La irrupción de la pandemia significó un cambio rotundo en la vida cotidiana de las personas en el mundo entero. En materia tecnológica y digital, fue –sin lugar a dudas– el agente catalizador de un proceso que había comenzado tiempo atrás, pero que a partir del COVID-19 aceleró su marcha y profundizó su inserción en todos los niveles. Las comunicaciones, el comercio, la medicina, la educación, el arte y la cultura se vieron afectados en un proceso que incorporó las herramientas tecnológicas y la digitalización a las viejas formas de hacer, consumir y compartir. La administración pública no fue ajena a este fenómeno, y pasado un tiempo considerable desde aquel momento es importante preguntarnos: ¿cómo se puede innovar y utilizar la tecnología para modernizar y hacer más eficiente el Estado?
Este es uno de los ejes centrales de la tarea desarrollada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España. Carme Artigas Brugal es la encargada de conducir esta Secretaría que, a paso firme y decidido, marca un pulso acelerado para el cambio tecnológico del país ibérico. En su paso por la conferencia de cierre del IV Congreso del Instituto Complutense de Ciencias de la Administración, realizado la semana pasada en Madrid, trazó un panorama de la realidad de España en el sector, dejando en claro que la apuesta del país por la transformación digital pesa fuerte en la agenda pública, con una clara visión de futuro.
La Agenda España Digital 2026 es la hoja de ruta de este proceso de transformación que fue lanzada a mediados de este año y que busca aprovechar al máximo las nuevas tecnologías para alcanzar un desarrollo económico sostenible, beneficiando a toda la ciudadanía española. Consta de cincuenta medidas concretas en torno a diez ejes estratégicos que van desde cuestiones vinculadas al desarrollo de infraestructura y tecnologías –como la conectividad, la incorporación del 5G, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y el uso del Big Data–, a otros asuntos como la transformación digital de la administración pública, las empresas y el sector privado y áreas estratégicas como agroalimentos, salud, movilidad, turismo y comercio, hasta aspectos vinculados a las personas como la reducción de las brechas digitales de la ciudadanía fortaleciendo sus capacidades y competencias a través de la educación y la formación continua, así como también la implementación de la Carta de Derechos Digitales que busca garantizar los derechos en esta materia para todos los ciudadanos en general, en particular los laborales, de consumidores, ciudadanía y empresas.
En su intervención, Carme Artigas Brugal planteó que el desafío al que se enfrentan es cambiar todo un país: desde la modernización de pymes e industrias, a la formación de las profesiones del futuro, hasta el desarrollo de competencias digitales de la ciudadanía.
Pero, aclara, nada de eso podría hacerse si no se moderniza primero la administración. Por eso su estrategia tiene como pilar fundamental la transformación del sector público, buscando mejorar la eficacia y la eficiencia a través de la digitalización de áreas clave, la formación de los recursos humanos y la renovación de las herramientas tecnológicas disponibles. A través del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas buscan lograr que el 50% de los servicios públicos estén disponibles en una app para el año 2025, simplificando la relación de las personas físicas y privadas con el Estado Nacional y las Comunidades Autónomas. Inclusive se plantean poner a disposición de los desarrolladores de software los datos abiertos de la administración pública, para conseguir mejorar la vida de los ciudadanos con más innovación y soluciones tecnológicas que aprovechen la información pública.
Otra dimensión importante en materia de innovación pública es el desarrollo de capacidades y tecnologías a nivel local, para lo cual estas acciones también se despliegan en el ámbito de las Comunidades Autónomas y Municipios. Experiencias exitosas como la automatización del Ministerio de Justicia permitieron reducir tiempos y esfuerzo para la tramitación de expedientes, además del ahorro económico y el impacto positivo en materia medioambiental que esto implica. Como ejemplo de ello se mencionaba que el sólo hecho de no imprimir las notificaciones significó 28 millones de páginas menos. Esto permitió diseñar un modelo de gestión que se adapta a las realidades locales, impactando en áreas sensibles como el desarrollo social, sectores de atención ciudadana o relaciones con el contribuyente.
Sin embargo, son conscientes de que un desafío de esta magnitud debe superar grandes obstáculos: un 30% de la población española aún no tiene competencias digitales básicas, aún subsisten importantes brechas digitales en materia económica o de género y la mayoría de la gente de edad avanzada carece de formación, recursos y herramientas para subirse a la ola tecnológica. Con gran determinación y un plan estratégico que aprovecha la inyección de recursos de la Unión Europea para hacer cambios estructurales, la política de innovación española es la punta de lanza de la transformación digital en todo el continente. El futuro ya llegó, y España lo sabe.
Publicado en El Auditor el 6 de noviembre de 2022.
