa de esta concepción. Es una fiesta donde se montan coloridos altares con ofrendas de comida, bebidas, flores y fotos de los difuntos, creando un espacio para que las almas regresen a convivir con sus familias.
Carlos Manzo, fue asesinado el pasado 1° de noviembre justamente mientras participaba con su familia en el Festival de las Velas, uno de los eventos tradicionales del Día de Muertos. Acababa de tener en brazos a su hijo y de repente le dispararon 7 balazos. Tenía 40 años y era el alcalde de Uruapan, Michoacán, donde operan el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios. Manzo hizo del tema de la seguridad y la lucha contra los grupos delictivos su bandera, instó en múltiples ocasiones al gobierno ´provincial y al gobierno federal a reforzar la seguridad de su municipio con mayor presencia militar y policial para enfrentar al crimen organizado. No tuvo eco a sus pedidos.
Uruapan es el corazón de Tierra Caliente, es el centro del estado de Michoacán donde se cultivan y comercializan, aparte de las drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo, los dos principales frutos que controla el crimen organizado: el aguacate o palta y el limón. Este negocio es el que les permite mantener el control territorial de esa zona de alto conflicto.
La ejecución de Manzo, realizada por un adolescente de 17 años que había sido cooptado por el crimen organizado desde los 13, no es el primer alcalde víctima de la crisis de inseguridad que se vive en México. En el último año 10 alcaldes han sido asesinados con un mensaje más que claro: los grupos armados y poderes fácticos imponen el control territorial.
En los últimos 25 años, 119 alcaldes en funciones y electos han sido asesinados en México, lo que promedia uno cada dos meses y medio. Michoacán es la provincia que encabeza esta estadística con 20 ejecuciones. El modus operandi más frecuente es la emboscada, para en seguida cometer la ejecución con arma de fuego. En gran parte de los casos, el alcalde -o presidente municipal como se le denomina en el país- es asesinado junto a sus choferes, escoltas, familiares o esposas. También se registran casos de asfixia, privación de la libertad, estrangulamiento, contusiones, puñaladas, decapitación y hasta lapidación.
Los ayuntamientos en México operan a ras de tierra, con obras pequeñas, contratos de proveeduría, seguridad pública de prevención, licencias, permisos, acceso a dinero y a mano de obra electoral. Los patrones de victimización siguen un conjunto de dinámicas reconocibles: alcaldes amenazados cuando se niegan a pagar cuotas; extorsionados por presupuestos de obra pública; asesinatos ligados a control de rutas de trasiego; desapariciones en pueblos serranos donde sólo hay una carretera de entrada y otra de salida.
En definitiva, donde el Estado no llega con seguridad y fiscalización –como sucedió con Manzo–, el crimen organiza el orden, decide quién gobierna y quién no. En esos lugares, un alcalde asesinado no sólo implica una muerte, sino también el reemplazo forzado de la autoridad.
El país viene atravesando desde hace muchos años, una crisis de violencia e inseguridad que cobra muy caro a sus ciudadanos, Evidentemente las estrategias de seguridad publica han evidenciado fallas estructurales que limitan su efectividad, lo que ha significado un aumento sostenido de la violencia y la inseguridad del país.
Como ejemplo, en los últimos 25 años, México ha sufrido más de 600 mil homicidios dolosos y feminicidios, lo que equivale a 72,5 casos en promedio al día según datos oficiales. El 79 por ciento de dichos casos de violencia política se concentran en funcionarios de nivel municipal. Esa violencia no es anecdótica ni marginal: en el recuento de datos que sostiene Data Cívica únicamente para autoridades municipales (alcaldes, alcaldesas, ex alcaldes, alcaldes electos y familiares), aparecen 691 ataques documentados entre 2017 y 2025.
El Gobierno Federal sigue creyendo que con omitir en su discurso el problema o continuando con el slogan, tan potenciado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de “abrazos no balazos” e intentando erradicar las causas que genera el problema, todo se va a solucionar. Sin embargo, donde el Estado está ausente y no llega con seguridad y fiscalización –como sucedió con Manzo–, el crimen organiza el orden, decidiendo quién gobierna y quién no. En esos lugares, un alcalde asesinado no sólo implica una muerte, sino el reemplazo forzado de la autoridad.
Como dice Beatriz Pages, editora de la reconocida e histórica revista Siempre. “El gobierno federal es y se siente culpable del homicidio. En su lápida debe grabarse como epitafio: “Fue abandonado”. Nunca imaginaron que el acribillamiento de Carlos Manzo iba a provocar en Michoacán un levantamiento social que bien podría replicarse en todo el país”.
El país no está en paz y mientras no se tenga una estrategia integral de combate al narcotráfico y al crimen organizado que garantice los derechos humanos y ponga al ciudadano en el centro de las decisiones, no lo estará. Vuelvo a mencionar a Beatriz Pages en el cierre de su editorial semanal y abre un interrogante. ¿Claudia Sheinbaum es la Presidenta que hoy necesita México para acabar con el poder de los cárteles? ¿Tiene la voluntad o se le escapará de las manos?. El destino hoy le está alcanzando a la Presidenta.
