El gobierno federal ha anunciado a través de su canciller que la República Argentina acompañaría la firma del Acuerdo Unión Europea Mercosur lo que permitiría cerrarlo el mes que viene cuando se reúnan los cancilleres de los cuatro países en Asunción del Paraguay.
En el marco de esta posición de política internacional y comercial resulta al menos extraño que el mismo gobierno haya remitido al Congreso de la Nacion un proyecto de ley que no solo retrocede en materia de política de transición energética sino también en cuestiones de desforestación y ciudadanía.
Los artículos 500 y 501 del proyecto de ley sustituyen los artículos 26 y 31 de la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
La propuesta reduce la protección legal y la participación ciudadana en la decisión de la desforestación de bosques de la zona verde que supone el 19% del total de los montes nativos del país. Además, se permitiría el desmonte en zonas amarillas y rojas, bosques nativos que constituyen el 80% de los bosques argentinos, que hoy se encuentran bajo protección a perpetuidad.
El proyecto también elimina la mención específica al acceso a al información de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Ello deja a los más poderosos en información y recursos económicos en condiciones de someter a los más vulnerables.
Además, el Estado nacional se desliga de sus obligaciones de control librando a las, muchas veces endebles, capacidades de las provincias el proceso relativo a las autorizaciones y ejecuciones del desmonte.
El Reglamento Europeo 2023/1115 establece claramente una política de protección de los bosques y responsabiliza a sus propias empresas e importadores por la introducción de productos del exterior de aquellos países que incumplan los acuerdos a los que esta asociada la Union Europea relativos a la protección de los bosques y de su biodiversidad como también al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, comunidades locales y pequeños propietarios cuyos consentimientos libres deben ser asegurados. Se distingue claramente que no se aceptaran productos agrarios, especialmente la soja; ni ganaderos que provengan de tierras obtenidas a través de la desforestación.
De aprobarse las propuestas de reforma de los artículos de la ley 26.331 se colocaría a nuestro país en una situación contradictoria con la aprobación del Acuerdo Unión Europea Mercosur cuya adenda complementaria al acuerdo de 2019 recoge las exigencias del Pacto Verde y del Reglamento Europeo 2023/1115.
Retroceder en materia de cuidado de los bosques nativos es brindar a los adversarios europeos del Acuerdo un argumento más para impugnarlo.
Si a ello le sumamos las declaraciones del.Presidente en la reunión de Davos contrarias a la existencia del problema ambiental resulta muy difícil de entender como logrará el gobierno ser aceptado en ese club que promete un mercado de 800 millones de habitantes ya que también se estaría negando la propuesta del pasado 7 de junio que formulará la Comisión Europea y el Alto Representante conocida como Nueva Agenda para Fortalecer la asociación entre la Union Europea y America Latina y el Caribe que abunda en las cuestiones ambientales.
Cuestión aparte y no menos importante es que las reformas propuestas abonan a la idea que el proyecto de ley remitido se orienta más al retiro del estado democrático de su obligación de proteger los bienes públicos que a mejorar la competitividad del.pais y sus empresas.
