Trump quiere la libertad de actuar como le plazca. Ya estamos viendo los resultados.
Traducción Alejandro Garvie
“Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme.”
—Donald Trump, en respuesta a una pregunta sobre si existían límites a su capacidad para usar la fuerza militar en todo el mundo.
Aunque Trump es un mentiroso habitual sobre temas grandes y pequeños, en ocasiones es capaz de una honestidad sorprendente. Su declaración a un grupo de reporteros del New York Times, citada anteriormente, es un ejemplo. Contiene dos afirmaciones en gran medida francas y correctas: primero, que el comportamiento internacional de Estados Unidos está limitado por normas (es decir, la “moralidad”) y no por la ley; y segundo, que las normas aplicables son las suyas, y no necesariamente las compartidas por otras naciones.
Deberíamos reconocer la verdad de la primera y temer mucho las implicaciones de la segunda.
La acción de Trump de secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro y someterlo a juicio en Nueva York ha sido ampliamente criticada por violar el derecho internacional. En mi opinión, el derecho no es la cuestión central aquí. El derecho internacional simplemente no existe en el mismo sentido que el derecho interno. No existe un soberano global que pueda crear o hacer cumplir el derecho internacional. Los Estados pueden celebrar tratados, pactos, alianzas y acuerdos internacionales entre sí, pero estos son actos totalmente voluntarios. Los Estados siguen siendo soberanos y pueden retirarse de compromisos previos cuando lo deseen, a diferencia de los ciudadanos, que no pueden negarse a vivir bajo las leyes de su país. El principal acuerdo internacional del que Estados Unidos es parte es la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza, salvo que lo autorice el Consejo de Seguridad de la ONU. A lo largo de los años, Estados Unidos ha violado repetidamente esta norma, como cuando intervino en Kosovo durante la presidencia de Clinton o en Irak durante la de George W. Bush.
El derecho internacional no es tanto derecho como una serie de compromisos normativos que los Estados cumplirán con ciertas reglas y restricciones en el futuro. Son esas restricciones normativas, y no la legalidad per se, las que son cruciales para el orden internacional, y son precisamente esas normas en las que debemos centrarnos.
Por ejemplo, desde 1945 existe una norma contundente contra la conquista territorial: los Estados poderosos no deben desplegar ejércitos a través de fronteras internacionales ni apropiarse de territorio y recursos de sus vecinos. La norma de “no conquista” fue violada por Irak al tomar Kuwait en 1990, y de nuevo por Rusia al apoderarse de territorio ucraniano en 2014 y 2022. La razón por la que Estados Unidos y otros países respondieron con tanta contundencia en ambos casos no se debió a la ilegalidad de estas invasiones, sino a la forma en que violaron abiertamente una norma internacional crucial. En cambio, cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003, respetó la norma de “no conquista” al limitar sus objetivos a neutralizar las armas de destrucción masiva iraquíes y derrocar el régimen abusivo de Saddam Hussein. Estados Unidos dejó claro que no tenía intención de reclamar territorio iraquí ni recursos petroleros para sí mismo. Así pues, aunque no había recibido la “autorización” del Consejo de Seguridad de la ONU, seguía actuando dentro de un universo normativo familiar.
Así pues, Trump tiene razón al afirmar que son las normas, y no el derecho internacional, las que regirán el comportamiento estadounidense. El problema radica en su afirmación sobre “mi moral”: Trump tiene la moral de un jefe de la mafia. Quiere usar el poder estadounidense para adquirir territorio, recursos y prestigio. Su captura de Maduro debería ser menos impactante que su justificación: quiere ganar “miles y miles de millones” de dólares extrayendo petróleo del subsuelo y vendiéndolo para beneficio estadounidense. En el pasado, ha afirmado que este petróleo pertenece en realidad a Estados Unidos, dado que Venezuela había nacionalizado previamente los activos de las compañías petroleras estadounidenses. Antes de eso, argumentó que Estados Unidos, tras haberse tomado la molestia de invadir Irak, debería haberse quedado y reclamar las reservas petroleras iraquíes para sí mismo.
En otras palabras, Trump sigue los pasos de Rusia y el Irak de Saddam Hussein al rechazar la norma de “no conquista”. Por lo tanto, no debería sorprender a nadie que Trump haya pasado de atacar el petróleo de Venezuela a hacer afirmaciones también sobre Groenlandia.
No basta con que Dinamarca otorgue a Estados Unidos acceso a las instalaciones estratégicas y los recursos minerales de Groenlandia. El presidente declaró: “La propiedad es muy importante”. Al preguntársele por qué, respondió: “Porque creo que es psicológicamente necesario para el éxito. Creo que la propiedad te otorga algo que no puedes hacer, ya sea un contrato de arrendamiento o un tratado. La propiedad te otorga cosas y elementos que no se pueden obtener simplemente firmando un documento”. Desechar la “norma de no conquista” es doblemente perjudicial para el orden normativo internacional en este caso, ya que el territorio en cuestión pertenece a un antiguo aliado de la OTAN.
Si bien el derecho internacional puede no ser una restricción firme para los poderosos, el derecho interno sí lo ha sido. El sistema constitucional estadounidense fue diseñado deliberadamente para limitar el poder del ejecutivo mediante el establecimiento de un estado de derecho, así como controles y contrapesos constitucionales para evitar que los presidentes hicieran lo que quisieran. Los estadounidenses han llegado a considerar estos controles constitucionales como barreras casi físicas, como los muros al costado de las carreteras que impiden que los autos se desvíen. De ahí la metáfora de las “barandillas” legales que protegen a la sociedad de un ejecutivo arrogante.
Nuestra experiencia con la administración Trump, especialmente en su segundo mandato, debería dejar claro a todos que las leyes formales, en última instancia, no son más fuertes que las normas informales que las sustentan en su capacidad para limitar el poder. Las leyes solo son efectivas si la gente cree en ellas, está dispuesta a acatarlas y, en última instancia, desea que el estado use su poder para hacerlas cumplir. Pero que la gente se tome la ley en serio no es una cuestión legal, sino normativa. Si el ejecutivo ignora la ley, niega su poder y, de hecho, utiliza el poder del estado de maneras que la ley nunca pretendió, entonces el estado de derecho se derrumba. La ley se convierte en nada más que la voluntad del ejecutivo, una herramienta más en el arsenal de un estado moderno. La distinción entre ley y normas desaparece; todo se vuelve normativo.
Es evidente que Trump se ha mostrado irritado por las limitaciones de la ley estadounidense y desearía tener la misma libertad de acción a nivel nacional que a nivel internacional. Ha mostrado un desprecio normativo por la ley desde el primer día de su administración. Ha emitido una avalancha de órdenes ejecutivas que la han eludido y, en muchos casos, la han violado claramente. Por ejemplo, la ley establece las condiciones bajo las cuales los funcionarios federales pueden ser destituidos de sus cargos y bajo las cuales las agencias federales pueden ser desmanteladas. Estas leyes se infringieron rápidamente. El poder ejecutivo comenzó a ejercer la autoridad presupuestaria, cuando la Constitución la ubica claramente en el poder legislativo. El gobierno asumió el cargo declarando que la ciudadanía por nacimiento, algo claramente establecido en la Decimocuarta Enmienda, era inválida.
Tradicionalmente, los poderes han estado separados no solo entre los poderes del gobierno, sino dentro del propio poder ejecutivo. Por ley o por costumbre, ciertas funciones, como el control de la oferta monetaria o la autoridad procesal, han estado vetadas a los políticos electos, porque no confiamos en que actúen en el interés nacional general. Esos poderes, una vez politizados, podrían volverse muy peligrosos para la sociedad en su conjunto. La crisis actual por el intento del gobierno de acusar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, implica ambas separaciones: Donald Trump no solo busca quitarle a la Reserva Federal la autonomía para establecer la política monetaria, sino que también está abusando del Departamento de Justicia al criminalizar los desacuerdos sobre políticas.
La erosión del orden normativo y su degeneración en comportamientos mafiosos se puso de manifiesto la semana pasada en Minnesota. Las fuerzas policiales de los países democráticos están entrenadas para mostrar moderación en el uso de la fuerza letal contra los ciudadanos. Sin embargo, cuando un agente del ICE disparó mortalmente a Renee Good, fue inmediatamente exonerado tanto por el presidente como por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Cuando los videos revelaron que la vida del agente no corría peligro, como Trump afirmó inicialmente, el presidente afirmó que el agente tenía derecho a usar la fuerza porque se le estaba “faltando al respeto”. Disparar a alguien por faltarle al respeto es un ejemplo perfecto de la moral mafiosa, donde los “hombres de honor” están dispuestos a matar por el más mínimo desaire.
Así que Trump tiene razón al afirmar que sólo estamos limitados por nuestra propia moralidad, y que su moralidad le permite hacer lo que le plazca.
Link https://www.persuasion.community/p/the-morality-of-a-mafia-boss
