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Opinión 02 02 2021

La cara oscura de la vuelta a clases: una sorda batalla de opinión pública


Autor: Adolfo Stubrin









La pérdida casi completa de las clases presenciales de 2020 en todo el sistema educativo pesa sobre las espaldas del gobierno nacional, las provincias y las universidades pero lo hace en grados diversos. A partir de mediados del año pasado una sorda batalla de opinión pública viene siendo librada por los principales actores colectivos. La aparición de un movimiento de sociedad civil integrado por profesores (“Abramos las escuelas”), padres (“Padres organizados”) y en menor medida los propios alumnos y su repercusión, primero morosa y después más resonante en los grandes medios de comunicación, viene marcando el paso hacia el retorno a la presencialidad escolar que, sin embargo, esconde ambigüedades y agachadas varias que requieren cierta interpretación.
Los apremiantes dilemas de política educacional no están siendo resueltos de manera uniforme y concertada por las altas esferas del poder. El apoyo formal del presidente Fernández a la reanudación de las clases presenciales no alcanza. Al fin y al cabo el Ministro Trotta viene usando esa táctica desde mediados del año pasado sin haber mostrado en los hechos que tuviera algún compromiso firme con su discurso. Más bien al contrario, cuando se instituyó en el Consejo Federal el semáforo, que era un dispositivo de apertura con alertas selectivos, las semanas disponibles para la recuperación de contenidos se dejaron escapar como arena entre los dedos. Pocos fueron los distritos, encabezados por la CABA, que tomaron en serio las clases presenciales.
La polémica de estos días acerca de la esencialidad escolar muestra que la lógica del mensaje oficial tiene serias fallas. Trotta sostiene que es una falacia y la oposición le contesta que a confesión de parte, relevo de prueba (La Nación, 31-1-2021). El proyecto Austin de emergencia educacional y declaración de esencialidad de las clases presenciales duerme su sueño desde junio en la Cámara de Diputados. El oficialismo no dio el debate y obstaculizó su tratamiento como puede ocurrir ahora con un proyecto similar presentado por el senador fueguino Pablo Blanco. El asunto es justamente ese: determinar si el país puede desenvolverse sin las escuelas en funcionamiento o si la actividad cotidiana de los establecimientos es imprescindible para el funcionamiento de la vida social.
Como diría Raymond Chandler, en estos casos intrincados el detective tiene que seguir la pista del dinero. La Cámpora y el Movimiento Evita, las dos colaterales del gobierno encargadas del clientelismo político en los barrios populares recibirán 255.000 millones en el presente año por parte del Ministerio de Desarrollo Social, un 20 % más que en 2020; lo vienen ejecutando durante enero a un ritmo vertiginoso (Clarín 31-1-21, P. 6). Otras partidas también cuantiosas están disponibles en el Ministerio de Educación. Para eso se reunió Trotta con el dirigente oficialista Juan Grabois hace unos días. Allí, Trotta los endulzó diciendo que las organizaciones sociales son claves para ejecutar el programa “Acompañar”, creado en setiembre de 2020 (Infobae, 25-1-21). En este contexto, la impúdica instrumentación partidista de las escasas oportunidades de vacunación es la pieza que completa el puzle de la degradación.
“Acompañamiento”, “revinculación”, “continuidad pedagógica” son algunas de una familia de palabras que el oficialismo hizo surgir durante el 2020. En general no tienen otro significado operativo que menoscabar las funciones primordiales de las escuelas, hecho grave sobre todo en una emergencia como la que vivimos. Los tentáculos del oficialismo en los barrios, mal llamadas organizaciones sociales, no satisfechos con rentar militantes para aplicar vacunas, proveer alimentos y seudo empleos a las comunidades carecientes apuntan a lo mismo para decir que las ayudan dadivosamente con los niños frente al cierre de las escuelas. En la práctica, desconectar la red sistemática de las clases, edificios, maestros con sus horarios y funciones los habilita para montar en su lugar un simulacro que no enseñe, distraiga y manipule voluntades en un año electoral.

Hablar en profundidad sobre el desempeño de los gremios docentes en la Argentina demandaría demasiado espacio. Sin embargo, me atrevo a presentar una pregunta: ¿por qué sus dirigentes no defienden y reivindican la labor profesional de sus afiliados frente a las claras maniobras de sustituirlos? Bueno, en parte porque las conducciones son, en su mayoría, adictas al actual gobierno; en parte, también, porque son más activistas ideológicos que gremialistas genuinos. Pero, si estuvieran más atentos deberían advertir que los niveles salariales van a debilitarse este año y que el desvío de fondos hacia afuera del sistema escolar se hace en detrimento directo de sus ingresos. La protección de los docentes y la defensa de sus intereses les están pasando por el costado.
Mientras tanto, las contradicciones del gobierno son flagrantes: Trotta, ocupado de agradar al movimiento de opinión favorable a las clases dice que la presencialidad será la prioridad en 2021 mientras que el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, hablándole a los sindicalistas, promete que si no se frenan los contagios no se abrirán las escuelas. El sindicalismo docente de la CABA combatió la fecha de comienzo para el 17 de febrero a razón de cuatro horas todos los días (La Nación, 11-1-2021). Al final esa fecha, la más adelantada del país, quedó ratificada en una negociación en la que los gremios no dieron garantías de cumplimiento efectivo. La exigencia de la vacuna a los docentes como condición para el arranque de clases cae por su peso frente a la ineficiencia de la política oficial.
Pero, debajo de los anuncios de iniciación del ciclo lectivo presencial se esconden diferencias sustanciales, como la de aquellas provincias que, como Santa Fe, proponen jornadas de tres horas, una semana sí y una semana no, un híbrido que no conformará a tirios ni a troyanos. O, también, Buenos Aires la provincia clave para el despliegue electoral del ala dura del oficialismo. Allí, el SUTEBA, a través de la adjunta de Baradel, María Laura Torre, hace anuncios más precisos que el propio gobernador. Gracias al eufemismo de “regreso seguro”, SUTEBA informa que no habrá presencialidad masiva, se asistiría dos días por semana, complementados por otros dos días a distancia y el quinto día semanal para “seguimiento” sin presencialidad (Perfil, 28-1-2021).
De esa manera, el oficialismo bonaerense parece haber resuelto la cuadratura del círculo. El comienzo de clases está consentido por el gremio, para una presencialidad a medias y sujeta a protocolos sobre los cuales conserva su poder de veto. Por su parte, el aparato oficialista de activismo rentado tiene el espacio abierto para sumar a su portafolio la contención de los niños que las escuelas es probable que dejen a la deriva. El calendario escolar y el calendario electoral aparecen armonizados como por arte de magia. La próxima jugada queda en manos de la oposición que convoca para el 9 de febrero una jornada en todo el país de aulas abiertas para presionar a la efectiva llegada de las clases presenciales.
El desafío de Juntos por el Cambio no es menor porque deben compatibilizar su discurso con la CABA y las tres provincias que maneja la UCR. A la vez, deben evitar que la opinión pública se asuste frente al incremento de los contagios -lo mismo cabe espera de los docentes- y que opte por aplicar al asunto una dosis de coraje ciudadano. El oficialismo escabulle la discusión en el ámbito parlamentario, se refugia en el legítimo temor por el cuidado de su salud que a todos nos sensibiliza y, lo que es paradójico, se beneficia con su propia ineptitud al carecer a todas luces de una política sanitaria sensata y previsora. Frente a eso, la movilización opositora debe confluir con la opinión pública que le es favorable y dirigirse a crear conciencia con argumentos sólidos y evidencias palpables.
El comparado internacional y el pronunciamiento de los organismos internacionales más serios desmienten al gobierno sobre la necesidad de una cuarentena educacional tan larga. En definitiva, la prioridad a favor de las clases presenciales aparece asumida por todo el mundo. Sin embargo, entre nosotros, tiene que eludir todavía diversas trampas y amenazas. Una de ellas es la de exagerar la dicotomía y las opciones de hierro. Hasta los más partidarios de la apertura debemos reconocer que una válvula de seguridad debe accionarse cada vez que una rigurosa vigilancia epidemiológica así lo indique. El contenido de la vuelta a las aulas es, en estas circunstancias, mucho más que iniciar el ciclo lectivo.
Se trata de reconocer, también, las pérdidas de aprendizajes del 2020. El trance político educacional es de gobernabilidad democrática y de justicia social. La demanda ciudadana al gobierno debe ser que haya clases pero también que se generen en niños y jóvenes los aprendizajes previstos en el lineamiento curricular vigente. Con este enfoque los gobiernos, los docentes y los padres estamos en déficit desde hace tiempo. El bache que 2020 ya produjo va a agudizar la desigualdad educativa y nos obliga a todos a recuperar aprendizajes, escolarizar de nuevo a quienes abandonaron e intensificar esfuerzos para enseñar mejor. Todo ello sin la tentación de rebajar las exigencias o de alterar la evaluación para que el fracaso de los verdaderos responsables no se note.

Publicado en Visión Federal el 2 de febrero de 2021.