No necesitamos volver a la fórmula de la “banalidad del mal” para comprender lo que ocurre en Venezuela. Ese concepto, aunque útil, se ha desgastado en su repetición. Lo que hoy vemos es más radical: la institucionalización de la desesperanza como forma de gobierno. No se trata solo de que la violencia se haya normalizado, sino de que la vida misma ha sido reducida a un cálculo biológico administrado por el poder. La muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero Navas, las desapariciones forzadas de estudiantes y militares disidentes, la represión sistemática de voces críticas y la miseria que empuja incluso a profesionales con múltiples carreras a la desesperación y al suicidio son síntomas de un país donde la existencia se ha convertido en mera supervivencia. El Estado ya no protege: gestiona la escasez, administra el miedo y convierte la desesperanza en política pública.
Hablar de cifras y diagnósticos es insuficiente. Lo que ocurre en Venezuela se mide en vidas truncadas. Pensemos en la madre que recorrió cárceles durante dieciséis meses buscando a su hijo, mientras el Estado ocultaba que ya había sido enterrado en secreto. Los cargamentos de medicinas anunciados con pompa, pero que nunca llegan a los hospitales. Los jóvenes que, tras años de estudio, descubren que su título universitario no vale más que un salario pulverizado que no alcanza ni para un kilo de pan. La desesperanza no es un concepto abstracto: es el padre que decide emigrar porque no puede alimentar a sus hijos, es la mujer que enfrenta la disyuntiva entre comprar antibióticos o pagar el transporte, es el que se quita la vida porque el país le niega toda posibilidad de avanzar.
La democracia en Venezuela no fue simplemente vaciada: fue convertida en un teatro macabro donde las instituciones dejaron de ser árbitros de justicia para transformarse en verdugos con toga y sello oficial. Los tribunales ya no dictan sentencias, sino castigos políticos; las fiscalías no investigan delitos, sino disidencias; las defensorías no protegen al ciudadano, sino al poder que lo oprime. La llamada Ley de Amnistía no es un gesto de reconciliación, sino la escenografía de un crimen encubierto. Se presenta como apertura, pero en realidad es un contrato de silencio: se liberan algunos prisioneros para mostrar clemencia, mientras se blindan los responsables de torturas y desapariciones. Es como abrir una ventana en una casa en ruinas para que entre aire fresco, mientras se ocultan los cadáveres en el sótano. La amnistía no es justicia, es un disfraz que convierte la impunidad en política de Estado.
La violencia en Venezuela no es un accidente ni un exceso: es el sistema mismo. Se despliega en múltiples formas que se entrelazan y se refuerzan. La violencia institucional se ejerce a través de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, como muestran los casos de Quero Navas, Óscar Pérez o los estudiantes, militares y policías detenidos y torturados. La violencia parapolicial se manifiesta en colectivos armados que patrullan barrios, intimidan vecinos, controlan el acceso a alimentos y ejercen un poder paralelo con total impunidad. La violencia militar se expresa en oficiales fieles a la ideología oficial que reprimen protestas, controlan territorios y garantizan la supervivencia del régimen, mientras la corrupción convierte a soldados en verdugos y a generales en empresarios del miedo. La violencia económica pulveriza salarios, mantiene inflación crónica y escasez de medicinas y alimentos, transformando el hambre en herramienta de control: un pueblo agotado por la búsqueda diaria de comida no tiene energía para la acción política. La violencia cultural destruye valores universales como justicia, solidaridad y dignidad, reemplazándolos por una narrativa de odio y confrontación, generando una desmoralización difícil de reconstruir. La violencia migratoria expulsa a más de siete millones de venezolanos, que en el exilio enfrentan discriminación y precariedad, mientras el régimen capitaliza las remesas como fuente de ingresos. Cada una de estas violencias es un rostro distinto del mismo monstruo: un sistema que convierte al ciudadano en enemigo y al país en un campo de ruinas.
Tal vez ninguna etiqueta alcance para describir lo que ocurre. No es solo un catálogo de horrores, sino un sistema que ha hecho de la desesperanza su política pública y de la miseria su herramienta de control. ¿Cómo nombrar un país donde la vida se reduce a sobrevivir, la esperanza se administra como ración escasa y el futuro se negocia en mesas extranjeras mientras las cárceles siguen llenas? Quizá el verdadero nombre de esta realidad sea el que aún no hemos inventado, porque estamos ante una forma inédita de dominación: la de un poder que no necesita convencer ni seducir, solo desgastar hasta que la sociedad se rinda en silencio.
En medio de esto, Estados Unidos y otros actores internacionales enfrentan una disyuntiva: presionar por la democratización o legitimar al régimen a cambio de estabilidad energética. Las reuniones con Chevron y ExxonMobil, la retirada del uranio como símbolo de “renovación” o la narrativa de cooperación son ejemplos de cómo se puede blanquear un gobierno represivo. Este blanqueo es peligroso porque envía al mundo la señal de que los crímenes de lesa humanidad pueden ser tolerados si convienen a los intereses estratégicos. La comunidad internacional debe entender que la estabilidad no puede construirse sobre la impunidad. Cada desaparecido, cada torturado, cada madre que busca a su hijo en cárceles y morgues dice a todas luces que la democracia no puede ser negociada como mercancía.
La transición en Venezuela no puede reducirse a promesas de prosperidad importada; exige desmontar las estructuras que sostienen la represión, devolver independencia a la justicia y dignidad a la vida cotidiana. Mientras el hambre y el miedo sigan siendo tecnologías de gobierno, cualquier intento de cambio será un espejismo. El país vive una normalidad anormal donde la miseria es rutina y la comunidad internacional oscila entre la denuncia y el blanqueo. Mirar a Venezuela como tablero geopolítico es negar que detrás hay seres humanos que sufren, que mueren en cárceles, que se suicidan por desesperanza y que aún reclaman justicia. La tarea es romper esa rutina del horror y devolver esperanza a un pueblo despojado de todo, menos de su derecho a resistir.
Por José León Toro Mejías, – Profesor, escritor. Autor de La Migración en América: retos, oportunidades y testimonios, fundador de la Organización de Apoyo al Migrante Arepa Viva y referente en la lucha por la dignidad de migrantes y refugiados.
