El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tardó casi 14 horas en pronunciarse oficialmente tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero de 2026, una reacción inusualmente cautelosa si se compara con la retórica explosiva que el Gobierno nicaragüense suele usar contra el país norteamericano. Sin embargo, después de la tardía reacción, los copresidentes activaron un estado de paranoia en todo el país, que se ha traducido en el arresto de al menos 60 ciudadanos y el recrudecimiento de la vigilancia policial.
Aparte de los comunicados oficiales, el primero fechado el 3 de enero pasado, cuando Trump derrocó a Maduro, la directriz nacional ha sido enfrentar la caída del líder chavista bajo la retórica que fue secuestrado y que la incursión de los militares a Venezuela constituyen una violación de la soberanía. Por el contrario, quienes han hecho eco o celebrado la caída de Maduro han sido víctimas de la represión sandinista.
En contraste, el régimen Ortega-Murillo optó por reforzar el control interno. Mientras el discurso oficial adoptó un tono moderado y sin confrontación directa, la dictadura sandinista desplegó vigilancia en barrios, instituciones públicas y redes sociales.
Fuentes vinculadas a instituciones estatales confirmaron a DIVERGENTES que Rosario Murillo instruyó a las estructuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) activar mecanismos de monitoreo para detectar publicaciones en redes sociales, comentarios, o expresiones que celebraran la detención de Maduro. Incluso, reportar a quienes no compartían ningún mensaje de la propaganda oficial del sandinismo, que está funcionando como una caja de resonancia del chavismo venezolano.
Propaganda sandinista se intensifica
Y es que, como parte de la estrategia de control interno, el régimen de Ortega y Murillo también intensificó la difusión de propaganda oficial en redes sociales. A trabajadores estatales, estudiantes universitarios y militantes del Frente Sandinista se les instruyó —confirmaron fuentes vinculadas al sector público— a compartir publicaciones que exigían la liberación inmediata de Maduro y denunciaban a Estados Unidos por “romper la paz regional”.
Una de las imágenes más difundidas mostraba las banderas de Nicaragua y Venezuela con el mensaje “Nicaragua demanda la liberación inmediata de Nicolás Maduro y el restablecimiento de la paz en la región”. Otra pieza gráfica, replicada en grupos sandinistas, advierte a los críticos que “reniegan de la vaca, pero bien que se toman la leche”, aludiendo a quienes cuestionan al Gobierno, pero se benefician de sus programas, que son pagados con los impuestos de los nicaragüenses a quienes reprimen y censuran.
Ambas piezas circularon desde cuentas vinculadas a la Red de Comunicadores, 19 Digital y estructuras del FSLN, como parte de una campaña de lealtad forzada y vigilancia ideológica.
60 arrestos arbitrarios denuncia Monitoreo Azul y Blanco
La tarde del viernes 9 de enero de 2026, el organismo Monitoreo Azul y Blanco, una red civil que monitorea violaciones a derechos humanos en Nicaragua desde 2018, reportó que 60 nicaragüenses fueron secuestrados por la Policía Nacional, tras la captura de Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos durante el operativo del 3 de enero, en Caracas.
Estos secuestros se dieron en Chontales, Matagalpa, Managua, Jinotega, Chinandega, Estelí, Granada, Masaya y las regiones del Caribe Norte y Sur, como parte de la escalada represiva y de vigilancia desatada por el régimen sandinista ante el agravamiento de la crisis venezolana.
“Estas detenciones, realizadas sin orden judicial y basadas únicamente en expresiones de opinión, constituyen una grave violación a los derechos humanos fundamentales”, denunció el Monitoreo Azul y Blanco.
“Todo lo que pongamos en redes será revisado”
Según las fuentes consultadas bajo anonimato por motivos de seguridad, se activaron “puestos de mando político” en los barrios e instituciones públicas, con el objetivo de recopilar información sobre los nicaragüenses que expresaran simpatía hacia Estados Unidos o compartieran opiniones críticas sobre Maduro. La vigilancia incluyó revisión de perfiles en redes sociales, grupos de mensajería y declaraciones públicas.
Una trabajadora de la alcaldía de Ciudad Sandino, bajo anonimato, relató que al personal de esa entidad les advirtieron que “publicar algo contra Maduro o en apoyo a lo que hizo Estados Unidos era traición al Frente (Sandinista). Dicen que todo lo que pongamos en redes será revisado”.
Un médico que labora en el Hospital Carlos Roberto Huembes de la Policía Nacional consultado por este medio, expresó que en los pasillos de ese centro de salud, nadie del personal, ni los pacientes, se refieren al tema de Venezuela.
“No es que nos hayan prohibido hablar del tema de Venezuela, pero todos sabemos que no podemos confiar en nadie, porque hacerlo significa correr el riesgo de que nos acusen por traidores a la patria por apoyar la caída de un régimen como el de Nicaragua”, expresó el especialista.
Una abogada que labora en la Dirección General de Ingresos (DGI), refirió que en esa entidad sí hubo órdenes directas de vigilar las redes sociales y conversaciones del personal que mostrara simpatía por la operación de Estados Unidos en Venezuela.
“La vigilancia de las redes sociales de la gente es permanente, pero ahora está estrictamente dirigida a quienes hablen sobre el tema de Venezuela y más por quienes celebren la captura de Maduro. Hay una orden de vigilarnos unos a otros”, dijo la fuente.
Entre la censura y el miedo para informarse
La fuente vinculada al hospital Carlos Roberto Huembes explicó que muchos trabajadores del sector salud y otros empleados públicos buscan información alternativa sobre Venezuela en medios internacionales y plataformas independientes en el exilio, debido a la falta de cobertura crítica en los canales oficiales.
Según esta fuente, las personas siguen de cerca los reportes sobre los cargos federales que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos, entre ellos narcotráfico, narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, que motivaron su traslado a Nueva York y su comparecencia ante un tribunal federal, donde se declaró no culpable. Esta información, omitida en la narrativa oficialista, circula ampliamente en redes sociales.
“Uno revisa las noticias internacionales en redes sociales, pero después hay que borrar todo porque hasta eso representa un riesgo. Sabemos que no podemos quedarnos solo con lo que dicen los medios del Gobierno. También para chatear tenemos activado que la conversación se borre en el menor tiempo posible”, relata la fuente.
Un monitoreo de medios de comunicación que todavía operan en Nicaragua y no son propiedad directa de los Ortega‑Murillo, reveló que tras la captura de Maduro, sus reportes noticiosos no han destacado de manera independiente el operativo en Venezuela, menos desarrollar una cobertura crítica al respecto, tal como ocurre con los medios oficialistas.
En los días siguientes a la detención, su trabajo informativo se ha limitado en gran medida a reproducir las reacciones del Gobierno sandinista o a retomar comunicados oficiales, sin profundizar en el contexto o implicaciones del hecho.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la narrativa oficialista en Nicaragua se centra en presentar la captura de Maduro como un “secuestro por Estados Unidos”, sin contextualizar las imputaciones penales ni los fundamentos legales que han impulsado la acción estadounidense.
La cautela internacional de los Ortega-Murillo
Mientras en las calles de Nicaragua el sandinismo desata su paranoia, a nivel internacional apela a la cautela. En el comunicado publicado el 3 de enero en el medio propagandístico 19 Digital, el régimen se limitó a decir que que acompañaba de “corazón el llamado de la vicepresidenta de Venezuela, compañera Delcy Rodríguez, a defender la verdad, la justicia y la vida, y a exigir la liberación inmediata del presidente, compañero Nicolás Maduro y de la compañera Cilia Flores”.
Pese a que Venezuela es su principal aliado político en la región, Nicaragua optó por una postura moderada y poco incisiva en su pronunciamiento oficial. El comunicado se limitó a calificar lo ocurrido como una “violación a la paz” y a pedir respeto a la soberanía, pero evitó mencionar directamente a Estados Unidos o calificar la operación como una agresión, a diferencia de otros aliados de Maduro como China y Rusia, que condenaron enérgicamente la captura, exigieron la liberación del gobernante venezolano y calificaron el hecho como una violación grave del derecho internacional.
En América Latina, Cuba, México, Brasil, Colombia y Chile también rechazaron la acción militar estadounidense por considerarla una amenaza a la soberanía regional, y lo hicieron en términos mucho más contundentes que el régimen Ortega-Murillo. El contraste evidencia un respaldo escueto y calculado por parte de Nicaragua, en un aparente intento por evitar confrontaciones abiertas con Estados Unidos.
Dos días más tarde luego del operativo, el pasado 5 de enero, Nicaragua llevó su posición ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El embajador Jaime Hermida reclamó la liberación inmediata de Maduro y reiteró la necesidad de respetar la soberanía de los Estados.
El mensaje apeló a los principios de no injerencia y autodeterminación, sin hacer referencia directa a los cargos de narcotráfico ni responsabilizar a Estados Unidos. Hermida insistió en que América Latina debe mantenerse como una “zona de paz”, sin aportar elementos propios, ni emitir una postura política autónoma.
Nicaragua como zona de tránsito del narcotráfico
Aunque Nicaragua no figura en la acusación vigente presentada en Nueva York contra Nicolás Maduro, sí aparece mencionada en los antecedentes del caso del Cartel de los Soles como parte de una ruta de tráfico de drogas entre Venezuela, Centroamérica y Estados Unidos. Uno de los episodios descritos por autoridades estadounidenses señala que la cocaína salía desde Venezuela, pasaba por Nicaragua y seguía hacia México antes de llegar a su destino final.
El documento judicial presentado por el Departamento de Justicia hace referencia general a “Centroamérica” como corredor estratégico, lo que deja abierta la posibilidad de que Nicaragua vuelva a ser señalada conforme avance el juicio. Aunque no hay imputación directa contra el régimen de Ortega y Murillo, analistas advierten que la debilidad institucional del país y su cercanía con Caracas lo han convertido en un punto clave del trasiego regional, según informes previos del Departamento de Estado.
Analistas y críticos al régimen han resaltado que la omisión de Nicaragua en la acusación actual no exime al régimen de Ortega del escrutinio internacional. Al contrario, refuerza el cálculo diplomático que ha guiado su respuesta al caso Maduro.
Una advertencia para Ortega y Murillo: verse en el espejo de Maduro
El senador Rick Scott afirmó en Fox News que la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos representa un punto de inflexión para América Latina y que podría desencadenar cambios políticos más amplios en la región.
Según Scott, el arresto de Maduro será el inicio de una transformación en Venezuela, que posteriormente se extenderá a países como Cuba y Nicaragua, y abrirá el camino a un nuevo liderazgo en Colombia. “La democracia está regresando a este hemisferio”, aseguró en su intervención en el programa, en la que vinculó la acción de la administración estadounidense con una perspectiva de expansión de la democracia en el continente.
“Lo que le preocupa ahorita a Ortega y Murillo no es tanto un ataque militar de Estados Unidos, sino la infiltración exitosa como sucedió en las filas del chavismo”, plantea Eliseo Núñez, analista político y exdiputado opositor desnacionalizado.
“La pareja ve la entrega de Maduro por parte de los hermanos Rodríguez a Estados Unidos como un espejo de su propio entorno. O sea, que si en Venezuela pudieron hacerlo, donde hay un Estado con más recursos que repartir, en Nicaragua con mucho menos puede ser fácil para Estados Unidos: quebrar la columna vertebral de sus cuerpos de seguridad. Es allí donde radica la paranoia que estamos viendo y, además, que el caso venezolano pueda incentivar a opositores a protestar en las calles con la esperanza de ser protegidos por la comunidad internacional”, añadió.
El abogado y analista Juan Diego Barberena ha planteado que la “Operación Resolución Absoluta” no sólo debilitó a la cúpula chavista, sino que obliga al orteguismo a enfrentar una realidad incómoda.
En su columna “El espejo de Maduro en el que se ven los Ortega‑Murillo”, publicada en este medio, Barberena observa que la detención del presidente venezolano “pone de relieve las erosiones y contradicciones internas” del poder autoritario, y tiene un carácter “ejemplarizante” para otros gobiernos similares en la región.
Barberena sostiene que la operación estadounidense revela vulnerabilidades profundas que también se encuentran en el proyecto político de Managua, desde la fragilidad institucional hasta las tensiones en torno a la sucesión de poder. En sus palabras, “Obligar a que los Ortega‑Murillo se vean en el espejo de Maduro, quien por no saber, ni quererse ir terminó preso” refleja tanto el temor interno como la necesidad de reconfigurar estrategias ante un escenario internacional cada vez más incierto.
Esa lectura cobra peso en un contexto donde el régimen nicaragüense busca evitar una confrontación directa con Estados Unidos en medio de una vulnerabilidad económica estructural. La caída de la inversión extranjera, la dependencia de remesas y el estancamiento del comercio regional colocan a Nicaragua en una posición delicada frente a posibles sanciones adicionales o presiones financieras desde Washington.
