El fin de la Pandemia, aún sin saber cuando llegará y cuantas víctimas tendremos que lamentar, encontrará a los argentinos en peores condiciones económico- sociales y, también, institucionales que a su inicio, hace casi un año y medio.
En efecto, según estimaciones recientes de la CEPAL en base a la información provista por las oficinas de estadísticas nacionales, Argentina encabeza la lista de países de América Latina que han incrementado – a pesar de las ayudas oficiales- los niveles de pobreza en el año 2020, triplicando el promedio de 3,2 puntos porcentuales de los 17 países de la región analizados.
Del mismo modo, un reciente estudio de la OCDE, que incluye 46 naciones de todo el mundo, muestra que Argentina es el único país para el que se estima necesario que pasen más de cinco años para recuperar los niveles de actividad económica previos a la Pandemia.
En el mismo sentido, de acuerdo a un trabajo del FMI publicado a fines de julio, nuestro país se ubica en el último puesto en el crecimiento proyectado para los años 2021 y 2022, sobre una muestra de 30 naciones del mundo. Así, nuestro país tendrá a finales del 2022 un nivel de actividad inferior al del año 2019, con un peor desempeño que el promedio de América Latina.
Por su parte, el prestigioso Instituto independiente V- Dem – basado en Suecia con soporte de universidades y académicos de todos los continentes que mide con regularidad grados y tipos de democracia en todo el mundo- diseñó un indicador que releva el deterioro de los estándares democráticos originados en las decisiones que tomaron los gobiernos para mitigar los efectos de la pandemia.
En este estudio, que abarca a 144 países, solo 13 países han tenido actitudes intachables y Argentina se ubica entre los países con conductas más reprochables, desde la perspectiva de la solvencia democrática, solo precedido por Sri Lanka.
Este sombrío panorama está acompañado por los miedos y las incertidumbres que la pandemia acentuó en nuestras conductas, tanto individuales como sociales.
La posibilidad de superación de las múltiples consecuencias negativas de la Pandemia recae en dos variables claves: el contexto internacional y el sistema político doméstico.
En relación al primer punto, el reelecto Secretario General de la ONU, aun antes de la Pandemia, había alertado sobre el “…mundo caótico, los débiles organismos multilaterales y la existencia de varios países donde el ejercicio de la soberanía atropella la vigencia de los derechos humanos…”, llamando la atención, de esta manera, sobre la necesidad de mejorar de manera sensible la gobernanza global sin retroceder en los progresos en la lucha contra la pobreza merced a los avances de los dos procesos que distinguen las últimas décadas: la globalización de los procesos económicos y la democratización de nuestras sociedades.
La otra variable crucial es contar con un sistema político capaz de proveer previsibilidad para abordar los nuevos desafíos que la pospandemia nos impondrá.
De ahí que, en esta hora, la principal responsabilidad de los gobiernos sea la de construir previsibilidad ya que “en economía la incertidumbre es, antes que el error, lo que produce efectos más duraderos y perniciosos” , cómo lo señaló el Dr. Julio Olivera, Rector de la UBA en la década de mayor reputación de la Universidad reformista.
La previsibilidad, en una sociedad siempre conflictiva pero que se pretende democrática, exige reglas de juego aceptadas, tanto por los ciudadanos como por los actores económicos, lo cual reclama instituciones densas y vigorosas.
Por otro lado, es sabido que la fortaleza de las instituciones es una causa determinante para explicar el progreso económico en las sociedades contemporáneas, y que esta condición es más relevante que la propia dotación de los recursos naturales.
Esa condicionalidad adquiere aún mayor importancia con las exigencias de preservar y potenciar la contribución del capital humano, un desafío decisivo en la pos pandemia En este plano, como lo revela el Informe de V-Dem, la calidad democrática se vio afectada por la voluntad gubernamental de alterar los equilibrios institucionales consagrados en la Constitución; por la renuencia oficial a una apropiada rendición de cuentas, y por la acentuada opacidad en los actos de la Administración.
Un ejemplo basta para ilustrar ese deterioro en el funcionamiento armónico de las instituciones de la República: además de las 10 emergencias declaradas por el Congreso apenas asumida la nueva administración, en 18 meses de gobierno del presidente Alberto Fernández se han dictado más DNU que en los ocho años de gestión de Cristina Fernández de Kirchner y, también, que en los cuatro años de Mauricio Macri. Más aún, el presidente Fernández dictó más DNU que leyes sancionadas por el Congreso en el mismo periodo.
En suma, se impone un cambio de rumbo que, al tiempo que reconozca las consecuencias de las políticas públicas diseñadas en base a las encuestas de ocasión -cuyos efectos negativos se cuentan en vidas malogradas, dolores y sufrimientos evitables y perjuicios económicos innecesarios- sea capaz de poner distancia del manual de procedimientos de los gobiernos de raigambre populista de todas las latitudes ideológicas y en todos los continentes: descreer del saber científico, subestimar las enseñanzas de las mejores prácticas internacionales y descartar las virtudes de los modos de gobierno cooperativos.
Publicado en Clarín el 12 de agosto de 2021.
Link https://www.clarin.com/opinion/instituciones-fuertes-condicion-progreso-social_0_1RY6GjoGr.html
