La derecha y la izquierda compiten por la victoria en Colombia bajo la sombra de EE. UU.

Los colombianos votarán para elegir un nuevo presidente el 31 de mayo, finalizando una polarizada campaña marcada por divergentes opiniones sobre el gobierno de izquierda saliente. De los 11 candidatos que compiten es poco probable que alguien consiga el 50 por ciento de los votos necesarios para ganar en primera vuelta, pero tres tienen posibilidades reales de pasar a la segunda vuelta que se celebrará el 21 de junio. Las encuestas preelectorales muestran que Iván Cepeda, senador de izquierda del partido gobernante Pacto Histórico, obtendría entre el 33 y el 45 por ciento de los votos. El abogado de extrema derecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y la senadora de derecha Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, compiten por el segundo puesto. Los candidatos de centro, entre ellos el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo y la exsenadora y exalcaldesa de Bogotá Claudia López, obtienen menos del 6 por ciento en las encuestas. 

Cepeda, defensor desde hace mucho tiempo de las negociaciones de paz en Colombia, cuenta con un amplio apoyo de la izquierda y se ha comprometido a profundizar las reformas sociales y económicas del presidente saliente Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda elegido en la Colombia moderna. La derecha llega a las elecciones dividida. Valencia, cuyo partido está liderado por el expresidente Álvaro Uribe, ha tratado de construir una coalición basada en el miedo a un posible cambio radical, incorporando a sectores del establishment político tradicional, al tiempo que busca acercarse a los electores urbanos más liberales al elegir a Juan Daniel Oviedo, un político centrista abiertamente gay, como su compañero de fórmula. En la campaña también ha destacado la importancia histórica de elegir por primera vez a una mujer como presidenta de Colombia. 

Por su parte, de la Espriella se ha presentado como un outsider ultraconservador. Un abogado y empresario que afirma estar decidido a romper el dominio de las élites políticas colombianas, promete promover los “valores familiares tradicionales”, al tiempo que ha atraído críticas por lo que muchos consideran es un trato degradante hacia las mujeres. De la Espriella se ha inspirado en Nayib Bukele, de El Salvador, y en Javier Milei, de Argentina, para su política económica y de seguridad, y ha obtenido el apoyo de algunos partidos de derecha más pequeños. El Movimiento de Salvación Nacional, fundado por el difunto político conservador Álvaro Gómez, asesinado por la guerrilla en 1995, se ha convertido en uno de sus principales impulsores, llegando incluso a modificar su logotipo para incorporar el tigre, símbolo de campaña de de la Espriella.

Para los votantes, la economía, la corrupción, la salud y la inseguridad son las principales preocupaciones. Muchos electores apoyan los esfuerzos del gobierno en favor de los sectores más pobres de la sociedad (como se explica más adelante). Sin embargo, aunque la confianza en las instituciones estatales y en los funcionarios del gobierno ha sido escasa durante mucho tiempo en Colombia, los escándalos de corrupción que involucran a altos cargos del gobierno han dañado aún más la percepción del sector público. Al mismo tiempo, el sistema de salud se enfrenta a una profunda crisis financiera y a una deuda creciente, lo que ha provocado la escasez de tratamientos y medicamentos esenciales. Mientras tanto, una década después de la firma de un histórico acuerdo de paz para desmovilizar a la que fuese la mayor insurgencia de izquierda del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la inseguridad ha vuelto a alcanzar niveles alarmantes en algunas zonas. Aunque el resurgimiento de la violencia comenzó bajo la administración anterior, la política insignia de Petro de “paz total”, que buscaba el diálogo con todos los grupos armados y criminales restantes, ha tenido dificultades para revertir las tendencias. Estas organizaciones se han expandido tanto en tamaño como en alcance territorial. En 2025, contaban con unos 27 000 miembros, unos 5000 más que el año anterior. Muchos grupos ilegales han reforzado su control sobre las comunidades locales mediante la extorsión, el reclutamiento y el secuestro. 

La violencia política ha empañado la campaña desde sus inicios: el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay recibió un disparo durante un concentración a plena luz del día en Bogotá en junio de 2025, y falleció posteriormente. Cepeda, de la Espriella y Valencia han denunciado amenazas de muerte contra ellos. Los grupos armados también parecen decididos a sembrar el miedo en regiones críticas antes de las elecciones, presuntamente amenazando a las comunidades con el fin de influir en el voto. Una organización local de observación electoral alertó recientemente que 386 municipios, algo más de un tercio del total del país, se enfrentan a una posible violencia política, incluyendo restricciones a la movilidad, amenazas a la libertad de prensa y ataques contra líderes sociales y políticos. 

Petro fue elegido, cinco años después de la firma del acuerdo de paz de 2016, tras una oleada de protestas que develaron un descontento popular que había sido eclipsado por medio siglo de conflicto armado con las antiguas FARC. Estas reivindicaciones estallaron en 2021, cuando las manifestaciones a nivel nacional contra el statu quo paralizaron el país durante varias semanas. Los motivos principales de las protestas fueron sociales y económicos: el país es uno de los más desiguales del mundo. Según el PNUD, un colombiano perteneciente al 10 por ciento más pobre de la población tardaría 10 generaciones en alcanzar un nivel de ingresos medios. Petro, quien llegó a su cargo apenas un año después de las protestas, puso la política social en el centro de sus planes de gobierno. Al final de su mandato, Colombia ha logrado avances notables en este ámbito, entre ellos una reducción del 23 por ciento de la pobreza multidimensional y la tasa de desempleo más baja desde 2001. En enero, su administración aumentó el salario mínimo en un 23 por ciento, el mayor incremento de este siglo, mientras que la reforma laboral del año pasado estableció mejores remuneraciones para los turnos de noche, los días festivos y los fines de semana. El gasto público en educación aumentó aproximadamente un 44 por ciento entre 2022 y 2026. 

La redistribución no se ha limitado a mejores salarios y servicios sociales. En consonancia con el objetivo del acuerdo de paz de mejorar el acceso a la tierra, el gobierno de Petro adquirió 700 000 hectáreas y distribuyó 280 000 de ellas. Se titularon alrededor de 1,8 millones de parcelas, lo que proporcionó a los agricultores mayor seguridad financiera y una vía para acceder al crédito formal. Su administración también creó veinte nuevas Zonas de Reserva Campesina, un sistema de propiedad colectiva de la tierra para pequeños agricultores. Los índices de aprobación de Petro, que rondan el 46 por ciento, hicieron que su partido, el Pacto Histórico, obtuviera la mayor representación de diputados en las elecciones al Congreso celebradas en marzo.

En contraste, los detractores de Petro pintan su presidencia como un panorama catastrófico. Sostienen que su mandato se ha visto plagado de cambios en el gabinete, escándalos, corrupción y reformas imprudentes que han sumido al país en una crisis fiscal, que lo ha llevado a tener una deuda neta que ronda el 58 por ciento del PIB, su nivel más alto en dos décadas. Le acusan de llevar el sistema de salud al borde del colapso, así como de dañar los fuertes lazos que el país había forjado con EE. UU. y de presidir un recrudecimiento de la violencia armada. Como resultado, según los opositores de Petro, el próximo gobierno se verá obligado a tomar decisiones difíciles para frenar la creciente inflación y reducir el riesgo de incumplir con la deuda. A la comunidad empresarial le preocupa que, bajo otro gobierno de izquierda, el Banco Central (al que la administración de Petro ha acusado de favorecer a los acreedores y tenedores de bonos frente a los ciudadanos) pierda su independencia a la hora de decidir sobre la política monetaria, lo que podría allanar el camino hacia una inflación galopante. 

La posible convocatoria a una Asamblea Constituyente es un punto especialmente conflictivo. Un comité de ciudadanos respaldado por Petro y el Pacto Histórico se ha comprometido a recoger cinco millones de firmas para presionar al Congreso a que convoque una Asamblea Constituyente para reescribir la Constitución de 1991, ampliamente considerada como un hito democrático en la historia del país. Ese documento fue un esfuerzo por dar voz y asegurar la representación de grupos sociales y políticos marginalizados durante mucho tiempo, así como por reforzar la capacidad del Estado para responder a la violencia política y del narcotráfico. Petro afirma que quiere añadir nuevos capítulos sobre reformas sociales y la lucha contra la corrupción. Los candidatos de la oposición, entre ellos Valencia, de la Espriella, Fajardo y López, rechazan su plan. Cepeda no se ha pronunciado directamente, pero ha reiterado su llamamiento de larga data a un “acuerdo nacional” entre las diferentes fuerzas políticas con el objetivo de elaborar consensos básicos sobre cuestiones que van desde la paz y la seguridad hasta la salud pública, la política medioambiental, la soberanía energética, el desarrollo rural y la lucha contra las economías ilícitas. 

Los candidatos de la derecha han situado la inseguridad en el centro de sus campañas, culpando a las negociaciones de “paz total” de haber dado más poder a los grupos criminales. Tanto de la Espriella como Valencia han prometido desplegar más efectivos de seguridad, situando al ejército en el centro de una estrategia de mano dura. De la Espriella ha afirmado que ampliaría los despliegues tanto en zonas urbanas como rurales, mientras que Valencia ha prometido estacionar más tropas a lo largo de carreteras clave, incluidas aquellas en las que se han producido secuestros. Sin embargo, sus propuestas difieren en forma y fondo. De la Espriella ha prometido un “plan de choque” de 90 días que incluye bombardeos aéreos, erradicación forzada de la coca y ofensivas contra narcotraficantes y grupos armados, con el apoyo de EE. UU. e Israel. (Petro rompió relaciones y rescindió los contratos de defensa con este último a raíz de la guerra en Gaza). De la Espriella también ha propuesto construir diez megacárceles de máxima seguridad financiadas con fondos privados, inspiradas en la enorme prisión para presuntos miembros de pandillas construida por Nayib Bukele en El Salvador. Valencia, quien se muestra más cautelosa y respetuosa de las instituciones estatales existentes, se ha comprometido a resucitar las políticas de seguridad de su mentor político, el expresidente Uribe, a quien incluso ha sugerido que podría nombrar como ministro de Defensa (oferta que Uribe ha rechazado). Ha prometido un cambio de la “paz total” a la “seguridad total”. Sus propuestas incluyen aumentar el gasto en defensa, acelerar la confiscación de bienes, cortar las fuentes de ingresos del crimen y reforzar la cooperación con Washington. 

Por otra parte, los partidarios de Cepeda se esfuerzan por recordar a los votantes cómo los anteriores gobiernos de derecha, incluido el de Uribe, fueron responsables de abusos generalizados contra los derechos humanos, entre ellos los llamados “falsos positivos”, como se conoce el asesinato de al menos 6402 civiles inocentes a quienes varias unidades militares hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate. Para Cepeda y sus aliados, Colombia corre el riesgo de caer en manos de fuerzas políticas que estarían más que dispuestas a repetir algunos de los capítulos más oscuros de la historia de la nación. El mensaje tiene eco, a pesar de que la “paz total” de Petro es ampliamente impopular: una encuesta de febrero reveló que más de la mitad de los encuestados afirmaba que estas negociaciones les habían hecho sentir menos seguros. A pesar de ello, Cepeda ha prometido mantener el diálogo con los grupos armados y criminales como eje central de su estrategia. También ha prometido tomar más medidas para prevenir el reclutamiento de niños y jóvenes, que ha aumentado drásticamente en los últimos años. Cepeda podría ganar a pesar de la frustración pública con la “paz total”, lo que sugiere que, para muchos, las cuestiones sociales y económicas tienen más peso que la preocupación sobre el control de los grupos armados y criminales en zonas rurales del país. Sin entrar en detalles sobre cómo desplegaría las fuerzas de seguridad, Cepeda también ha prometido mantener y ampliar las generosas prestaciones salariales, sociales y de jubilación de Petro para la policía y el ejército.

Las próximas elecciones también podrían decidir el destino del acuerdo de paz de 2016, que este año cumple su décimo aniversario y cuya aplicación está prevista hasta 2031. De los principales candidatos, solo Cepeda le ha concedido especial importancia, afirmando que trataría de prorrogarlo hasta 2035. Tanto Valencia como de la Espriella se oponen a continuar con la implementación del acuerdo; de hecho, Valencia ha sido durante mucho tiempo una de sus críticas más duras. Durante su mandato como senadora, propuso disolver el Congreso después de que los legisladores ratificaran el acuerdo, que había sido rechazado por una ligera mayoría de votantes en un plebiscito que se llevó a cabo en 2016. De la Espriella considera que el acuerdo es una traición al resultado de ese mismo referendo. Sus principales críticas giran en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional creado para investigar y castigar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado. Mientras que Cepeda la mantendría, Valencia propone una reforma de gran alcance; de la Espriella la aboliría por completo. El futuro de la misión de la ONU para supervisar el acuerdo de paz también pende de un hilo, ya que Valencia ha sugerido que le gustaría eliminarla. Aunque es posible que al actual gobierno de Washington le complazca ver el fin del acuerdo de 2016, cualquier intento de incumplir su implementación corre el riesgo de desencadenar una disputa diplomática con la Unión Europea y sus Estados miembros, que han invertido mucho en el proceso de paz.

Una victoria de la derecha en las elecciones de Colombia situaría al país en sintonía con un giro ideológico generalizado en toda la región, que ya ha visto caer a gobiernos de izquierda en Bolivia, Chile y Honduras. Pero si Cepeda sale victorioso, Colombia no solo iría en contra de esa tendencia, sino que genera complicadas dudas sobre cómo respondería EE. UU. Hasta ahora, el respaldo de Trump ha sido, en general, una ventaja electoral, sobre todo en las elecciones legislativas de Argentina del pasado octubre y las elecciones presidenciales de Honduras en diciembre. Pero tras la operación estadounidense del 3 de enero para capturar al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas, la campaña para asfixiar a Cuba y doblegar al gobierno comunista de ese país, y un esfuerzo general para consolidar el dominio de EE. UU. sobre el hemisferio occidental, el resentimiento hacia Washington ha crecido. Algunas elecciones recientes no han salido como esperaba EE. UU.; los votantes de Ecuador, por ejemplo, rechazaron una propuesta para permitir bases militares extranjeras en noviembre de 2025. En otras regiones, la caída de Viktor Orbán en Hungría ofrece un ejemplo de lo contraproducente que puede resultar el apoyo de la administración Trump. 

La relación con Washington tiene un peso especial en Colombia, donde EE. UU. es el principal socio comercial, un potente inversor extranjero y el mayor aliado militar del país. Petro, que nunca se ha frenado a la hora de lanzar diatribas contra la injerencia imperialista y la interferencia extranjera, se ha visto expuesto a una intensa presión estadounidense durante el primer año de la presidencia de Trump, a medida que las disputas sobre la migración y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico se intensificaban repetidamente. Finalmente, EE. UU. impuso sanciones al presidente y a miembros de su familia y círculo más cercano en octubre de 2025 por supuestamente permitir que “florecieran los cárteles de la droga”. Aunque las tensiones se aliviaron en cierta medida tras la reunión entre Trump y Petro en la Casa Blanca en febrero, Bogotá sigue bajo escrutinio, sobre todo por los supuestos fracasos de su política antinarcóticos. Ambas partes han acordado perseguir la captura y extradición de alto nivel de determinados líderes de grupos armados, incluidos algunos que participan en las actuales conversaciones de paz.

Hasta ahora, Trump y los funcionarios estadounidenses se han abstenido de comentar directamente sobre las elecciones en Colombia, salvo para condenar las amenazas contra los candidatos presidenciales. Washington aún podría intentar influir en la contienda mediante mensajes públicos, amenazas o presión diplomática, sobre todo si se llega a una segunda vuelta, aunque el apoyo abierto a un candidato de derecha podría favorecer a Cepeda al avivar el resentimiento por la injerencia estadounidense. Aun así, está claro que Washington esperará que el próximo gobierno coopere en una serie de cuestiones, entre ellas la migración, el acceso a minerales críticos y la política de drogas. La Estrategia Nacional de Control de Drogas de 2026 de la administración Trump identifica a Colombia, junto con México, como una prioridad para reducir el cultivo de coca y desarticular las redes de cocaína. (Las preocupaciones de EE. UU., si no su estrategia antinarcóticos, son compartidas por muchos países europeos, que se han enfrentado a una creciente oleada de envíos de drogas en los últimos años). Independientemente de quién gane, Washington puede hacer valer sus relaciones institucionales y su apoyo financiero para promover sus intereses en los principales organismos judiciales y de seguridad de Colombia, entre ellos la Fiscalía General y el Ministerio de Defensa. Estas instituciones tienen fuertes incentivos para alinearse con sus homólogas estadounidenses, incluso cuando los gobiernos elegidos de ambos países no están de acuerdo.

Valencia y de la Espriella hacen eco de gran parte de la agenda estadounidense, sobre todo en materia de seguridad. Valencia ha sugerido que haya un “Plan Colombia 2.0”, en referencia al paquete de apoyo para seguridad de alrededor de 10 000 millones de dólares que comenzó en 1999, aunque algunos funcionarios estadounidenses, en privado, admiten que la posibilidad que esto ocurra es casi nula. Ella ha afirmado que su primer decreto ejecutivo reactivaría de inmediato todas las órdenes de detención contra los negociadores de grupos armados y criminales que fueron suspendidas para que pudieran participar en las conversaciones con el gobierno. De la Espriella ha subrayado su compromiso con la extradición. Ambos candidatos también podrían estar a favor de la inclusión de Colombia en la Coalición Anticarteles de las Américas, una alianza lanzada en marzo por un grupo de países alineados con Trump que se autodenomina “el Escudo de las Américas”. Cepeda ha replicado que las relaciones con EE. UU. son esenciales, pero que su gobierno no cumpliría automáticamente con las exigencias de Washington. 

El cambio de gobierno en Colombia también brindará la oportunidad de refrescar relaciones con los países vecinos, que han estado tensas. En los últimos meses, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha acusado a Colombia de complacencia con los grupos armados que operan a lo largo de la frontera común y ha impuesto aranceles de hasta el 100 por ciento. Colombia ha respondido a la ira de Ecuador con su propia retórica acalorada y ha subido aranceles, especialmente después de que se encontrara en territorio colombiano una bomba sin detonar del ejército ecuatoriano. Un cambio de gobierno podría crear el espacio necesario para el reajuste que piden muchas comunidades fronterizas, sobre todos aquellas que dependen del comercio y se han visto muy afectadas por los aranceles. Noboa ha dicho que podría trabajar tanto con Valencia como con de la Espriella. Sin embargo, las relaciones bajo una administración de Cepeda podrían tener dificultades para mejorar, dada la visión crítica de Noboa sobre la “paz total”. 

El nuevo presidente de Colombia también tendrá que reimaginarse la relación con Venezuela, tras años de tensiones entre Maduro y sus sucesivos homólogos colombianos y después de la intervención militar de EE. UU. en ese país. La presidenta interina Delcy Rodríguez recibió a Petro en Caracas en abril, y ambas partes se comprometieron a cooperar en materia de migración, energía y seguridad a lo largo de su frontera de 2200 km. Es probable que Cepeda continúe con este enfoque. Valencia, sin embargo, ha cultivado fuertes lazos con la oposición venezolana, en particular con la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien exige nuevas elecciones y el fin del régimen chavista. Su alineamiento con sectores de la oposición venezolana podría crear fricciones con Washington, cuya prioridad parece ser mantener la estabilidad. De la Espriella ha sugerido que, en lugar de interactuar directamente con Rodríguez, coordinaría la política hacia Venezuela con Washington.

Sea quien sea quien asuma el cargo en agosto, el nuevo presidente tendrá una variedad de retos, desde cómo gestionar la presión de EE. UU. hasta las persistentes demandas de muchos votantes de una distribución más justa de la riqueza y mejores servicios públicos. Para las comunidades que viven bajo el yugo de grupos armados y delictivos, las elecciones plantean una disyuntiva entre formas radicalmente diferentes de buscar la seguridad pública. Su esperanza es que, independientemente del resultado, el esfuerzo por proteger a la población civil no sea una cuestión secundaria para el nuevo gobierno.

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