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Opinión 23 10 2020

La usurpación, un delito contra la propiedad privada


Autor: Mariano Borinsky y Juan Pascual









La Real Academia Española, define a la usurpación como la conducta de “apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia”. El Código Penal de la Nación, vigente del año 1921, prevé a esta conducta como delito, en el artículo 181, con pena de prisión de seis (6) meses a (3) tres años. Sin embargo, el tipo penal requiere “algo más” para su configuración que el despojo de una propiedad.

Para que el delito se tipifique, la materialización de la conducta debe ser mediante despojo, ya sea invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes; turbando su posesión o bien por medio de destrucción o alternado términos o límites.

El despojo es la privación de la ocupación del inmueble a su tenedor o poseedor, que tiene el sentido de quitar, de sacar de la ocupación o impedir la ocupación del inmueble, total o parcialmente.

Por ende, tanto puede haber despojo desplazando al poseedor o impidiéndole que realice actos propios de la ocupación que venía ejercitando. La usurpación se concreta mediante cuatro modalidades: a) violencia, b) engaño, c) abuso de confianza y d) clandestinidad.

La norma limita la tutela a bienes “inmuebles”. Contempla tanto el despojo total como parcial de la posesión o tenencia de un bien ”inmueble” o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él. Se protege penalmente el derecho constitucional de propiedad (Art. 17 CN).

Este delito, a modo de referencia, en el ámbito de la CABA fue transferido de la justicia Nacional a la CABA en el año 2008, mediante ”Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El tipo penal a estudio en su redacción actual dice: “Artículo 181.- Será reprimido con prisión de seis meses a tres años:

1º) el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes;…2º) el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo;…3º) el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble”.

Esta modalidad delictual que se encuentra en desarrollo en la praxis social fue objeto de análisis y modificaciones por parte de la Comisión de Reforma del Código Penal; proyecto elevado por el Poder Ejecutivo de la Nación (PEN) al Congreso de la Nación y actualmente en tratamiento ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación desde el 4/6/2019 por vez 1° en 100 años un Proyecto de Reforma del Código Penal se encuentra a estudio en el Parlamento.

En sustancia y luego de escuchar en el ámbito de la Reforma del Código Penal a la Asociación de Víctimas de Usurpación, se elevó el máximo de la escala penal que actualmente es de 3 años de prisión (por tanto, la pena puede ser dejada en suspenso) a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo de pena en el Proyecto de Reforma del nuevo Código Penal.

Asimismo, toda vez que el nuevo Código Penal busca “ordenar” y “codificar” todas las normas que prevén conductas prohibidas -junto a sus consecuencia- el proyecto de nuevo Código Penal incorporó como último párrafo un agravante -por su mayor contenido de injustopara el supuesto de usurpación de un parque nacional con un mínimo de pena de prisión de 2 años y un máximo 5 años de prisión.

Esta modalidad delictiva que afecta directamente al derecho constitucional a la propiedad privada aparece solo como una de las tantas formas en que la inseguridad se expresa en la actualidad.

Frente a ello, lo que se pretende poner de manifiesto es que las sucesivas conductas delictivas que a veces se presentan como cuestiones novedosas y que reclaman en consecuencia una respuesta penal, tendientes al resguardo de la sociedad, son alternativas que el nuevo Código Penal ya contiene, y que fueron previstas y pensadas a lo largo de los dos años en los que la comisión trabajó en el proyecto que actualmente se encuentra en tratamiento ante el Honorable Senado de la Nación desde junio de 2019.

Por ello, la solución no debe ser parcial buscando respuestas inmediatas a problemas particulares; esto es, reeditando la mecánica de emparchar un Código Penal que tiene casi 100 años de antigüedad y ha sufrido más de 900 reformas legislativas.

Es necesario, y así lo instamos, reafirmar la vigencia del sistema penal argentino por intermedio del tratamiento de un nuevo ordenamiento estructural y general como es el proyecto de Código Penal, que trata problemas fundamentales como la inseguridad y la propiedad privada, dándole el nuevo Código Penal la adecuada protección legal a la sociedad Argentina, a la vez de generar reglas claras, actuales y seguridad jurídica.

Publicado en Clarín el 22 de octubre de 2020.