Como consecuencia de las desgarradoras experiencias sufridas por la Guerra de Malvinas y las violaciones a los Derechos Humanos durante el último gobierno militar, la cuestión de la seguridad externa (que incluye la defensa) ha quedado entre algunos argentinos, asociada al desprecio por la ley y a supuestos siniestros intereses contra el pueblo.
Sin embargo, esta tensión entre la seguridad y la ley no constituye una excentricidad argentina, sino que responde al clásico dilema que, abrevando en el renacimiento de la tradición romana (la proverbial devoción de Cicerón por los ideales republicanos de la patria y las leyes), desveló al célebre y malinterpretado diplomático florentino Nicolás Maquiavelo durante su amargo ostracismo, que denominé “dilema republicano” o “desvelo maquiaveliano”: ¿cómo conciliar los dos amores de su credo republicano, la seguridad externa de su asediada patria y las conculcadas leyes de la libertad?
En un pasaje de El príncipe, la obra que lo convirtió en el más sabio de todos los hombres que se hayan dedicado a los intrincados asuntos de la política, cristalizó el axioma “buenas leyes-buenas armas” con las siguientes palabras: “los principales fundamentos que pueden tener todos los Estados […] son las buenas leyes y las buenas armas, [pues] no puede haber buenas leyes donde no hay buenas armas y donde hay buenas armas conviene que haya buenas leyes […]”. En El arte de la guerra, el florentino metaforizó con elocuencia el mismo concepto: “El mejor de los regímenes, sin la defensa militar, correría la misma suerte que las estancias de un soberbio y real palacio que, aun resplandecientes de oro y lujos, carecieran de techo y no tuvieran cómo resguardarse de la lluvia.”
Esta máxima genial, observada por las democracias líderes, incluida la nuestra hasta los golpes de 1930 y 1943, e ignorada con ostensibles resultados por algunos ahora arrepentidos Estados de la asediada Europa actual, sufrió aquí en los últimos decenios un inflamado embate, instaurando como paradójica consecuencia una deletérea convivencia entre las peores leyes y las peores armas, en las antípodas de lo que proponía Maquiavelo, impuesta por una de las dirigencias consistentemente más violentas y autoritarias de nuestra historia democrática. El infeliz resultado ha sido que la seguridad y la defensa del país padecen de una desacreditada reputación entre las prioridades del Estado, pues han quedado errónea y arteramente asociadas al desprecio por la ley.
Imitando a todo país sensato, la Argentina debería despejar esa prejuiciosa rémora del pasado, reivindicar el notorio compromiso actual de las FFAA argentinas con la democracia y el Estado de Derecho, y acompañar esta flamante y arrolladora voluntad popular de regenerar sus principios legales fundacionales, con una decidida provisión de recursos inteligentes y de última generación (esencialmente tecnológicos y, entre ellos, más software que hardware) para “proveer a la defensa común” –como lo exige el Preámbulo constitucional–, proporcionales a las inmensas escalas de lo que la Argentina tiene por proteger de actuales asedios (narcotráfico, terrorismo y ciberdelito internacional, separatismo pseudomapuche, infiltraciones de peligrosas potencias, depredación del Mar Argentino, etc.) e incluso de otras amenazas posibles o probables, pues entre las aparentemente insignificantes distancias entre unas y otras eventualidades –lo actual, lo posible y lo probable–, podría llegar a jugarse la existencia misma de nuestra nación.”
Publicado en La Nación el 17 de febrero de 2024.