Nuevamente, y a raíz de un crimen lamentable que conmociona a la provincia de Santa Fe, el Poder Ejecutivo amenaza con enviar un proyecto de ley al congreso para la creación de un régimen penal juvenil.
Un régimen que sustituya al vigente, que lleva la firma de Videla, y si se tratara de un proyecto igual o parecido al enviado recientemente por el ministro Cuneo Libarona, estaría logrando lo que parecía imposible: empeorar la peor ley de América Latina en la materia.
Si consideramos las primeras declaraciones de los funcionarios, pareciera que la propuesta ha sido recibida con entusiasmo. Sin embargo, nadie parece tener la voluntad de hacer un análisis complejo y riguroso de las posiciones del Ejecutivo.
Si tomamos en consideración los anuncios y el hecho de que el gobierno ya envió hace menos de un año, un proyecto de ley penal juvenil, podemos suponer que el nuevo proyecto insistirá con dos cuestiones centrales: por un lado, la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, es decir, tratarlos como adultos a partir de esa edad, cuestión que resulta incompatible con nuestra Constitución Nacional y con fallos de la Corte Suprema y, por otro, aplicarles penas de 20 años de cárcel. Todo esto como pretensa solución al problema de la inseguridad ciudadana.
Sería realmente peligroso que los decisores políticos confíen en estas premisas como solución al problema de la inseguridad. Los discursos que pretenden prometer seguridad, con una ley penal, son discursos falsos y populistas, ya que una ley penal actúa ex- post regulando la relación entre el que delinque y el Estado y no la seguridad ciudadana. Tan falsos como aquellos que defienden el decreto de Videla agitando la consigna de “no a la baja” cuando hoy en día hay personas menores de 16 años presas sin ninguna garantía de debido proceso.
Sería importante que el debate sobre un tema tan complejo abandone las consignas vacías y repare en la diferencia entre la imputabilidad (que no implica otra cosa que tratar a las personas menores de edad como adultos con penas de adultos) y la responsabilidad penal que impera en el resto de los países de América Latina.
¿O acaso alguien ha hecho notar que el monto máximo de la privación de libertad para los menores de 18 años es de 3 años en Brasil y 10 en el Uruguay? En ambos países los adolescentes son responsables penalmente, mas no imputables como adultos.
La democracia argentina se debe un debate serio y riguroso sobre la materia. Resulta urgente derogar el Decreto N° 2278 de Videla y sancionar un nuevo régimen penal juvenil democrático, acorde a la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Lejos de esto pareciera estar la propuesta del ejecutivo.
