Por Giovanni Cappoccia
El nuevo primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu —el quinto desde 2022— se enfrenta a una tarea que muchos ya califican de imposible. Nombrado por el presidente Emmanuel Macron el 9 de septiembre, apenas un día después de que el gobierno de Bayrou cayera en una moción de confianza, Lecornu debe formar una mayoría —o al menos evitar que se forme una mayoría en su contra— para aprobar el presupuesto antes del 31 de diciembre.
El mandato del nuevo primer ministro comenzó con un posible enfrentamiento. Si el movimiento Bloquons tout (“Bloqueémoslo todo”) hubiera conseguido paralizar el país el 10 de septiembre, el comienzo de Lecornu habría sido aún peor. El ministro del Interior saliente —y probablemente reconfirmado— Bruno Retailleau, una figura de peso en el gabinete de Bayrou y aspirante cada vez más abierto a la presidencia, desplegó unos 80.000 policías para gestionar las protestas, en las que participaron entre 200.000 y 300.000 personas según las estimaciones. Las manifestaciones se desarrollaron en varias ciudades, hubo algunos episodios de violencia y más de 400 personas fueron detenidas, pero Francia no se paralizó. El Reagrupamiento Nacional (RN), habitualmente ansioso por canalizar el descontento popular, se distanció de la protesta alegando la influencia de la izquierda radical en la iniciativa. Para Lecornu, fue un respiro parcial.
Ese respiro terminó hoy con la rebaja de calificación: Fitch redujo la calificación de la deuda soberana de Francia de AA– a A+. Para un primer ministro cuyo reto central es aprobar un presupuesto destinado a tranquilizar a los acreedores —los inversores extranjeros poseen aproximadamente la mitad de la deuda pública francesa, que equivale a alrededor del 110 % del PIB— el momento no podría ser peor, aunque la medida era esperada.
Lecornu, un aliado leal de Macron que ha estado en el gobierno de forma ininterrumpida desde 2017 y que hasta esta semana era ministro de Defensa, es, pese a su juventud (39 años), un operador político experimentado con bagaje gaullista. Su nombramiento señala continuidad con la agenda de Macron, ya condenada como insostenible por las oposiciones de izquierda y de derecha. Consciente de ello, Lecornu prometió en su discurso inaugural una “ruptura” en la gobernanza para afrontar la difícil situación. También sugirió reabrir el debate sobre la reforma de las pensiones —el intento de Macron en 2023 de elevar la edad de jubilación desató protestas masivas—, presentándola como un paso necesario hacia la sostenibilidad fiscal.
No está claro si Lecornu logrará lo que Michel Barnier y, más recientemente, François Bayrou no consiguieron. Un compromiso viable en política fiscal entre socialistas, republicanos y centristas parece improbable. Las elecciones municipales de marzo de 2026 —en las que estas fuerzas competirán directamente— podrían agudizar aún más las rivalidades. Macron, según se informa, ya consideró nombrar a Lecornu hace nueve meses, tras la dimisión de Barnier, pero Bayrou impuso su propia nominación amenazando con retirar el apoyo a un gobierno que ya era minoritario. Con Bayrou fuera de escena, Macron ha vuelto a su “plan A”. Sin embargo, un año adicional de desgaste político e institucional hace la tarea todavía más difícil.
La presión está dejando al descubierto las instituciones centrales de la Quinta República. Bayrou reabrió el antiguo debate intermitente sobre la reforma electoral, proponiendo sustituir el sistema mayoritario a dos vueltas por un sistema proporcional para reducir tensiones y favorecer el compromiso. Esa discusión continuará bajo Lecornu. Pero la proporcionalidad difícilmente calmará las aguas. Incluso entre los defensores de la proporcionalidad, los modelos sugeridos divergen notablemente y las diferencias son políticas, no técnicas. Los socialistas apoyan un sistema de listas proporcionales con grandes circunscripciones y un umbral del 5 %. En el panorama actual, esto reproduciría en gran medida una Asamblea Nacional de tres bloques, perpetuaría las mayorías inestables y mantendría al RN fuera del poder. Sin embargo, liberaría a los socialistas de su incómoda alianza electoral con la izquierda radical, que el sistema actual les obliga a mantener. El RN, en cambio, prefiere un sistema proporcional con prima mayoritaria para la lista más votada. Este diseño casi con certeza le daría al RN escaños adicionales y un camino para gobernar en solitario o con aliados menores.
Si Lecornu no logra aprobar el presupuesto en diciembre, la presión sobre Macron para disolver de nuevo la Asamblea será intensa. Si unas nuevas elecciones vuelven a castigar al campo presidencial —como es probable— se multiplicarían los llamamientos a la dimisión de Macron. Que un presidente se viera obligado a abandonar el cargo contra su voluntad por impopularidad o por una derrota legislativa sería algo sin precedentes en la Quinta República y señalaría un cambio constitucional significativo.
Alternativamente, un gobierno liderado por el RN invadiría el domaine réservé del presidente, lo que marcaría un alejamiento de la mayoría de los episodios previos de cohabitación. Un presidente reducido contra su voluntad a una figura decorativa —sobre todo dada la marcada divergencia entre Macron y el RN en Europa y Ucrania— también supondría una ruptura con la tradición de la Quinta República. Cualquiera de los dos escenarios chocaría con la doctrina gaullista que constituye el núcleo de la identidad constitucional de la Quinta República: el presidente como encarnación de la nación, por encima del combate partidista. La polarización, que se aceleró tras las elecciones de 2022 y se profundizó después de la disolución de 2024, podría empujar a la Quinta República hacia su fin —de facto, si no de iure.
