María Oropeza transmitió en Instagram la irrupción ilegal en su domicilio que hicieron agentes de la dictadura para detenerla.
Es martes y el reloj marca alrededor de las 22 horas. En casa no piensan en la cena, no miran una serie ni charlan de lo que ocurrió durante el día. Hay temor: en la reja que da hacia la calle unos agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar preguntan por María Oropeza, abogada y coordinadora de Vente Venezuela —partido de Corina Machado— en el estado (provincia) de Portuguesa.
Ante la insistencia de Oropeza en preguntar si hay una orden de allanamiento, la respuesta son golpes y más golpes a la reja. Golpean una y otra vez. Oropeza, asustada, empieza a transmitir en vivo por Instagram. ¿A quién se puede pedir auxilio cuando son las propias autoridades las que te persiguen en tu casa, ese lugar que se supone es el más seguro que cada uno tiene?
Oropeza señala que no es ninguna delincuente, que es una persona común que solo quiere un cambio para el país. Desde fuera la ignoran. En algún lugar desconocido, en la cuenta X de Corina Machado, quien sigue en la clandestinidad, advierten a los vecinos, por si alguno puede ayudar. Pero no hay manera de dar una mano: los agentes rompen la cerradura, suben unos escalones y la transmisión por Instagram se corta de un momento a otro, cuando una mano tapa el celular y se escuchan unas voces que exigen “colaboración”.
Oropeza, desde entonces, está desaparecida. Los agentes de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar suelen no reportar a sus detenidos ante los tribunales. La Constitución de Venezuela establece que si en 48 horas una persona no es presentada ante un juez, debe ser inmediatamente liberada. Ellos, sin embargo, hacen lo que quieren. Se trata de uno de los cuerpos de seguridad más temidos, acusados en el Informe Bachelet y ante la Corte Penal Internacional por torturas y otros crímenes aberrantes.
“El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrán ser allanados, sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir, de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los tribunales”, se lee en el artículo 47 de la Constitución venezolana.
Los distintos cuerpos de inteligencia y contrainteligencia de la dictadura chavista parecen tener otros planes. De día, de noche, en Venezuela continúan las detenciones y desapariciones políticas. Van más de 1.100 desde el domingo 28 de julio, cuando Edmundo González, según las actas que mostró la oposición, venció ampliamente al dictador Nicolás Maduro, quien se autoproclamó sin que el Consejo Nacional Electoral, hasta ahora, dé ningún desglose de resultados.
