La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecuta una cacería contra funcionarios y empresarios “privados” que han trabajado bajo su bendición y enriquecido sin límite durante todos estos años de “Gobierno”. El objetivo de esta persecución, según dos fuentes vinculadas a la dictadura sandinista, es controlar la fuga de dinero en las distintas instituciones públicas y los negocios “no autorizados”, que generan miles de dólares y no están bajo auditoría.
La decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de ejecutar acciones contundentes “para perseguir, procesar y castigar” cualquier forma de corrupción en Nicaragua, ha provocado miedo e incertidumbre entre altos funcionarios de las entidades públicas y los empresarios “privados” incluidos en la lista de contratistas del Estado de Nicaragua.
A pesar de que hasta ahora habían trabajado bajo el “beneplácito de la dictadura”, se sienten presionados porque los copresidentes ordenaron identificar, procesar y penalizar a cualquier infractor sin “ninguna consideración”.
A inicios de agosto, la codictadora Rosario Murillo dijo a los medios oficialistas que orientaría la creación de una Procuraduría General de Justicia (PGJ) para castigar firmemente, sin ninguna consideración, “el vicio evidente de los corruptos, de manera que todos estos actos sean implacablemente y cotidianamente perseguidos, identificados, procesados y penados”.
Al día siguiente, el 6 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura una reforma a la Constitución para crear la PGJ. Veinte días después, el pasado 26 de agosto, la misma Asamblea dio luz verde a la Ley Orgánica de este nuevo organismo|, “con el fin de erradicar la corrupción” en Nicaragua.
Nuevo remiendo a la Constitución OrMu
Este jueves 28 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional controlada por los diputados sandinistas y sus aliados colaboracionistas “zancudos” aprobaron de manera expedita y unánime una nueva reforma a la Constitución OrMu, con el fin de legalizar los mecanismos de persecución en contra de los funcionarios públicos que incurran en la denominada “corrupción no autorizada”.
La reforma modifica el primer párrafo del artículo 118 de la Constitución OrMu, para ampliar el control sobre los funcionarios públicos y refuerza la capacidad del régimen sandinista de sancionarlos bajo el supuesto argumento de “protección de los fondos públicos”.
Esta es la tercera vez en un mes que el régimen orteguista ordena reformar la Constitución OrMu, que no tiene siquiera el año de vigencia desde que fue ordenada por la pareja de codictadores.
Para dejar claro la poca seriedad con la que Ortega y Murillo tratan a la Constitución Política de Nicaragua, entre 1987 y 2020 fue reformada en nueve ocasiones. Desde año a la fecha de publicación de este reporte, ya ha sido reformada once veces, incluyendo la de este jueves.
“Las y los funcionarios públicos elegidos directa o indirectamente y los nombrados por la Presidencia de la República, deberán cumplir, preservar y defender los Principios Fundamentales de la Constitución Política y la correcta administración, conservación y rendición de cuentas de los fondos y bienes del Estado. El incumplimiento de esto es causal inmediata y suficiente para su remoción, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en las leyes de la materia”, establece el artículo reformado.
Murillo ha sido categórica en afirmar que el Estado nicaragüense, a través de su Procuraduría General de Justicia, no permitirá encubrir intereses ajenos a “nuestro pueblo” para cometer o seguir cometiendo “infames actos” de robo y saqueo del erario y los patrimonios del pueblo nicaragüense.
“Todo acto que vulnere nuestras leyes de probidad y atente contra los intereses supremos de la patria y el pueblo, será sancionado con las máximas penas establecidas en nuestros códigos”, aseguró Murillo antes de la aprobación de ambas ordenanzas.
La persecución contra la corrupción dentro del Estado tocó por primera vez los cimientos de una estructura hasta ahora estaba protegida por altos funcionarios de la dictadura y por el mismo círculo de hierro del régimen, según una fuente del Ministerio del Interior, que habló con DIVERGENTES bajo condición de anonimato.
De acuerdo a esta misma fuente, la declaración de cacería de Murillo ha provocado temor porque todo enfila a frenar negocios de operadores del sandinismo que no son del agrado de la codictadora, y han ganado millones de córdobas en negocios que hoy no están autorizados por la familia Ortega-Murillo.
“Hay una obsesión por recuperar el control de cualquier actividad económica que se ejecute en el país y por ende de evitar desvío de fondos de empresarios o funcionarios que no son importantes para los Ortega y Murillo. Van a cuidar el dinero, sin importar quién esté de frente”, afirmó la fuente del Mint.
Bayardo Arce Castaño, el primer “pez gordo” en caer
Bayardo Arce Castaño, asesor presidencial en Asuntos Económicos del régimen sandinista, fue el primer gran funcionario del régimen orteguista visitado por la Procuraduría General de Justicia, bajo el supuesto de irregularidades en transacciones relacionadas con bienes, propiedades y sociedades que podrían afectar el patrimonio nacional.
La Procuraduría, según una nota de prensa divulgada el 30 de julio, conoció de operaciones realizadas por oficinas vinculadas a Arce Castaño, y su asistente Ricardo Bonilla, quien figuraba como operador de dichas transacciones.
Aunque se le pidió al otrora miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista en la década de los años 80 que presentara la documentación correspondiente y respondiera a las indagaciones patrimoniales requeridas, este se limitó a afirmar que los bienes le pertenecían, sin ofrecer mayores elementos de prueba.
Nadie está a salvo, sin importar su tradición sandinista
Actualmente Bayardo Arce continúa encarcelado, aunque no ha sido acusado formalmente. Junto al todavía-no ha sido retirado de su cargo- asesor en asuntos económicos, también se investigan a 14 de sus colaboradores por evasión fiscal, dentro de los cuales se encuentran empleados y empresarios privados allegados al acusado.
La caída de Arce marcó un parteaguas en la “lucha contra la corrupción” impulsada por el régimen sandinista, explicó la fuente del Mint a DIVERGENTES.
Primero, porque es un alto funcionario de la dictadura “cazado” por “cometer delitos de evasión fiscal”, y segundo, porque define que en esta persecución, va a caer quién sea, sin importar el rango o la cercanía con el poder.
Sin embargo, antes de la caída de Arce Castaño, el régimen venía implementado esta caería aunque en contra de funcionarios de menor rango, siempre por desvío de fondos de instituciones del Estado. En aquel momento, a mediados de 2023, los empresarios privados que tienen negocios con altos funcionarios del Gobierno sandinista, no se sentían amenazados.
Sanciones y cierre de cooperación desataron la cacería
No obstante, según la misma fuente consultada por este medio de comunicación, el cierre de la cooperación internacional y la cancelación de préstamos importantes, provocó que se comenzara a cuidar cada centavo gastado en el Estado. Además, impulsó una vigilancia permanente en altos funcionarios y sus allegados, para determinar si estaban desviando fondos sin autorización.
“El Gobierno perdió muchas fuentes de financiamiento, y desde arriba notaron, según los informes de las mismas instituciones, que se estaba gastando en exceso. Comenzaron a realizar auditorías y entonces se quitaron la venda de los ojos. Todo esto impulsó el control de toda actividad económica que se ejecutara en el país, pública y privada, sin importar quiénes eran”, explicó una fuente vinculada a la red de operadores del régimen sandinista que habló con DIVERGENTES bajo condición de anonimato.
Según esta fuente, las auditorías empezaron a finales de 2023 en las 153 alcaldías del país. La unidad investigadora para esta primera fase estaba conformada por funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), Contraloría General de la República (CGR), la Policía Económica y personal del Ministerio del Interior (Mint).
Después de recibir los resultados de las investigaciones, el régimen destituyó a alcaldes, secretarios municipales y apresó a secretarios políticos por estar malversando fondos públicos. “Ratería de poca monta que no tenían peso dentro del partido”, explicó la fuente.
Sin embargo, las auditorías se extendieron a otras instituciones del Estado como el Minsa, el Ministerio de Transporte e Infraestructura y las universidades públicas.
Todavía a esas alturas los defenestrados eran funcionarios de un estrato bajo y medio en decadencia y que todavía eran “fieles al partido” (Frente Sandinista) por los beneficios que tenían dentro de las operaciones económicas del Estado. Los despidos, según los resultados de las investigaciones compartidos por la alta fuente vinculada al régimen sandinista, se ordenaron porque estos desviaron dinero del Estado a sus bolsillos.
“El resultado de las auditorías fue exitoso. Se libraron de la ratería. Pero los informes también expusieron a las altas esferas sandinistas. Ahí estaban funcionarios de muy alto nivel, y empresarios que estaban coludidos con ellos. Ahora los cañones están apuntando hacia ese lado”, señaló la fuente vinculada al régimen sandinista.
¿Testaferros o empresarios?
Armando aceptó hablar bajo condición de anonimato. Desde hace más de quince años es contratista del Estado de Nicaragua y mantiene vínculos con funcionarios que se encuentran dentro de la élite del sandinismo. Para este empresario, la captura de Bayardo Arce, representa la persecución de los mandamases de la dictadura en contra de sus propios aliados.
En esta entrevista vía telefónica, Armando detalló no solo las formas en cómo se hacen negocios dentro del Estado como contratista, sino los miedos que tienen los altos funcionarios que hoy sienten una cacería en su contra.
“El contratista que trabaja con el Gobierno sabe cómo se manejan las cosas en Nicaragua. Recibimos contratos, los ejecutamos y es un beneficio de doble vía con el contacto dentro de esa institución. Lo que quiero decirte es que hay una autorización para hacer el trabajo para el que nos contratan. Así ha sido siempre, hasta ahora que nos dijeron que estamos bajo la lupa de la PGR por trabajar como siempre lo hemos hecho”, explicó el empresario privado” a DIVERGENTES.
Las formas son sencillas. O al menos lo son para quiénes tienen gran cercanía con altos funcionarios de las distintas instituciones de Gobierno. A Armando le costó un par de años obtener buenos contratos. Antes de su primera gran obra, fue rechazado como contratista. Su oportunidad llegó cuando por medio de un colega tocó una puerta que se abrió y no se cerró hasta el último año.
A cambio de recibir buenos contratos tenía que entregar una coima. Es decir, compartir parte de su ganancia con ese alto funcionario que había logrado que le otorgaran la obra. Una forma de “agradecer” que se repite en todas las instituciones de Gobierno y que según la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, es ilegal.
Hasta este año, esa forma de trabajo no fue tachada de ilegal ante las autoridades del régimen sandinista, pese a que las leyes dicen lo contrario. Sin embargo, las auditorías realizadas en otras instituciones alertó a los empresarios que han hecho de esta práctica su forma de crecer económicamente.
“Les han montado auditoría a varios. Y ahí los tienen hasta donde no es, porque hay irregularidades. Irregularidades que siempre han existido, pero que antes no se revisaban. Ahora eso cambió”, expresó el contratista.
Según Armando, la situación entre los empresarios y altos funcionarios es de zozobra. No solo por las auditorías, sino por la caída en desgracia de uno de los asesores más poderosos de la dictadura sandinista que actualmente está detenido sin que hasta ahora se conozca su paradero.
“El mensaje es claro. Nadie es intocable. Es más importante centralizar el poder, el dinero y eliminar a los funcionarios que no están siguiendo sus normas y quieren imponer sus reglas. Es parte de esta misma dinámica de no tener a nadie que los contradiga”, manifestó la fuente vinculada al sandinismo que habló con DIVERGENTES.
