Aun cuando el asunto tiene escasas chances de escalar, la recurrente susceptibilidad entre la Argentina y Chile introdujo en los últimos días a la Antártida en la agenda internacional sensible, algo que no ocurría desde que se firmara el Tratado Antártico, hace 65 años.
El flamante potencial conflicto tiene origen en la iniciativa del gobierno argentino de trasladar a la órbita del Ministerio de Defensa las bases militares que, en virtud de una ley de 1969 y en cumplimiento de aquel Tratado, están bajo la administración de la Cancillería.
Además de haber provocado tensión entre los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, esa idea no pasó inadvertida en Chile, donde algunas autoridades sospechan que, de concretarse, el traspaso afectará “profundamente” el respeto de las responsabilidades argentinas en la Antártida y representará un incumplimiento de las obligaciones contraídas con la suscripción del Tratado, según publicó el diario chileno La Segunda a principios de este mes.
Consultados para esta nota, funcionarios del gobierno chileno respondieron que no hay de qué preocuparse, mientras fuentes de la Cancillería admitieron la existencia de cierto malestar, aunque probablemente más girado a la puja interna con Defensa.
Es comprensible el cuestionamiento al eventual traspaso: el Tratado Antártico establece que el continente blanco solo debe usarse con fines pacíficos y prohíbe toda actividad militar, incluidas pruebas de armamento, tanto convencional como nuclear. Impide además –por antieconómicas y muy dañinas para el ambiente– la exploración y la explotación de los abundantes recursos mineros (oro, carbón, uranio y petróleo, entre otros), por lo que la presencia permitida allí se limita a poco más que la observación científica.
Por lo demás, cualquier eventual incumplimiento de lo prescripto por el Tratado Antártico pondría al país en una situación incómoda ante la comunidad internacional, ya que fue precisamente la Argentina la que postuló el uso pacífico de esa región y la prohibición de realizar en ella toda actividad militar y nuclear (en este caso, no solo pruebas sino también el depósito de desechos).
El embajador Eduardo Porretti –diplomático de carrera, graduado y posgraduado en Ciencia Política y escritor– describe en un interesante trabajo reciente (https://cari.org.ar/views/releases/detail/?article_id=438) los pormenores de aquellas negociaciones, en las que los delegados del presidente Arturo Frondizi hicieron su propuesta a último momento y de modo inesperado para todas las contrapartes, y de cómo las convencieron para incorporarla al texto del Tratado.
El instrumento fue suscripto en diciembre de 1959, comenzó a regir en junio de 1961 y tiene vigencia indefinida. Lo firmaron en aquel momento 12 países –entre ellos, desde luego, la Argentina– y luego fueron incorporándose otros, hasta sumar actualmente 57.
El Tratado no solo aseguró el uso pacífico y el cuidado ambiental de la Antártida, sino que también despejó, al aplazarlos por tiempo ilimitado, los conflictos por motivos de soberanía.
El cuarto continente más grande –después de Asia, América y África– fue avistado por primera vez en 1603, pero el primer desembarco se produjo recién en 1895, por una expedición noruega. Desde entonces fueron instalándose allí unos pocos países interesados –la Argentina tiene presencia permanente en la Antártida desde febrero de 1904–, pero sin que hubiera un acuerdo definitivo sobre el reparto de su superficie.
De hecho, y aun cuando esas reivindicaciones están suspendidas por la vigencia del Tratado, siete países reclaman, total o parcialmente, sectores que están ocupados o son reclamados por otros. Uno de esos siete países es la Argentina, que reivindica soberanía sobre una determinada porción de la Antártida que coincide totalmente con la que reclama el Reino Unido y parcialmente con un sector que también reclama Chile.
La sanción del Tratado fue oportuna porque hasta entonces se habían registrado algunos incidentes entre tropas de países que sostienen diferendos de soberanía en la Antártida. Al menos dos de esos episodios involucraron a la Argentina. Uno, a comienzos de 1952, cuando soldados argentinos hicieron disparos de advertencia a marinos británicos en la bahía Esperanza y el Reino Unido respondió con el envío de un buque de guerra con infantes de marina. El otro, un año más tarde, cuando royal marines capturaron a dos marinos argentinos y destruyeron un refugio argentino y otro chileno. Esos incidentes no tuvieron mayores consecuencias.
Mucho más acá en el tiempo, a fin de mayo pasado se realizó en Kochi, India, la 46ta. Reunión Consultiva del Tratado Antártico, sin problemas bilaterales en la agenda. Y un mes antes, en Santiago, se celebró la quinta reunión de la Comisión Chile-Argentina en Materia Antártica, también sin novedades preocupantes.
Muy probablemente, el peso de la vigencia del Tratado Antártico y de su cumplimiento por parte de la comunidad internacional durante más de seis décadas conducirán a la Argentina y a Chile a convertir la actual perturbación en una olvidable anécdota. Pero deberán hacerlo de modo taxativo para que la Antártida vuelva a quedar fuera de la agenda sensible.
