En el Brasil de las pos-elecciones, el duelo de un país entero parece haberse sentado a la mesa con nosotros. Es esa mesa de siempre donde mis amigos y yo intentamos descifrar lo que pasa; esa sensación extraña e incómoda de que algo muy raro está ocurriendo, aunque todavía no sepamos bien qué ni cómo.
Bruna mide cada palabra. Habla despacio, casi con cautela, como si quisiera proteger la certeza de lo que piensa. Mira al futuro con preocupación y verdadera incertidumbre, pero sin resignarse a perder el control sobre su propia vida. Rafael habla desde la sospecha y la frustración más profunda: siente que algo vital se quebró entre la gente y el poder, que las instituciones simplemente ya no encajan. Gustavo en cambio, lo aterrizan en el bolsillo y en la calle: le preocupa el deterioro del Estado, las tramas para emprender y la dificultad diaria para prosperar.
Los cuatro pisamos el mismo suelo, los cuatro miramos la misma pantalla. Y, sin embargo, da la sensación de que vivimos en Brasiles completamente distintos.
Quizás esa sea la mejor forma de entender el Brasil de hoy. No como esa típica caricatura dividida entre izquierda y derecha o entre Lula y Bolsonaro, sino como una sociedad que está cuestionándolo todo al mismo tiempo, buscando saber: qué es la democracia, quién manda de verdad y hasta dónde llega el límite del poder.
Es la misma conversación que llega a todas las mesas y así, poco a poco, vamos quitando capas. Lo que al principio parecían discusiones sueltas en redes sociales —peleas por la familia Bolsonaro, ataques o defensas al STF, la figura de Alexandre de Moraes, acusaciones de persecución y dudas sobre las urnas— termina encajando como un rompecabezas. Nada de eso ocurre de forma aislada; todo responden a lo mismo: un quiebre profundo y silencioso en la confianza de la gente con las instituciones.
Muchas de estas cosas comenzaron con la judicialización de la política brasileña. No es simplemente un aumento del protagonismo judicial, sino una transformación del papel del Supremo Tribunal Federal. Durante años el STF fue percibido principalmente como árbitro constitucional. Sin embargo, desde la segunda mitad de la década pasada comenzó a ocupar espacios cada vez más centrales en la resolución de conflictos políticos. Sus defensores sostienen que ello fue necesario para proteger el orden constitucional, contener intentos de desestabilización y preservar la democracia frente a amenazas reales. Sus críticos afirman que el tribunal asumió competencias que deberían corresponder al Congreso, al Ministerio Público o al Ejecutivo, concentrando una influencia política excepcional. Lo curioso es que ambos grupos parten de un mismo hecho: el STF se convirtió en uno de los actores más poderosos de la vida pública brasileña. La diferencia está en si esa expansión debe interpretarse como una defensa de la democracia o como un síntoma de desequilibrio institucional.
Casos concretos, como el “Inquérito das Fake News”, las decisiones cautelares sobre contenidos digitales o el caso Crusoé, dan lugar a una pregunta que debe estar en toda reflexión sobre lo que está sucediendo: ¿puede una institución preservar la confianza pública cuando simultáneamente actúa como árbitro y como actor relevante en los conflictos que debe juzgar? Esa pregunta no es exclusiva de Brasil. Es una cuestión clásica en la teoría democrática moderna. Sin embargo, en Brasil ha adquirido una intensidad particular porque la polarización política multiplica cualquier sospecha sobre la imparcialidad de las instituciones.
Por otra parte, la división brasileña no puede reducirse a una pugna entre lulismo y bolsonarismo. Debajo de esa superficie existe una disputa mucho más profunda. Para unos, la democracia significa principalmente protección institucional, derechos, inclusión y defensa del orden constitucional. Para otros, significa soberanía popular, libertad de expresión y límites estrictos al poder estatal. Para unos, el principal riesgo está en los movimientos políticos que cuestionan las instituciones. Para otros, el principal riesgo está en instituciones que acumulan demasiado poder. Ambos afirman defender la democracia. Ambos creen actuar para salvarla. Y precisamente por eso el conflicto resulta tan intenso.
En una democracia normal los ciudadanos discuten impuestos, educación, empleo o políticas públicas. En este Brasil que habitamos —y que nos habita—, una parte significativa de la sociedad está atrapada en una discusión mucho más profunda y fundamental: quién tiene legitimidad para definir las reglas del juego. Cuando una nación alcanza ese punto, la polarización deja de ser un fenómeno electoral y se convierte en una disputa por el significado mismo del sistema político.
Ese problema aparece con claridad al examinar la cuestión electoral. Tratemos de evitar dos errores peligrosos. El primero es afirmar que, porque hubo elecciones, no puede existir ninguna duda legítima. El segundo, en afirmar que, porque existen dudas, necesariamente hubo fraude. Ninguna de esas posiciones resiste un análisis serio, pero la sensación de que una de esas cosas ocurrió es difícil deshacerla cuando la agenda social la tiene presente en todo momento.
Hasta ahora no han aparecido pruebas concluyentes de un fraude masivo capaz de alterar el resultado presidencial. Sin embargo, también la desconfianza de una parte de la población no puede despacharse simplemente como ignorancia o conspiracionismo. Las dudas tienen menos relación con aspectos tecnológicos que con la confianza en quienes administran el proceso, es una de las ideas más críticas que debemos tomar en cuenta. Cuando alguien dice que no confía en las urnas, muchas veces lo que realmente está diciendo es que no confía en las instituciones que supervisan las urnas.
En Venezuela, aprendimos dolorosamente que la confianza institucional puede erosionarse mucho antes de que aparezcan pruebas definitivas de deterioro democrático. Lo que primero se debilita no son necesariamente las normas, sino la credibilidad de quienes las aplican. Ese fenómeno es visible también en Brasil, aunque con características muy distintas.
Bruna, Rafael y Gustavo aportaron perspectivas que enriquecieron enormemente este análisis. Bruna representó una posición que podríamos llamar institucionalmente resiliente. No transmite entusiasmo desbordado, no parece vivir una confianza ciega en el sistema. Sin embargo, mantiene la convicción de que posee capacidad de construir su futuro. Esa percepción es crucial. La esperanza democrática no consiste en creer que las instituciones son perfectas, sino en creer que todavía permiten desarrollar proyectos de vida.
Rafael, por el contrario, expresa una inquietud mucho más profunda. Su discurso está atravesado por la sensación de que ocurrieron acontecimientos difíciles de explicar, por la percepción de anomalías y por una creciente desconfianza hacia el sistema político y judicial. Sus argumentos no constituyen evidencia de fraude. Pero sí constituyen evidencia de algo igualmente importante: la existencia de una parte de la sociedad que percibe una fractura entre los resultados institucionales y sus propias expectativas sobre cómo deberían funcionar esas instituciones.
Gustavo introduce otro elemento fundamental: la preocupación económica. Sus observaciones no se centran exclusivamente en el STF o en el proceso electoral. Giran alrededor del gasto público, la deuda, los incentivos económicos y la capacidad del país para generar prosperidad; y es que detrás de las grandes discusiones institucionales existen ciudadanos preocupados por cuestiones concretas: empleo, vivienda, canasta alimentaria, inflación, impuestos, inversión y estabilidad, entre otros elementos que hacen parte de lo que somos en cada país.
Los testimonios de Bruna, Rafael y Gustavo muestran algo fascinante. Los tres hablan sobre Brasil, pero en realidad describen dimensiones distintas de la experiencia nacional. Bruna habla del futuro. Rafael habla de la confianza. Luis habla de la sostenibilidad. Juntos ofrecen una fotografía mucho más completa que cualquier encuesta.
Como venezolano observando Brasil, me surgen inevitablemente ciertas resonancias emocionales. Existen señales que un venezolano detecta con rapidez porque forman parte de su memoria histórica. La creciente judicialización de la política, las acusaciones cruzadas de autoritarismo, la percepción de que los árbitros institucionales se convierten en protagonistas. La erosión de la confianza pública y la tendencia a presentar al adversario político no como un competidor legítimo sino como una amenaza existencial.
Brasil no es Venezuela. Y esta fue probablemente una de las conclusiones más importantes de toda nuestra conversación.
Brasil mantiene una pluralidad política efectiva. La oposición conserva espacios reales de poder, los gobernadores poseen autonomía significativa, el Congreso mantiene capacidad de negociación y confrontación, la prensa crítica opera abiertamente, las elecciones siguen produciendo alternancia política. Todo ello marca diferencias profundas con el proceso venezolano, allí, el poder terminó concentrándose progresivamente en torno a una sola figura y a un mismo proyecto de dominación. Los ciudadanos continúan votando, pero se fue instalando la certeza de que el verdadero desafío ya no consiste en participar en las elecciones, sino en lograr que una eventual victoria opositora pueda ejercer plenamente el mandato recibido en las urnas.
La analogía más útil no consiste en afirmar que Brasil se dirige hacia el mismo destino de Venezuela, es reconocer que algunos mecanismos psicológicos y políticos pueden parecerse. La desconfianza institucional, por ejemplo. La creciente dificultad para alcanzar consensos básicos, la tendencia a interpretar cada decisión pública como parte de una conspiración mayor y el desplazamiento del debate desde las políticas públicas hacia la legitimidad de las instituciones.
Al mismo tiempo, Brasil posee características que dificultan una deriva semejante. Su tamaño continental, la fortaleza relativa de sus estados federados, la complejidad de su sistema político y la pluralidad de centros de poder generan contrapesos importantes.
La mayor contradicción del Brasil contemporáneo quizá sea la distancia entre el Brasil imaginado y el Brasil real. El Brasil imaginado es la potencia emergente que nunca termina de emerger, el gigante sudamericano destinado a liderar la región, lla nación del futuro que lleva décadas prometiendo un despegue definitivo. El Brasil real, en cambio, aparece frecuentemente atrapado en ciclos de polarización, burocracia, desigualdad, corrupcion, inseguridad institucional y expectativas incumplidas.
Esa contradicción alimenta un sentimiento de estancamiento que apareció repetidamente a lo largo de nuestra conversación. No se trata necesariamente de una crisis económica terminal ni de un colapso político inminente. Es algo más sutil. Es la percepción de que el país avanza sin realizar plenamente su potencial.
Y quizá ahí reside el verdadero estado emocional de una parte importante de la sociedad brasileña. No el odio, no la euforia ni el entusiasmo revolucionario. Sino una mezcla de cansancio, incertidumbre y esperanza contenida.
El riesgo más evidente no es necesariamente un colapso institucional, es la normalización de la desconfianza. Cuando generaciones enteras dejan de creer que las reglas son neutrales, la política se transforma en un conflicto permanente por la legitimidad de los árbitros. Y una democracia puede sobrevivir a gobiernos malos, crisis económicas e incluso escándalos de corrupción, pero le resulta mucho más difícil sobrevivir a la pérdida generalizada de confianza. Porque una nación no se sostiene solamente sobre sus leyes ni sobre sus instituciones. También se sostiene sobre una creencia compartida; la de que, pese a todas las diferencias, existe un marco común dentro del cual es posible competir, disentir y construir un futuro. Brasil aún conserva ese marco, sin embargo, la pregunta es cuánto tiempo podrá conservarlo si continúa profundizándose la distancia entre los distintos Brasiles que hoy coexisten dentro de un mismo país.
El autor agradece las conversaciones, observaciones y reflexiones compartidas por, Rafael Vinicius, y Bruna Weirich, cuyos aportes contribuyeron a enriquecer el análisis desarrollado en este artículo.
Por José León Toro Mejías. Profesor, poeta y escritor. Autor de La Migración en América: retos, oportunidades y testimonios, fundador de la Organización de Apoyo al Migrante Arepa Viva y referente en la lucha por la dignidad de migrantes y refugiados.








