El lunes 29 de septiembre por la noche se celebró la cena anual de la Fundación Poder Ciudadano. En la misma, su presidente Martín D’Alessandro, brindó un importante discurso sobre el valor de las instituciones, que transcribimos a continuación.
Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestra cena anual. Y gracias también por confiar en que escucharnos entre todos es un valor importante de la vida social y ciudadana, y que todavía es posible.
La corrupción en el ámbito público, es un problema que tiene dimensiones múltiples: es un problema moral, de comportamiento individual pero también colectivo; es un problema estatal, porque obtura la efectividad de las políticas públicas; es un problema republicano, porque restringe el imperio de la ley y la igualdad ante la ley; es un problema democrático, porque aumenta la desconfianza en las instituciones del régimen, y es también un problema económico, porque limita el crecimiento y la asignación eficiente de los bienes públicos.
En nuestro país, además, la corrupción sigue siendo una enfermedad endémica. De hecho, en las encuestas sigue en el tope de las preocupaciones de la ciudadanía. Y en el Índice de Percepción de la Corrupción que confecciona anualmente Transparencia Internacional para 182 países, Argentina se ubica recién en el puesto 104, con apenas 36 puntos sobre 100. Es el peor resultado de los últimos 10 años, consolidando la tendencia declinante de los últimos 6 años.
Entonces resulta imperioso ocuparse de este tema en serio de una buena vez. Pero no solo porque es lo que corresponde desde un punto de vista moral y normativo. Este índice es el más consultado por los inversores globales sobre la integridad de las naciones, y para un país que pretende mejorar su imagen internacional y atraer inversiones, este mal desempeño debiera generar alguna inquietud, y alguna respuesta.
Sin embargo, la Argentina parece ir en la dirección contraria. En los últimos años no solo no se ha avanzado en ninguna política específica destinada a incrementar la transparencia, sino que pareciera que buscamos ampliar la impunidad. Por ejemplo, buscando reducir la cantidad de juzgados con capacidad para investigar la corrupción de los funcionarios.
En esa misma dirección, este año se envió al Congreso un proyecto de “inocencia fiscal”, que originalmente habilitaba a que los funcionarios públicos pudieran blanquear su dinero no declarado sin tener que dar explicaciones.
Otro proyecto, el de la “reforma política”, incluye, en contra de las tendencias y las buenas prácticas globales, la liberación de los límites a las donaciones de dinero en las campañas electorales, y la habilitación a campañas paralelas sin controles.
Para no mencionar el aumento exponencial del gasto en agencias de inteligencia sin ninguna rendición de cuentas, o el aval sistemático a mentiras y dilaciones, para ocultar enriquecimientos a todas luces sospechosos en el ejercicio de la función pública, como hemos visto este año, en un espectáculo inédito por su combinación de arrogancia y tozudez, de tragedia y de comedia.
No parece casual, entonces, que según el último informe sobre inversiones de la OCDE, la Argentina haya caído al último lugar de la región en recepción de inversiones extranjeras.
Es más, si son correctas las estimaciones que la corrupción hace perder al país entre un 8 y un 10 por ciento del PBI al año, imaginemos lo rentable que podría resultar la lucha contra la corrupción.
En la lucha contra la corrupción hay que ser proactivos, porque sencillamente no es correcto el diagnóstico que “la corrupción va a desaparecer con el solo achicamiento del Estado”. Por supuesto que las regulaciones desmedidas pueden ser una fuente de corrupción, pero la desregulación acrítica también puede dar oportunidades para el aprovechamiento de la debilidad del Estado. Por ejemplo, en diciembre del año pasado, Poder Ciudadano denunció ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que tras haberse eliminado trámites y controles, estaban entrando al país autos de lujo declarados como autos de colección, evadiendo así muchos millones de pesos en impuestos. A partir de nuestra denuncia, se detectó un posible delito de contrabando agravado, se sancionó a funcionarios, se modificó la normativa y se elevó el caso a la Justicia Penal Económica. Casos como este, demuestran lo necesario tanto de un diagnóstico más sofisticado del problema, como de la fortaleza de las instituciones y la participación de una sociedad civil atenta.
Las instituciones importan, y es necesario no degradarlas, sino por el contrario, reforzar la confianza social que reciben. Lo que estamos diciendo es que la transparencia y la democracia no son elementos meramente decorativos en el crecimiento económico de los países.
Muchos de los que estamos acá somos parte de una minoría intensa de esta postura, porque creemos que ningún resultado, ninguna política pública, ninguna ideología, ninguna lealtad partidaria, justifica correr los límites de la democracia, sacrificar los principios del republicanismo o tolerar la corrupción. Y estamos convencidos de que nuestra militancia es útil, porque hay sobrada evidencia científica de que el crecimiento económico por sí mismo, cuando lo hay, no promueve la democracia. De hecho, nuestro país es un caso paradigmático de esto: en la historia de los golpes de Estado en el mundo, ningún país tuvo jamás mejores ingresos que Argentina en 1976.
Hay que pensar el tema a la inversa: las reglas estables, la Justicia independiente, la transparencia y la integridad, reducen la incertidumbre económica, y mejoran las condiciones para atraer inversiones y acceder al crédito.
En línea con lo anterior, si el nervio central de la democracia es la posibilidad de cuestionar y controlar a los gobernantes, el núcleo moral de una cultura liberal democrática consiste en el reconocimiento de los demás como con-ciudadanos y como co-legisladores democráticos. Por lo tanto, la participación de la sociedad civil debería ser entendida como un aporte, no como un estorbo. Sin embargo, vemos que se pretende instalar lo contrario: a saber, una intolerancia que no para de crecer, y la reducción de las instancias de participación de la sociedad civil.
En contra de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el gobierno nacional viene buscando limitar la participación de la ciudadanía:
Al decreto que limitó el acceso de los ciudadanos a la información pública, se suma ahora el decreto que elimina la participación y consulta ciudadana en el proceso de designación de jueces. Y confirmando esa intención, se enviaron al parlamento dos proyectos que incluyen artículos muy problemáticos: en el proyecto de “regulación del lobby” se busca controlar y someter a las miles de ONGs que tiene el país a un régimen de vigilancia que exige informar al Estado prácticamente todos sus movimientos. Y en el proyecto de “defensa de la soberanía nacional” se pretende limitar nuestra libertad de opinión. Y en ambos casos se prevén ambiguos delitos de prisión, lo que nos acerca más a los modelos de Venezuela, Hungría y Nicaragua, que a Estados Unidos o Europa. Esperamos que el Congreso advierta los peligros para la democracia y la inconstitucionalidad de estos artículos, que para nosotros son evidentes.
En resumen, los políticos no se dejan ayudar por los ciudadanos.
Entonces, ¿cómo vamos a recuperar ese valor esencial para la democracia que es la confianza en la política y las instituciones, si vemos que es el mismo Estado el que desconfía de su propia ciudadanía? ¿Qué podemos hacer entonces para ayudar?
En abril de 1989, en la primera convocatoria pública que hizo Poder Ciudadano, su fundadora, Marta Oyhanarte, dijo: “Hemos iniciado un camino que pretende reavivar nuestra conciencia cívica. Esto implica un cambio de modalidad en nuestra forma de pensar y de actuar, porque somos copropietarios de esta democracia (…) Intentamos ser promotores de participación para vivir en un país normal, con un sistema de normas claras que sean cumplidas por gobernantes y gobernados. El espíritu que guía a Poder Ciudadano es la suma de muchos que hacen poquito y no a la inversa. Defendemos una filosofía de vida que permita consolidar la ética en la política, la vida constitucional y el Estado de derecho”.
Esa marca de nacimiento todavía orienta nuestras convicciones, nuestro camino y nuestra propuesta. Y estamos seguros de que es una llave maestra para restaurar esa confianza, tan necesaria. Por eso queremos invitarlos a ustedes, y a toda la sociedad, una vez más, a compartir esa filosofía de vida.
Poder Ciudadano configuró la corrupción como problema público en el país, convencido de la necesidad del activismo social para complementar los controles y las sanciones por parte del propio Estado. Nunca tuvimos una posición antipolítica, ni alimentamos los escándalos, ni el fanatismo punitivo, ni el falso moralismo (de creer, por ejemplo, que hay personas que son moralmente inferiores a otras por sus ideas políticas). Por el contrario, hemos difundido una visión pluralista, constructiva, sistémica, de reforzar la transparencia preventiva, los controles, la rendición de cuentas. En definitiva, la calidad institucional. Por eso para Poder Ciudadano, las instituciones importan siempre, gobierne quien gobierne.
Cuando cada ciudadano se repliega en su mundo privado, la esfera pública se empobrece. Y un país con una vida pública lánguida queda vulnerable frente a la amenaza, siempre acechante, del autoritarismo. En cambio, cuando una sociedad se organiza y exige, refuerza la confianza entre la gente y las instituciones del Estado, y entonces las probabilidades de autocratización disminuyen, y las probabilidades de desarrollo aumentan.
Este capital social, esta cultura política y cívica de la sociedad civil, que son el horizonte permanente de Poder Ciudadano (de su dirección y de todo su equipo de trabajo) resultan entonces sustantivos (y quizás incluso en mayor medida que los propios partidos políticos) para restaurar los lazos de confianza necesarios para el desarrollo y para el buen funcionamiento de las instituciones, que importan, y mucho.
Muchas gracias.
