El Poder Ejecutivo nacional se encuentra ultimando los detalles finales del borrador para formalizar el envío del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso.
Según la información se prevé que ingrese en el Congreso la semana del 14 de setiembre y que el debate parlamentario comience en la Cámara de Diputados entre fines de septiembre y principios de octubre de 2026.
Hay que tener en cuenta que el martes 15 de setiembre, entrará la ley mas importante: El proyecto de ley de PRESUPUESTO 2027.
Por otro lado, también debe considerarse que se producirá en el Congreso un choque de intereses, ya que avanzan dos trenes a distintas velocidades por la misma vía. El Congreso con su agenda de endeudamiento y morosidad y el PE, con su agenda de Malvinas. En el medio la discusión del Presupuesto 2027.
Contexto y Puntos Principales del Proyecto
La iniciativa fue anunciada por el presidente Javier Milei en cadena nacional el pasado 3 de septiembre de 2026, motivada principalmente por el avance del proyecto petrolero británico Sea Lion en la zona de las Islas Malvinas y la necesidad de resguardar los recursos del Atlántico Sur.
Entre sus ejes principales, recientemente incorporados, se destacan:
Inclusión de la pesca y recursos marinos: Se amplía el alcance de sanciones no solo para hidrocarburos, sino también para actividades pesqueras y aprovechamiento de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina realizadas sin autorización.
Reforma del marco sancionatorio: Modificaciones e intensificación del alcance de la Ley 26.659, facilitando penas administrativas y sanciones económicas para empresas (y sus socios o proveedores) que participen de explotaciones no autorizadas.
Creación del Consejo de Seguridad Nacional: Un nuevo organismo destinado a la protección de infraestructura crítica, la seguridad marítima y la coordinación de estrategias de defensa aeroespacial.
Mecanismos judiciales: Incorporación de herramientas como el juicio en ausencia para poder juzgar imputaciones vinculadas a violaciones de la soberanía nacional.
En materia de pesca y preservación de recursos marinos, el proyecto de ley contempla los siguientes aspectos centrales:
- Inclusión explícita de la pesca ilegal: Se equipará y sanciona la explotación pesquera no autorizada con la exploración y explotación de hidrocarburos dentro del ámbito de la Ley 26.659.
- Extensión de la jurisdicción: Aplica a toda actividad pesquera que se lleve a cabo sin concesión, permiso o autorización de la autoridad de aplicación argentina dentro de la Plataforma Continental Argentina y la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
- Régimen de sanciones y penalidades:
- Multas y decomiso: Inhabilitación de operar en el país, decomiso de buques o de las capturas obtenidas ilegalmente y sanciones económicas severas.
- Alcance corporativo: Las penalidades se extienden a empresas asociadas, filiales, accionistas y proveedores de servicios que brinden apoyo logístico u operativo a flotas o buques que operen sin autorización argentina en la zona.
- Prohibición de contrataciones estatales: Inhabilitación para actuar como proveedores del Estado o bitácoras comerciales en el territorio nacional a las compañías físicas o jurídicas vinculadas a la pesca no autorizada en aguas jurisdiccionales o reclamadas por el país.
- Fortalecimiento del control marítimo: Coordinación entre el Ministerio de Defensa, la Prefectura Naval Argentina y el nuevo Consejo de Seguridad Nacional para intensificar los patrullajes y el monitoreo satelital en el Atlántico Sur.
Aquí hay que hacer algunas salvedades: a. La coordinación entre La ARA y la PNA es en base a un instrumento administrativo (Convenio de partes); le corresponde a cada Fuerza actuar cada 15 días en el mes.; los recursos con los que cuentan, presupuestarios y de capacidades no se condicen con la necesidad de Control y Vigilancia del mar Austral.; El “nuevo Consejo Nacional de Seguridad” es una Agencia aun no creada, solo enunciada.; Hay leyes vigentes que se están aplicando contra la Pesca Ilegal; hay acción de la Justicia sobre la pesca Ilegal; hay jurisprudencia y Leading Case; el gobierno se olvido de mencionarlo en el discurso de la Cadena Nacional del presidente Milei. Esta actividad, representa una pérdida de más de u$s 2.000 millones por año para Argentina.
