Varios tipos de denuncias sobre los denominados “planes sociales” han proliferado en los últimos tiempos relacionadas al uso indebido de los recursos destinados a la asistencia social por parte de funcionarios estatales y dirigentes de organizaciones sociales.
En verdad, los diversos programas sociales destinados a enfrentar las dificultades del mercado de trabajo, desde el Plan Trabajar en los 90 hasta el Potenciar Trabajo en el presente, han adolecido de los mismos problemas: discrecionalidad en la selección de beneficiarios, inexistencia o incumplimiento de las labores de contraprestación, empleados públicos entre los beneficiarios, uso de los beneficiarios para actividades políticas, etc. Mi propuesta para modificar radicalmente el perfil de estos programas incluye cuatro elementos centrales
1. Registro Nacional Público de Desempleo (REDES)
¿Es posible evitar la selección discrecional de beneficiarios? Mi respuesta es SI y para ello es preciso la creación de un registro que permita identificar a las personas desempleadas.
Este registro debe estar abierto a todo aquel que desee aceptar un trabajo de media o jornada completa y debe contar con la información relevante del inscripto: datos personales, laborales y educativos. Debe estar precedido de una gran campaña de difusión que promueva registrarse.
Con este instrumento podrá apreciarse la cantidad de individuos que están dispuestos a realizar una labor a cambio del ingreso ofrecido y su distribución en el territorio
2.Registro de organizaciones (REDOR)
Paralelamente al REDES es necesario un registro de las organizaciones que serán las que definan e implementen los diversos proyectos de generación de trabajo. Administrar labores es una tarea compleja. Aquí no se trata de una simple entrega de dinero al beneficiario sino que debe ser acompañada por insumos, liderazgo, seguimiento y evaluación.
Y podemos incluir a todo tipo de organización que prueben poseer proyectos relevantes. Pueden ser municipios, empresas, clubes, iglesias y otros diversos tipos de organizaciones sociales. Algunos requisitos son indispensables: cada una de ellas debe administrar un número de proyectos acorde con la capacidad de gestión exhibida.
3. Contraprestación
El registro REDES permitirá determinar quienes no han accedido a una educación secundaria completa. Y en este caso la labor a desarrollar será completar dicho nivel educativo. Es claro que quienes no poseen este nivel básico no tienen chances de una inserción razonable en la economía moderna. Y esta opción debe ser obligatoria para todo inscripto hasta una edad a determinar (30 o 40 años).
Es altamente probable que la mayoría de los inscriptos se encuentren en esta situación y por ende se requerirá un gran esfuerzo. Una ventaja de esta contraprestación es la extendida red de establecimientos educativos y sociales que posee el país junto con un más que satisfactorio número de docentes para dar realidad al objetivo.
Y otra ventaja adicional es la ventana de oportunidad que abre la tecnología de la educación a distancia con una conectividad que debe mejorar pero es ya suficientemente amplia, reduciendo enormemente la necesidad de disponer de infraestructura física. Para quienes han completado la educación secundaria, la cantidad y diversidad de actividades que pueden ofrecer las instituciones registradas en el REDOR es muy amplio.
Las empresas privadas, instituciones públicas y diversas organizaciones sociales pueden recurrir a REDES para seleccionar a quienes precisa para desarrollar su proyecto. Seguramente será en los servicios personales donde sea más fácil y abarcadora la posibilidad de inserción pero seguramente también en el campo del comercio, el turismo o la gastronomía, actividades con mayores posibilidades de generación de actividades que la industria o el agro.
4. Articulación institucional
Las actividades tanto educativas como laborales, no serán posible de ser llevadas a cabo sin un trabajo conjunto del Estado en sus diversos niveles y la sociedad civil. En el caso de la actividad educativa, se trata nada más ni nada menos que de una gran gesta implicando una acción interjurisdiccional entre nación y las provincias donde el financiamiento y la asistencia técnica correspondan al nivel nacional y la labor educativa a las provincias, que son las que hoy poseen la administración del sistema.
Se trata en definitiva de abandonar lo que denomino un “enfoque zoológico” donde la preocupación es la sobrevivencia otorgando algún dinero pero que no desarrolla las potencialidades de las personas ni cambian sustancialmente sus condiciones de vida. El país precisa, por el contrario, un amplio debate sobre la pobreza de las políticas hacia los pobres que dominaron las últimas tres décadas y sobre caminos superadores.
Publicado en Clarín el 30 de mayo de 2024.
Link https://www.clarin.com/opinion/reformulacion-planes-asistenciales-propuesta_0_YEUn8qvbhb.html
