La prolongada crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas excede el problema administrativo: deteriora la vida de quienes sirven, afecta a sus familias y puede debilitar la disponibilidad operativa de una institución esencial del Estado.
Durante años, la crisis de IOSFA fue tratada como una suma de balances, expedientes y cambios de autoridades. Pero detrás de cada cifra hay una realidad más concreta: tratamientos demorados, medicamentos que no llegan, prestadores que interrumpen servicios y familias obligadas a adelantar dinero o recurrir a la Justicia. Cuando esa incertidumbre se vuelve permanente, deja de ser una contingencia sanitaria y se transforma en un problema institucional.
El personal militar trabaja bajo exigencias físicas, psicológicas y familiares particulares. Cumple guardias, despliegues, adiestramientos y misiones con riesgos que no admiten distracciones evitables. La preocupación por una consulta que no se autoriza, una terapia interrumpida o un familiar sin cobertura acompaña al trabajador hasta su puesto. Sostener ese cuadro en el tiempo erosiona el bienestar, la concentración y la confianza en la institución que debe respaldarlo.
No se trata de afirmar que cada falla médica produce de manera automática un incidente operativo. Sí de comprender que la salud, el descanso y la tranquilidad familiar son condiciones básicas para trabajar con seguridad. En una fuerza armada, la disponibilidad del personal no depende solamente del equipamiento o del presupuesto, que por demás es exiguo: también exige prevención, atención oportuna, seguimiento clínico y una red capaz de responder en todo el territorio.
La creación de OSFA abrió una transición necesaria, pero no resolvió por sí sola el problema. IOSFA Residual continúa interviniendo porque la nueva obra social todavía no cuenta con una red suficiente para asumir toda la atención. Así, la estructura que debe liquidar deudas también sostiene prestaciones corrientes. Esa superposición amenaza con extender el pasivo, multiplicar demoras y convertir lo transitorio en una nueva normalidad.
La transición sumó además una señal de inestabilidad institucional: el 24 de septiembre de 2026 renunció el coronel mayor retirado Ariel Guzmán, administrador encargado de la liquidación de IOSFA, después de reunirse con el ministro de Defensa, Carlos Presti. La salida se produjo en medio de diferencias sobre los tiempos del proceso y la continuidad de las prestaciones, luego de que Guzmán advirtiera que IOSFA Residual seguía atendiendo afiliados porque OSFA aún no había cerrado acuerdos suficientes con prestadores y proveedores. La renuncia dejó pendiente la designación de una autoridad que asegure la conducción y la rendición de cuentas durante una etapa crítica de la reorganización.
El impacto es más severo en el interior, donde hay menos prestadores y las derivaciones exigen viajes, alojamiento y acompañamiento. El reemplazo de recursos propios por sistemas de reintegro puede agravar esa desigualdad si obliga a las familias a financiar primero gastos que no siempre están en condiciones de afrontar. Una cobertura que depende del lugar de residencia o de la capacidad de adelantar dinero deja de ser plenamente solidaria.
Las diferencias entre las estimaciones de deuda obligan a transparentar fechas, conceptos y metodologías. El informe registra un déficit mensual que primero fue estimado entre $10.000 y $15.000 millones y luego informado por el Ministerio de Defensa en $19.000 millones, además de un pasivo de magnitud extraordinaria, calculado al día de la fecha en cerca de 500.000 mil millones de pesos.
Frente a este deterioro, la responsabilidad política y de supervisión alcanza a las gestiones de los ministros Luis Petri y Carlos Presti: al primero, por las decisiones adoptadas durante el período en que se profundizaron los desequilibrios financieros y prestacionales; al segundo, por conducir la transición, asegurar la continuidad de la atención y esclarecer lo ocurrido. No se trata de atribuir culpas sin pruebas, sino de exigir que cada gestión rinda cuentas por sus actos y omisiones.
La falta de una auditoría integral, concluida y publicada sobre las gestiones recientes impide reconstruir con precisión el origen del déficit y deslindar responsabilidades administrativas y políticas. Las revisiones parciales no alcanzan: es necesario examinar contratos, designaciones, préstamos, pagos, deudas no registradas, circuitos de autorización y decisiones de control, con fechas, documentación y responsables identificables. Sin esa trazabilidad, la discusión queda reducida a acusaciones cruzadas y la crisis continúa sin una explicación completa.
La prioridad inmediata debe ser garantizar medicamentos, tratamientos de alta complejidad, derivaciones y atención federal; ordenar el pasivo; asegurar financiamiento para la transición; y publicar una auditoría integral que permita determinar responsabilidades. Petri y Presti, cada uno por el período bajo su conducción, deben explicar las medidas adoptadas, los controles ejercidos y los resultados obtenidos. La auditoría es indispensable, pero no reemplaza la gestión cotidiana ni la obligación de atender.
Cuidar la salud de los militares y de sus familias no es un privilegio corporativo. Es parte del compromiso del Estado con quienes cumplen funciones esenciales y, al mismo tiempo, una condición para que puedan hacerlo con serenidad, preparación y seguridad. Cada mes de crisis prolongada amplía el daño humano y operativo. Comprenderlo es el primer paso; resolverlo y rendir cuentas por las decisiones adoptadas es una responsabilidad que ya no admite demora para quienes condujeron y conducen el Ministerio de Defensa.
