La reciente sanción de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y
Recomposición del Salario Docente a manos del Congreso Nacional constituye, en la
coyuntura actual, un nuevo hito en la defensa del sistema universitario argentino. Al
mismo tiempo, la amenaza del veto presidencial -equivalente al dispuesto en 2024-
expone las tensiones existentes entre el ordenamiento de las cuentas públicas y la
preservación de la educación superior como política estratégica de desarrollo.
La norma tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento
universitario a través de la actualización del valor real del presupuesto de las
universidades nacionales, la recomposición salarial y el aumento de las becas. Según
la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación implicaría un costo fiscal de $1,96
billones en 2025, equivalentes a 0,23% del PIB. Se trata de un esfuerzo relevante,
aunque no desmesurado en comparación con otros rubros del gasto público afrontados
por el gobierno nacional.
Para contextualizar la situación es importante señalar, en primer lugar, que desde la
sanción de la Ley de Financiamiento Educativo en 2005, el financiamiento universitario
proveniente del sector público nacional mostró una tendencia creciente hasta alcanzar
un máximo de 0,84% del PIB en 2017. Desde entonces comenzó un sendero
descendente que lo posicionó en 0,72% del PIB en 2023 y en 0,57% en 2024. Los datos
del presupuesto vigente para 2025 (que fue prorrogado del ejercicio anterior sin contar
con la aprobación del parlamento por segundo año consecutivo) señalan una proyección
equivalente a 0,50% para 2025, de mantenerse los créditos actuales que no contemplan
la recomposición dispuesta por la mencionada Ley. Dicho en otras palabras, en los
últimos 8 años el esfuerzo relativo del Estado para financiar a las universidades
nacionales se habrá reducido en una proporción equivalente al 40% del máximo
observado en 2017, retrotrayendo el nivel de inversión al de hace dos décadas.
El retroceso mencionado implica, en la práctica, una disminución sostenida de la
inversión en infraestructura edilicia y tecnológica, salarios docentes crecientemente
rezagados y un deterioro progresivo en la calidad de los servicios que las universidades
prestan a la comunidad. Los hospitales universitarios, que cumplen una función esencial
en la atención médica y al mismo tiempo en la formación de profesionales de la salud,
enfrentan crecientes dificultades para sostener insumos básicos y equipos. De igual
modo, los programas de extensión, que acercan conocimiento y asistencia a
comunidades en todo el país, ven restringida su capacidad de acción, con lo cual se
limita uno de los principales puentes entre la universidad y la sociedad. A ello se suma
la insuficiencia de las becas estudiantiles que, reducidas en su cobertura real, restringen
las oportunidades de los sectores de menores ingresos para completar sus estudios,
debilitando el papel de la universidad como motor de movilidad social y equidad
territorial.
Buena parte de la mencionada contracción fue absorbida por los salarios universitarios
que sufrieron un deterioro significativo en comparación con la inflación y con otros
sectores que fueron ajustados en menor magnitud. Tomando como punto de partida el
comienzo de la gestión actual de gobierno, se observa una pérdida de poder adquisitivo
de los salarios de UUNN cercana al 30% hasta el mes de junio de 2025. Dicho ajuste
más que duplica al de los trabajadores del sector público en general (que se deterioró
14,4% en el mismo período) y es 50 veces más fuerte que el del sector privado
registrado, donde los incrementos salariales, en promedio presentan un rezago de 0,5%
real en ese lapso. En este escenario, la docencia y la investigación universitarias se
transforman en actividades crecientemente desalentadas, erosionando los incentivos
para sostener un desempeño académico de calidad.
La situación se vuelve más preocupante cuando se analizan los datos de ejecución
presupuestaria de los últimos años. Por encima de la caída interanual real promedio de
25% experimentada en 2024, los créditos asignados vigentes para el ejercicio actual
suponen un retroceso adicional de 8,5% durante 2025.
Al desagregar las partidas que conforman el financiamiento del sistema se observa una
contracción mayor de sus funciones más estratégicas. El fortalecimiento de la ciencia y
la técnica, los proyectos especiales y el desarrollo de institutos tecnológicos de
formación profesional sufrieron recortes de entre 70% y 80% en términos reales durante
2024. También las actividades de extensión universitaria, que son clave para sostener
el vínculo entre las casas de estudio y la sociedad, acumularon un ajuste de magnitud
similar. Estas reducciones comprometen directamente la capacidad de las
universidades para producir conocimiento, innovar tecnológicamente y desplegar su
acción social en los territorios.
La asistencia financiera para el funcionamiento universitario, que incluye insumos
básicos y servicios, se sostuvo en 2024 en respuesta a los reclamos que incluyeron una
multitudinaria marcha en defensa de las universidades, pero se desplomó en 2025 con
una caída real del 31,2%. En contraposición, se destaca la actividad presupuestaria
destinada a hospitales universitarios, con aumentos dispuestos para hacer frente al
encarecimiento de los insumos médicos y otros; además de proyectos y acciones
enmarcados como “Acciones Universitarias para el Desarrollo Nacional y Regional
(FUNDAR)” que se orientan al desarrollo territorial, productivo y social en distintas
regiones del país y presentan un incremento significativo en el año en curso, aunque su
participación relativa en el total es poco significativa.
El país necesita diversificar su matriz productiva y generar capacidades de innovación
que permitan retomar la senda del crecimiento económico y apuntalar un proceso de
desarrollo sostenible. Un gobierno nacional que pondere la importancia de formar capital
humano y retener talentos no puede desentenderse de la inversión educativa. Es central
orientar las reasignaciones y mejorar los impactos sosteniendo la inversión estratégica
en la educación superior.
La universidad argentina cumple funciones que ningún otro actor social está en
condiciones de reemplazar. Forma capital humano altamente calificado en una escala
masiva, produce conocimiento científico y tecnológico de calidad reconocida
internacionalmente, y al mismo tiempo brinda servicios esenciales que llegan a toda la
sociedad, como la atención en hospitales universitarios o los programas de extensión
en territorios vulnerables, entre muchos otros. Un eventual veto presidencial a la nueva
ley sancionada significaría, por lo tanto, no solo un golpe financiero sino también un
retroceso simbólico. En lugar de intentar clausurar el debate con un veto, es posible
intentar un pacto sostenible que combine dos objetivos: asegurar mecanismos de
financiamiento previsible y sostenido, al mismo tiempo que se dispongan las reformas
necesarias para superar los desafíos persistentes del sistema.
Está en juego el lugar que ocupan el conocimiento, la ciencia y la formación universitaria
en un país que busca salir de sus crisis recurrentes, consolidando sus cuentas fiscales,
pero sin hipotecar su futuro. El sistema universitario nacional sigue siendo una
herramienta clave de movilidad social y progreso científico. La verdadera discusión
debería girar en torno a cómo construir un pacto sostenible que combine disciplina fiscal
con inversión en educación superior y ciencia. En esa conjunción se juega la posibilidad
de un desarrollo duradero e inclusivo.
