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Política 03 05 2021

La justicia suspendió el DNU que declaró esencial las telecomunicaciones










La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo dio lugar a un recurso de Telecom contra el control de precios de las telecomunicaciones y otras disposiciones de regulación de servicios "esenciales". La medida alcanza solo al grupo Telecom (que incluye Cablevisión) pero pone a todos en guardia. Se anuncia apelación del ENACOM ante la Corte. 

La decisión fue tomada por los jueces Luis María Marquez y José Luis López Castineira, en tanto que la magistrada María Claudia Caputi votó en disidencia. El fallo tendrá un plazo de seis meses.

El origen legal es el DNU 690 que en 2020 declaró esenciales a todos los servicios de telecomunicaciones (antes lo era solo el básico de telefonía fija) y a continuación el ente regulador ENACOM congeló precios y luego pasó a autorizar aumentos periódicos. Además impuso la obligación de una Prestación Básica Universal (PBU) Obligatoria (entre otras cosas Internet de baja capacidad con precio máximo).

El fallo argumenta en contra de esas obligaciones, la de precios controlados y la de la PBU con alcance para Telecom. La empresa Claro rediría igual tratamiento.

Esta decisión presenta dos cuestiones. Una es la no justificación de precios regulados en un mercado en competencia. Si bien no cabe un control en ese tipo de mercado, podría argüirse una situación de emergencia de orden general que respalde los controles como sucede o ha sucedido en otros sectores, siempre que fuera de carácter transitorio y basado en un plan anti-inflacionario o políticas de equilibrio fiscal. Sobre este punto existen distintas opiniones de especialistas.  Lo objetado de fondo es el carácter "esencial" como justificación del control de precios.

En cuanto a la cuestión de la PBU el fallo parece impecable. Señala que existe un Fondo para el Servicio Universal (1% de la facturación del sector, que incluye todos los servicios, cable, Internet, telefonía fija y celular, etc.) y que cualquier servicio para sectores de menores recursos o con dificultad para el acceso debería financiarse con ese Fondo y no con cargo a ventas de bajo precio de calidad mínima de las compañías prestadoras.

Esta decisión judicial restablece la potestad de los operadores de cable y telecomunicaciones para que puedan fijar sus condiciones de comercialización.