La Fundación Alem, “think tank” de formulación de políticas públicas de la Unión Cívica Radical, se pronunció sobre la maniobra del gobierno llevada adelante esta semana con la suspensión y reposición de las retenciones al agro.
En ese sentido, los expertos del partido radical emitieron un comunicado con el título: “Expectativas incumplidas, golpe a los productores, debilitamiento del Estado”.
En términos generales plantearon que:
- La eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones de granos, presentada como alivio al sector agroindustrial, se agotó en solo tres días. Fue una operación demagógica, electoralista, sospechosa y genera otra frustración para la producción agroindustrial.
- El beneficio quedó concentrado en pocas grandes exportadoras, que aseguraron márgenes extraordinarios, mientras los productores quedaron excluidos.
- El costo fiscal para el Estado se estima entre 1.400 y 1.800 millones de dólares, sin impacto positivo en rentabilidad productiva ni en cuentas públicas. Recordamos: entre otras cuestiones se desfinancian la universidad pública, el Garrahan, las políticas de discapacidad, la obra pública y la investigación científica mientras se produjo una brutal transferencia de ingresos a sectores muy poderosos.
- La falta de controles y previsión permitió que las empresas declararan operaciones sin límites claros, consumiendo el cupo de manera veloz y desigual.
- El episodio refleja improvisación y favorecimiento a intereses concentrados, debilitando la confianza en las instituciones, el desarrollo económico y la planificación de políticas económicas serias, equitativas y sostenibles.
Profundizando este resumen, los radicales analizaron:
“La eliminación de las retenciones por una ventana de tiempo a las exportaciones de granos, anunciada como un gesto hacia el sector agropecuario, se convirtió en uno de los episodios más contradictorios y escandalosos de la política económica reciente. En tan solo tres días, el cupo establecido de 7.000 millones de dólares se agotó por completo, dejando un sabor a defraudación entre los productores y generando un considerable costo fiscal para el Estado.
Lejos de representar una mejora real para el conjunto del sector agroindustrial, la medida derivó en un beneficio altamente concentrado en un reducido grupo de grandes exportadoras. Estas empresas lograron inscribir operaciones multimillonarias y asegurarse márgenes extraordinarios. Los productores —quienes esperaban obtener al menos una porción del alivio prometido— quedaron excluidos del beneficio. Lo que se presentó como una política de alivio general se convirtió en otro acto de mayor imprevisibilidad e incertidumbre para el sector productivo. Terminó funcionando como un subsidio selectivo para unos pocos y muy poderosos actores del mercado.
El impacto económico es contundente: entre 1.400 y 1.800 millones de dólares que el Estado dejará de recaudar. Estos recursos no se traducirán en mayor rentabilidad para los productores ni en una mejora de las cuentas públicas, sino en ganancias extraordinarias para unas pocas compañías.
La medida también puso en evidencia la falta de previsión y cuidado en su implementación. Se permitió que las empresas declararan operaciones sin límites específicos ni exigencias para acreditar la tenencia efectiva de granos. Esta ausencia de controles facilitó que, en cuestión de horas, se consumiera todo el cupo disponible, cerrando la ventana de oportunidad antes de que la mayoría del sector agropecuario pudiera reaccionar. Si bien la medida estuvo vigente durante tres días, a media tarde del último día se había concretado un 60% y en menos de dos horas se completó el 40% restante. El resultado fue negativo dos veces: productores defraudados y un Estado debilitado fiscalmente.
El episodio constituye otra señal de cómo la improvisación y el sesgo hacia intereses concentrados terminan generando políticas regresivas. Una vez más, detrás de los grandes anuncios suele esconderse un cálculo político o financiero de corto plazo, incapaz de ofrecer soluciones genuinas y sostenibles para los desafíos del país.
Reafirmamos nuestro compromiso con una política económica seria, equitativa, responsable, previsible. Que consolide el equilibrio fiscal, que priorice la producción argentina, que valore la previsibilidad, que potencie la mejora de la productividad a través de la innovación y proteja tanto a los productores como al interés público. Lo ocurrido con la efímera eliminación de las retenciones no constituyó un verdadero alivio al campo: fue una defraudación que debilitó la confianza en las instituciones y los anuncios gubernamentales y profundizó el desencanto de quienes dedican su esfuerzo a trabajar en este sector tan pujante, dinámico y que puede ser uno de los ejes sobre los cuales se puede impulsar el desarrollo nacional.
Argentina necesita políticas públicas que fortalezcan la producción, la innovación, el aumento de la productividad y la competitividad, y que contribuyan a generar trabajo, bienestar y desarrollo.”
