La gestión del riesgo y la respuesta ante catástrofes naturales revelan la verdadera naturaleza del vínculo entre Estado y ciudadanía. Al comparar los recientes terremotos en Venezuela y Colombia emergen dos formas opuestas de enfrentar la emergencia: una basada en la sincronización técnica y la protección de la vida, y otra marcada por negligencia estructural, militarización y criminalización de la solidaridad comunitaria. La tragedia no es un ecualizador neutro, sino un escenario donde se pone a prueba la validez de los pactos sociales y donde las fracturas institucionales se convierten en letales para los más vulnerables.
En Venezuela, el doblete sísmico del 24 de junio, expuso el colapso institucional y moral de un Estado debilitado por décadas de crisis. La primera reacción no provino de agencias oficiales, sino de vecinos y voluntarios que, con palas y manos desnudas, intentaron rescatar a los suyos ante la ausencia operativa del gobierno. La precariedad endémica de Bomberos y Protección Civil, sin insumos, herramientas ni salarios dignos, redujo su acción a la impotencia. La llegada tardía de vehículos oficiales se vio agravada por la falta de gasolina, y no existen registros oficiales que indiquen cuántos sobrevivientes fueron rescatados por civiles, organismos internacionales o entes gubernamentales. Ese silencio estadístico es una omisión deliberada para invisibilizar la parálisis estatal.
La solidaridad espontánea fue además criminalizada. El caso de Wilmer Cruz, “El Topo de La Guaira”, detenido y hostigado por su labor de rescate, es claramente la persecución de la autonomía ciudadana. El bloqueo de brigadas locales e internacionales bajo pretextos de “control de tráfico” mostró que el régimen percibe la ayuda humanitaria como amenaza a su monopolio de poder. Se prefirió blindar el relato ideológico antes que salvar vidas. A ello se sumaron denuncias de saqueos por parte de militares y la demolición apresurada de estructuras con cuerpos aún dentro, sin respetar protocolos internacionales de búsqueda. Estas prácticas constituyeron actos de violencia institucional que sepultaron la posibilidad de hallar sobrevivientes y despojaron a las familias del derecho al duelo. Mientras tanto, la propaganda oficial desplegó campañas como “Venezuela Renace”, sustituyendo la voz de expertos por discursos políticos orientados a blindar intereses de élite. La solidaridad orgánica fue sofocada para evitar que el reclamo popular se transformara en movilización política.
En Colombia, la respuesta fue inmediata y sincronizada. El Servicio Geológico emitió boletines en minutos con información clara sobre magnitud y epicentro. El presidente, recién juramentado, asumió la coordinación del Puesto de Mando Unificado dos horas después, acompañado por expertos. La movilización de equipos de rescate fue rápida y organizada: excavadoras, grúas, drones térmicos, perros de búsqueda y brigadas aéreas se desplegaron en las zonas afectadas. Colombia cuenta con 23 equipos especializados de Búsqueda y Rescate Urbano, con unos 1.000 integrantes certificados internacionalmente, lo que permitió una respuesta profesional y estandarizada. La participación ciudadana se articuló con la institucionalidad, integrando la solidaridad espontánea en protocolos oficiales. La identificación de víctimas avanzó con rapidez: Medicina Legal divulgó nombres desde el día siguiente y autoridades locales ofrecieron balances propios desde las primeras horas. La transparencia informativa reforzó la confianza ciudadana en el Estado.
La diferencia no radica solo en la magnitud de los sismos. En Venezuela, el doblete superficial golpeó zonas densamente pobladas; en Colombia, el epicentro fue profundo y rural. Sin embargo, la distancia real es la capacidad institucional. En Venezuela, la información se convirtió en improvisación y propaganda, con voceros políticos ocupando el lugar de técnicos. En Colombia, la vocería técnica y la coordinación profesional permitieron enfrentar la emergencia con protocolos claros y con un músculo institucional desarrollado desde experiencias históricas como la tragedia de Armero. La comparación revela cómo el poder puede usar el control mediático para enmascarar negligencias y criminalizar la solidaridad, blindando intereses de élite por encima de la vida. La destrucción de espacios públicos de solidaridad y la persecución de quienes intentan rescatar reducen al ciudadano a la indefensión frente a un totalitarismo que pulveriza la iniciativa civil. La condición humana se interpela en el contraste entre un Estado fallido que colapsa éticamente y otro que, con limitaciones, logra articular capacidades mínimas para proteger a su población.
Estás tragedias muestran cómo la solidaridad puede ser reprimida o integrada según el modelo político. En Venezuela, la espontaneidad ciudadana fue sofocada mediante persecución y propaganda; en Colombia, se convirtió en complemento de la institucionalidad: Venezuela, con pérdidas estimadas en 37.000 millones de dólares, enfrenta un colapso fiscal y depende de ayuda internacional; Colombia, con daños de 0,2 % a 0,4 % del PIB, puede absorber el impacto mediante gasto público en reconstrucción. La apertura de Venezuela a la ayuda muestra dependencia extrema, mientras que Colombia mostró mayor autonomía. En Venezuela la población experimenta angustia y desinformación; en Colombia, la transparencia genera confianza. En todo sentido, la tragedia en Venezuela revela el colapso ético de estructuras de poder que anteponen propaganda y control a la vida, y menosprecian la dignidad ciudadana.
Es decir: el terremoto en Venezuela se convirtió en catalizador de crisis, profundizando la fragilidad de un Estado que ya operaba al límite. El de Colombia fue un desafío que puso a prueba la resiliencia de sus instituciones y mostró la importancia de la preparación y la coordinación. Los pueblos no son solo lo que desean ser, sino lo que sus instituciones les permiten ser. La catástrofe natural se transforma en catástrofe política cuando el poder controla relatos y persigue la solidaridad en lugar de proteger vidas.
Finalmente fronteras no separan destinos, el suelo vibra y no distingue fronteras, y esa vibración debería entenderse como que nuestros pueblos necesitan permanecer unidos, porque la diferencia institucional no puede convertirse en indiferencia humana. La verdadera soberanía no se mide por la capacidad de blindar discursos ni por la fuerza para reprimir la autonomía ciudadana, sino por la aptitud de las instituciones para proteger la vida, canalizar la solidaridad y reconstruir la confianza colectiva. En Venezuela, la criminalización del rescate espontáneo revela un modelo que sacrifica vidas en nombre de la hegemonía. En Colombia, la transparencia y la coordinación muestran que incluso en medio del dolor es posible sostener un pacto social que reconoce la dignidad humana como principio rector. La tragedia, entonces, no es solo un evento natural: es un espejo que devuelve la imagen de lo que somos como sociedades y de lo que nuestros Estados deciden ser frente a la vulnerabilidad.
