El enfrentamiento entre el expresidente Evo Morales y el actual mandatario, Luis Arce, por el liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS) ahondó los problemas económicos e institucionales que Bolivia comenzó a sufrir en 2019 y llevó al país a un escenario de incertidumbre inédito en los últimos 18 años.
El conflicto se juega en varios escenarios simultáneos. Por un lado, este miércoles (23 de octubre) llevaba 10 días el bloqueo de al menos 21 puntos de varias de las principales rutas del país, la mayoría de ellos en la región de Cochabamba. La medida fue dispuesta por tiempo ilimitado, en defensa de Morales, acusado de graves crímenes, y en reclamo de mejoras a la situación económica. Un día antes, el gobierno reportó el desbloqueo de otros siete puntos en cinco regiones y anunció que la policía continuaría disolviendo esos cortes “gradualmente”, aunque la prensa local advirtió que algunos de los sectores donde el tránsito había sido rehabilitado volvieron a ser cerrados por los manifestantes.
Cochabamba no solo es el bastión de Morales, sino también el centro logístico de Bolivia, tanto para el flujo regular de la producción destinada al consumo interno como para las exportaciones a través del Atlántico y el Pacífico. El presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios cochabambina, Amilkar Rocha, estimó que los bloqueos de rutas están generando pérdidas por US$ 18 millones diarios. Y el titular de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de la región, Juan Pablo Demeure, afirmó que “desde que se anunciaron los bloqueos se formaron largas filas en los surtidores, exacerbando la falta de combustible, y lo mismo ocurre en los mercados, donde la gente comenzó a acaparar productos, lo que ha disparado los precios”.
Por supuesto, el impacto de las medidas de fuerza no se limita solo a Cochabamba: “Se están encareciendo los precios de la canasta familiar y tenemos desabastecimiento de combustibles en gran parte del territorio nacional por culpa de una sola persona que no quiere asumir su responsabilidad frente a la Justicia”, sostuvo el martes el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
El origen del problema no es novedoso, ni en Bolivia ni en América Latina, por más que en este caso tenga sus propios matices, y está en la reticencia de Morales a aceptar que ya pasó –no necesariamente de manera definitiva– el tiempo de su liderazgo absoluto del país y del MAS.
Primero, Morales desafió el impedimento constitucional a su reelección ilimitada. Fue en 2019, cuando consiguió una cuestionada habilitación de la Justicia para postularse nuevamente y, una vez perdidas las elecciones, intentó fraguar los resultados para permanecer en el gobierno. Sin el apoyo militar que buscó, debió renunciar y adujo entonces que fue víctima de un golpe de estado, argumento al que contribuyó la forma irregular en que se resolvió su sucesión.
Luego, una vez que el MAS volvió al gobierno tras las elecciones de 2020, Morales se dedicó a esmerilar la figura del presidente Arce, quien había sido ministro de Economía en prácticamente todo el mandato de Evo (2006-19, excepto un intervalo de un año y medio) y considerado el principal responsable de los muy buenos resultados económicos que Bolivia tuvo en aquellos largos años. Con sus matices, es lo que hicieron en la Argentina Cristina Kirchner con Alberto Fernández y en Ecuador Rafael Correa con Lenín Moreno, y lo que no hizo en Brasil Lula con Dilma Rousseff: pretender que la autoridad real fuera la del exmandatario y no la del presidente en ejercicio, y que, además, eso se notara.
Por último, Morales enfrenta ahora acusaciones de estupro, trata y tráfico de personas, y teme la posibilidad de que algún tribunal le emita una orden de arresto, algo que hasta ahora no sucedió. Mientras tanto, sus colaboradores contraatacaron con una denuncia contra Arce por abuso de poder y abuso sexual. Desde luego, todos los delitos imputados a uno y a otro son por ahora supuestos, dado que aún no se inició proceso judicial alguno, si es que alguna vez vaya a llevarse a cabo.
Estas denuncias cruzadas vieron la luz en los últimos dos meses y parecen más herramientas de esa encarnizada lucha política que otra cosa, porque aun cuando alguno de esos hechos fuera probado en la Justicia, es imposible no registrar la coincidencia cronológica de las acusaciones con el momento de la interna del partido gobernante. De hecho, el caso de estupro que se le imputa a Morales –recién reabierto por una fiscalía de Tarija– ya había sido llevado a la Justicia en 2020, durante el gobierno interino de Jeanine Áñez, y cerrado por los tribunales poco después, por falta de denuncia de parte de los supuestos afectados.
En ese contexto, resulta interesante la visión, insospechable de derechista, de un sector del trotskismo argentino, según este fragmento de un artículo firmado este fin de semana por Juana Runa en La Izquierda Diario, órgano del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS): “Lo sucedido en las últimas semanas revela el grado de descomposición política y moral de la élite del ‘proceso de cambio’, donde evistas y renovadores dejan traslucir un vil espectáculo. Las disputas cada vez más violentas entre las fracciones del MAS no se miden por diferencias en sus proyectos políticos, mucho menos por diferencias ideológicas o programáticas. Ante la ausencia de diferencias ideológicas y/o políticas serias, la disputa entre los caudillos del MAS se realiza recurriendo a los más variados mecanismos de desprestigio personal, sin dudar en convertir a las mujeres y a los niños en instrumentos para estos fines. Ambas fracciones del MAS buscan acuerdos con sectores de la oligarquía (…) Evo Morales y Arce son la expresión de una sociedad capitalista patriarcal con valores y principios en descomposición: misógina, machista y homofóbica.”
En medio de esa lucha interna que comenzó prácticamente con el inicio del mandato presidencial de Arce y llevó a lo que Runa interpreta como “la irreversible fractura del MAS”, el actual gobierno debió afrontar un panorama económico crítico, muy alejado del milagro que el mismo Arce impulsara como ministro de Economía. La pandemia de coronavirus y la inestabilidad política que siguió a la salida de Morales del gobierno habían hecho lo suyo. Tanto, que, al asumir, Arce dijo que Bolivia atravesaba la peor recesión en 40 años, y su gestión transcurrió hasta ahora entre la escasez de divisas y la necesidad de importar 86% de la nafta y 56% del gasóil que se consume, cuando en la época dorada se precisaba comprar al exterior apenas la mitad de lo que se demandaba internamente.
En ese clima, en el que Arce no se privó a fines de junio pasado de denunciar un supuesto intento de golpe de estado del que dejó de hablarse pocos días después, Bolivia tiene programadas sus próximas elecciones presidenciales para el 17 de agosto de 2025. Habrá que ver cómo llega.
