La semana pasada se cumplieron 100 días de Gobierno de Javier Milei. El acontecimiento sirvió como excusa para describir el estado en que se encuentra la Argentina y las acciones que esta administración viene desarrollando –o no– en sus distintas áreas de incumbencia. La fecha no es caprichosa, sino que hace referencia a lo que muchos especialistas denominan “luna de miel”: un período en que –luego de asumir en el poder– los mandatarios pueden desplegar sus medidas de gobierno contando con el apoyo y la legitimidad del reciente voto popular, al mismo tiempo que sus detractores lo dejan actuar bajo la convicción –o el cálculo– de que su mandato tiene, aún, plena vigencia democrática. En los primeros días de Gobierno todo es color de rosa: el triunfo electoral y la euforia del nuevo mandato impregnan de una actitud positiva y optimista a las nuevas autoridades y a la sociedad que las eligió.
Sin embargo, muchos analistas sostienen que este plazo es cada vez más breve y amargo. La paciencia de la gente es cada vez más escasa, frente a problemas complejos que requieren –además de pericia técnica y expertise política– mucho tiempo para ser resueltos. Algo de esto sufrió Gabriel Boric, el joven Presidente de Chile, que en sus primeros meses de gobierno vio caer estrepitosamente los índices de aprobación de su gestión. Más allá de las consideraciones y comparaciones políticas que pueden hacerse al respecto, los primeros 100 días de gobierno de Javier Milei sirven como un mojón para analizar qué se hizo en cada una de las áreas del Estado frente a la herencia recibida.
En este artículo haremos un racconto de la gestión de Javier Milei en materia educativa hasta el día de la fecha, en la que podemos enumerar los intentos de modificar algunas leyes que son pilares del sistema educativo (tanto a través del DNU 70/2023 como por medio de la frustrada Ley Ómnibus), el intempestivo recorte de fondos educativos destinados a las Provincias, el conflicto con los gremios docentes por la fallida paritaria nacional, la iniciativa para subsidiar a las familias que envían a sus hijos a establecimientos de educación privada y un Plan Nacional de Alfabetización que –a pesar de su urgente necesidad– aún no está materializado. En los siguientes párrafos los veremos con más detenimiento.
Servicio esencial
En el inciso f) del artículo 97 del DNU 70/2023, se incorporó a la “educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario” como “servicio esencial”, estableciendo que –como tal– debe garantizarse una prestación de servicios de un 75% como mínimo. Si bien la nomenclatura utilizada para describir los niveles del sistema educativo no es coincidente con la establecida por la Ley de Educación Nacional (lo cual denota un desconocimiento del sistema y poco rigor técnico), el espíritu del planteo es más que loable.
Sin embargo, hacer frente a la grave problemática de los paros docentes requiere algo más que un inciso en un Decreto. La futilidad de esta medida quedó demostrada cuando la justicia falló en favor de un gremio docente, reconociendo el derecho a la protesta y suspendiendo los efectos de lo pretendido por el artículo señalado del DNU. Luego, durante el tratamiento en comisiones de la Ley Ómnibus, producto de la negociación entre los bloques se incorporó un artículo de similar contenido al cuerpo del Proyecto, que finalmente cayó en saco roto cuando el mismo fue retirado de la sesión y enviado nuevamente a tratamiento en comisiones por parte del bloque oficialista en Diputados.
Educación en la “Ley de Bases”
En su redacción inicial, el proyecto contenía un capítulo dedicado a la educación en el que proponía modificaciones en las Leyes de Educación Nacional, de Financiamiento Educativo y de Educación Superior, atravesando cuestiones como la evaluación de docentes, alumnos y del sistema educativo en su conjunto, las condiciones para el ingreso o el ascenso en la carrera docente o las negociaciones paritarias, sólo por mencionar algunas.
Si bien muchas de las propuestas eran razonables, la redacción de los artículos era imprecisa y daba lugar a confusiones, por lo que durante las discusiones en comisión de Diputados el texto original tuvo importantes modificaciones propuestas por otros bloques legislativos que –en su mayoría– fueron aceptadas, resultando en una versión final con mejoras destacables.
De los artículos en cuestión podemos destacar el referido a la evaluación continua docente como “una de las dimensiones básicas para el ascenso en la carrera profesional” o el vinculado a la evaluación de los alumnos, incorporando un examen censal obligatorio al finalizar la educación secundaria. Sin embargo, todo esto cayó cuando el proyecto fue retirado del tratamiento en sesión para ser enviado nuevamente a comisiones.
Recorte de fondos educativos a las Provincias
A mediados de enero se realizó la primera reunión del Consejo Federal de Educación: el encuentro –que reúne a los 24 Ministros de Educación de las Provincias– iba a servir para que el secretario de Educación, Carlos Torrendel, pueda compartir las ideas centrales de un plan de alfabetización nacional, pero las jornadas de trabajo fueron atravesadas por la mala noticia de que el Gobierno Nacional recortó de manera inconsulta e intempestiva el envío de fondos educativos a las Provincias.
En consecuencia, todos los responsables de las carteras educativas provinciales decidieron suscribir –en un hecho inédito– una carta dirigida a las autoridades nacionales, reclamando contra el recorte del Fondo de Compensación Salarial Docente, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Educativos Nacionales y Fondo de Infraestructura. En la misiva plantearon, además, la imposibilidad de desarrollar las políticas educativas de cada jurisdicción bajo estas condiciones. Con la quita de estos fondos, el Gobierno daba una respuesta política a la caída de la Ley Ómnibus, en forma de “venganza” contra los Gobernadores, quienes ahora debían hacerse cargo de cubrir la diferencia restante.
La medida generó reacciones no sólo a nivel de los gobiernos provinciales, sino que enardeció el reclamo de los gremios docentes, ya que dichos fondos –desde la sanción de la Ley 25.053 en 1998– complementan el salario docente en todas las jurisdicciones, configurando entre un 10% y un 15% del sueldo básico docente en cada Provincia.
El argumento del gobierno nacional fue que la última prórroga del FONID había vencido el 1 de enero de este año, y por lo tanto no había obligación de continuarla. Sin embargo, la Secretaría de Educación ya había remitido al Ministerio de Economía la orden de pago por dichos fondos, encontrándose de manera sorpresiva con la negativa a pagarlos tras el fracaso de la Ley Ómnibus.
Todo este debate fue enterrado por el impiadoso avance del calendario, que con el comienzo de clases trajo conflictos sindicales y paros docentes que –en su mayoría– obligaron a los Gobernadores a hacerse cargo de cubrir los fondos educativos que anteriormente enviaba la Nación. Sin embargo, especialistas educativos y constitucionalistas sostienen que el Gobierno Nacional no puede seguir evadiendo su responsabilidad de garantizar un piso mínimo de cumplimiento del Derecho a la Educación en todo el territorio argentino.
Plan Nacional de Alfabetización
Esta iniciativa, impulsada por el secretario Carlos Torrendel, plantea como sus objetivos garantizar el desarrollo de niveles de lectura y escritura apropiados para los estudiantes de 3er grado, garantizar oportunidades equitativas de alfabetización como motor para la aceleración de aprendizajes en los estudiantes de 4to grado y desarrollar dispositivos de seguimiento y evaluación que permitan mejorar la calidad y equidad de la educación.
El proyecto fue presentado el 15 de febrero ante el Consejo Federal de Educación, que expidió la Res. 465/2024 incorporando el documento “Compromiso Federal por la Alfabetización – Política Nacional de Alfabetización” como un insumo para la discusión entre las carteras de educación provinciales y la Nación. Asimismo, la Resolución establece que recién en la próxima Asamblea del Consejo Federal de Educación –a realizarse en abril– se aprobarán el documento y Plan Federal definitivos juntamente con los Planes Jurisdiccionales de Alfabetización.
Ante una situación de extrema gravedad educativa, reflejada en los pésimos resultados obtenidos en distintos instrumentos que evalúan el nivel de lectocomprensión que alcanzan los estudiantes de distintos niveles –tales como PISA o las Pruebas APRENDER—, esta iniciativa es tan necesaria como importante. Sin embargo, el plan estrella de la gestión de Carlos Torrendell continúa en estado embrionario y el hecho de que todavía no esté en funcionamiento causa tanta sorpresa como suspicacia: tratándose de un problema generalizado en todo el sistema educativo, y considerando que la lectura es la base de todo conocimiento y aprendizaje, debería haberse puesto en marcha con suma urgencia.
Del voucher al subsidio
Una de las propuestas de campaña de Milei fue repartir los fondos destinados al sistema educativo en “vouchers” entre los ciudadanos para que puedan “elegir libremente” dónde quieren estudiar, con el objetivo de generar “mayor competencia y eficiencia” entre las escuelas y demás instituciones educativas. Esta idea parte de concebir la educación como un bien de mercado que, por lo tanto, debe ser regido según la ley de la oferta y la demanda.
Aplicada sin éxito en otros países como Nueva Zelanda, Colombia o Chile, fue la propuesta estrella en materia educativa de La Libertad Avanza. Sin embargo, los “vouchers” de Milei se toparon con la realidad de un sistema educativo de gran complejidad y con financiamiento descentralizado, además de una Constitución y Leyes educativas que le asignan al Estado el deber de garantizar el Derecho a la Educación.
Pero la retórica libertaria encontró la forma de “cumplir una promesa de campaña” presentando como “voucher educativo” a un programa de subsidios para que las familias de clase media que mandan a sus hijos a colegios privados puedan cubrir –durante tres meses– la mitad del costo de la cuota. Si bien no puede negarse que esta ayuda estatal constituirá un alivio para los castigados bolsillos del argentino promedio, este artilugio tiene en su letra chica condiciones de acceso restringido, ya que sólo podrán acceder al subsidio las familias con ingreso menor a 7 salarios mínimos, cuyos hijos asistan a establecimientos con subvención del 75% y una cuota que no supere los $54.396. A fin de cuentas, las pocas familias que cumplan los requisitos recibirán un tope de $27.198 por hijo durante los meses de mayo, junio y julio.
La medida también recibió críticas por constituir un “doble subsidio al sector privado”, ya que el Gobierno financiará tanto la oferta (con los aportes estatales a instituciones educativas de gestión privada) como la demanda (por medio del programa en cuestión), en un contexto en el que –además– decidió quitar el financiamiento del Estado Nacional para sostener la Educación en las Provincias.
Adoctrinamiento bueno y adoctrinamiento malo
En su reciente alocución durante el Foro Internacional de las Américas, el Presidente Milei planteó que la educación pública “ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente”, profundizando la diatriba que había comenzado en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación. El discurso, de contenido agresivo pero con tono jocoso, apuntó contra la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA por enseñar más a Marx que a Von Mises.
Algo similar ocurrió cuando participó de un acto por el inicio del calendario escolar en el Colegio Cardenal Copello: escoltado por su hermana Karina y los abanderados de la institución, disparó con munición gruesa criticando a los líderes internacionales por “zurditos”, contra los políticos por “inmorales” y hasta se animó a sostener que aquellos que apoyaron la ley del aborto son “asesinos de pañuelo verde”.
Estas declaraciones serían graves en cualquier contexto, pero dichas ante un auditorio repleto de estudiantes secundarios resultan escandalizantes y causan estupor. Más aún cuando el centro de sus críticas contra el sistema educativo se basa en un supuesto “adoctrinamiento” profesado durante el kirchnerismo. Si el Presidente eligió volver al Colegio donde estudió cuatro décadas atrás para hablar con los estudiantes, debería haberlo hecho con más respeto y altura, evitando referirse a cuestiones ideológicas y políticas que nada tienen que ver con una institución educativa en donde debe primar el pluralismo democrático. En este caso, Milei también “adoctrinó” a los jóvenes del Copello.
La mala educación
En conclusión, tras más de 100 días de Gobierno de Milei, podemos decir que el programa educativo libertario está empantanado a nivel parlamentario, fuertemente condicionado a nivel legal y deshilachado desde el punto de vista programático. Las buenas intenciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, encuentran permanentes obstáculos dentro del propio Ministerio de Capital Humano, chocan de lleno con la motosierra y la licuadora del ministro Caputo y no alcanzan a permear la sesgada visión anti educativa del presidente Milei.
El rechazo en sede judicial del apartado del DNU que declara la educación como servicio esencial, las críticas unánimes de las Provincias al recorte del FONID y la creciente y sostenida conflictividad con los docentes son demostrativos del fracaso de la política educativa del Gobierno. No vamos a salir del laberinto en que se encuentra la Educación en Argentina demoliendo sus cimientos.
La profunda desigualdad del sistema educativo, el déficit de aprendizajes y la deserción escolar reinantes requieren mucho más que un subsidio para los alumnos de privadas y una colección de insultos y descalificaciones del Presidente a la Educación en general.
Publicado en El Auditor el 27 de marzo de 2024.
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